En la democracia, las instituciones son la garantía del respeto de los derechos consagrados en la Constitución y, a la vez, el límite al ejercicio abusivo de la autoridad. Cuanto más débiles sean esas instituciones, menos protección tendrán los ciudadanos ante grupos de poder que abusan de sus esquemas mafiosos y serviles. Esto es lo que sucede en el sistema judicial del Paraguay y, desde hace mucho tiempo, también en el Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados (JEM), órgano que se encarga de controlar la gestión de fiscales y jueces. Si este colegiado no actúa correctamente, jueces y fiscales harán lo que les parezca, cometiendo injusticias, sin posibilidad de ser sancionados.
Aunque la representación de la Cámara de Senadores deba recaer en un integrante de la misma, por lo tanto, un político, esto no significa que la persona no tenga que ser idónea para el cargo. Si bien esto parece algo lógico, no lo es cuando nos enfrentamos a la lógica del acomodo y la repartija de poder. El ejemplo lo encontramos en la designación del senador Javier Zacarías Irún (ANR, cartista) como miembro suplente del JEM.
El controversial político amasó una fortuna en poco más de diez años desde la función pública (diputado de 1993 a 1998, intendente del 2001 al 2007, y senador desde el 2018). Su primera declaración jurada ante la Contraloría General de la República fue en el año 2002, donde asentó activos por 1.095 millones de guaraníes. La última fue en el año 2007, donde se observa que su activo es de 2.570.800.000 guaraníes. Al jurar como senador, declaró, únicamente en inmuebles, la suma de 12.000 millones de guaraníes, una aeronave y 5.000 millones en efectivo. En seis años al frente de la intendencia de Ciudad del Este, su patrimonio creció en 124%.
Pagó una multa de más de mil millones de guaraníes a la Subsecretaría de Estado de Tributación por “desprolijidades” en su declaración de impuestos, a fin de evitar el sumario administrativo. Fue acusado por instigación de desvío de fondos de la comuna esteña, que fueron utilizados, según el Ministerio Público, en la campaña política propia y de su esposa Sandra McLeod. Pero tuvo la suerte que la jueza Cinthia Garcete Urunaga, de Ciudad del Este, donde construyó su feudo, anulara las pruebas que el Ministerio Público pretendía utilizar en el juicio oral. Igualmente, en lugar de exigir a los fiscales que precisen los hechos respecto del senador, directamente los consideró insuficientes, y desvinculó definitivamente al mismo. En pocas palabras, bloqueó toda posibilidad de que el caso sea debatido en un juicio oral y público, como indica la Constitución.
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Su esposa Sandra McLeod, exintendenta de Ciudad del Este, también está imputada, pero fue sobreseída provisionalmente, con lo cual la fiscalía tiene un año para solicitar la reapertura de la causa y realizar diligencias para luego acusar. Poco tiempo después, como premio, esta misma jueza fue sobreseída de cualquier investigación por el Jurado, sin que el Ministerio Público haya dicho nada.
En este escenario judicial, que afectó directamente a Javier Zacarías Irún y sigue involucrando a su cónyuge, el mismo asumirá nada menos que el rol de juzgador en el JEM. Y más allá de que se inhiba cuando se trate algo relacionado al proceso de McLeod, es sabido que el solo hecho de integrar el colegiado le permitiría influenciar indebidamente.
Las cualidades que debe tener un juez son la imparcialidad, competencia para el cargo y autonomía. Ninguna de estas reúne Javier Zacarías Irún. No es imparcial, ya que su esposa está procesada, y él mismo lo estuvo por mucho tiempo. No tiene competencia para cumplir la tarea de juzgador, pues a pesar de ser abogado, nunca se desempeñó en tareas jurisdiccionales. Mucho menos es autónomo, pues responde a su líder Horacio Cartes, quien a su vez tiene de hecho el control del Ministerio Público, por el sometimiento de la fiscala general, Sandra Quiñónez, que es de público conocimiento.
Pero todos estos condimentos eran conocidos ya el 5 de julio de 2018, cuando 25 senadores de los sectores del cartismo, de Añetete, y llanistas, lo eligieron como representante suplente de esa cámara ante el JEM. Es decir, el pacto del Presidente de la República con Horacio Cartes tenía, como uno de sus puntos, permitir a este último el copamiento de espacios claves en todo el Gobierno.
Lo que menos importa a estos líderes colorados es mejorar el sistema judicial, y tampoco obviamente, el órgano de control de jueces y fiscales. Al contrario, contribuyen a destruir aún más la deteriorada imagen y nula confianza que tiene el JEM.
El sistemático ataque a la institucionalidad de la República por parte de Mario Abdo Benítez y Horacio Cartes, con la pasividad cómplice de la oposición, tiene un objetivo claro: dominar esos espacios a voluntad, lo que implica, al mismo tiempo, seguir destruyendo una democracia de por sí ya débil para proteger al ciudadano común de los abusos de una justicia deplorable.
El desprecio que muestran los senadores hacia el sistema constitucional y también el Presidente de la República, por ser parte del pacto nefasto, es una ofensa para el pueblo paraguayo, que es víctima de grupos políticos, que se distribuyen cargos y privilegios como asaltantes que se reparten un botín.