Cuando hace dos años la Secretaría del Ambiente (Seam) se convirtió en Ministerio del Ambiente y Desarrollo Sostenible (Mades), mediante la Ley Nº 6123/18, este rango ministerial supuso para la ciudadanía la esperanza de que la cuestión ambiental en nuestro país tome por fin el camino de verdaderos cambios. Lamentablemente, esta institución, que en su portal institucional sostiene ser un ente con “parámetros de calidad ambiental”, que garantizaría la conservación de los recursos naturales para las generaciones presentes y futuras, a través de la gobernanza ambiental, es totalmente insensible a los intereses de resguardo y mejoramiento del patrimonio ecológico del país; no termina de salir de su modorra, dando vueltas sobre sí misma, buscando constantemente justificar su inoperancia.
Una muestra de la injustificada inacción del Mades hace referencia al reciente hecho criminal de la contaminación de la laguna Cerro, que, a propósito, muestra apenas la punta del iceberg de los grandes desastres ambientales que a gritos están emitiendo señales de socorro, a lo largo y ancho de la República. Entre ellos se puede citar –dentro del ámbito de los recursos hídricos– al emblemático lago Ypacaraí, que lleva décadas en estado de total abandono; el lago Ypoá, declarado Parque Nacional y Sitio Ramsar (que se refiere a los humedales) por Resolución Nº 728/95, fue recientemente motivo de denuncia por parte de pobladores de la compañía Caapucumí de Carapeguá: llamaron la atención de las autoridades, solicitando que la zona sea intervenida porque el pantanal –literalmente– ha desaparecido a causa de los cultivos de arroz de los distritos de Villeta y Alberdi. En igual situación se encuentra el arroyo Yhaguy, que movilizó a vecinos de Itacurubí de la Cordillera a fin de denunciar que está siendo contaminado por las fábricas que arrojan sus efluentes al cauce.
Como corolario de estas salvajadas ambientales, casi en simultáneo con el deplorable delito ecológico de la laguna Cerro, se halla la contaminación del arroyo San Lorenzo, debido a los efluentes de la matadería municipal, en flagrante violación de normativas ambientales. El intendente Alcibiades Quiñónez (ANR), como salida mediática a la situación, se limitó a decir que su administración pedirá un dictamen a los asesores jurídicos.
Conforme a lo antedicho, podría decirse que la cuestión hídrica en el país va tomando un curso a la deriva, pues la presencia de las autoridades es casi nula. Los delitos ambientales que se vienen perpetrando contra los intereses de la población no tenían que haber ocurrido, salvo casos de accidentes o fenómenos propios de la naturaleza. Pero los hechos referidos han sido ocasionados por actores inescrupulosos, para quienes el patrimonio natural supone una mercancía para el lucro. Precisamente para preservar los recursos naturales están las instituciones, pero ocurre que son ellas mismas las que propician estos atropellos, amparando a sus trasgresores o simplemente omitiendo el ejercicio de sus atribuciones.
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En el editorial del 11 de julio de 2020, titulado “El lago Ypacaraí continúa tan postergado como siempre”, recordábamos al ministro Ariel Oviedo que el Mades, en el ámbito de su competencia, debe ser el órgano que dirija todas las acciones relativas a la gestión ambiental dentro del territorio nacional. Además, de acuerdo con la Ley Nº 3239/07 “De los recursos hídricos del Paraguay”, debe encaminar las prácticas más idóneas, teniendo en cuenta que se trata de la “autoridad de aplicación”, es decir, el encargado de administrar la cosa pública en lo concerniente al cuidado de las condiciones ambientales.
Un hecho alentador que se viene registrando en los últimos tiempos ante la desidia de las autoridades en una cuestión tan crucial y delicada como la cuestión ambiental, es el creciente protagonismo de la ciudadanía, que viene asumiendo un rol de contralor, realizando denuncias en relación con los delitos contra el ambiente. Es de lamentar que los casos no son acompañados por las ineptas autoridades, quienes suelen actuar tardíamente o acompañar con tibieza, dejando que los infractores de las leyes ambientales queden impunes, según el modus operandi de dejar pasar el tiempo para que todo se diluya en un gran oparei. Por todo ello, la ciudadanía debe incrementar sus denuncias ante los atropellos al ambiente, exigiendo a las autoridades que lleven a término cada uno de los casos denunciados, a fin de que los autores de los delitos ambientales asuman su responsabilidad civil y penal.
El Mades debe cumplir con energía, decisión y persistencia su misión de cuidar y defender el patrimonio ecológico del país. De lo contrario, pasará a la historia como un monumento más a la inoperancia y la desidia institucional.