Los niños y los indígenas suelen ser invocados por los políticos para congraciarse con los electores. En su discurso de asunción al cargo, uno de ellos, el expresidente Fernando Lugo, había prometido que esos dos sectores iban a merecer su “atención prioritaria”, pero después olvidó su promesa. Y así, todos los demás. Esto, con respecto a los menores en situación de calle, pero existe algo más atroz, y es la violencia, que incluye abusos sexuales que sufren los niños, también en sus hogares, involucrando a sus respectivos familiares. Y aún más, son utilizados hasta con fines políticos, como estamos viendo en los últimos días con las noticias que se difunden sobre el criminal Ejército del Pueblo Paraguayo (EPP).
Las cifras que proporcionan los organismos públicos son alarmantes. El Ministerio de la Defensa Pública informó que entre el 11 de marzo y el 17 de abril intervino en 214 casos de abusos en niños, niñas y adolescentes. Por su parte, el Ministerio de la Niñez y Adolescencia (Minna) dijo que intervino en 1.433 casos de enero a julio, a nivel país. Y algo aún más grave: los hechos similares han aumentado desde que se desató la pandemia, pues los niños quedan todos los días en sus casas, a merced de los depravados. No pueden concurrir ni a las escuelas, donde las maestras suelen recibir algunas denuncias o detectar por sí mismas los comportamientos anormales de los alumnos sometidos a abusos.
Un caso particularmente grave, que motivó en los últimos días el repudio ciudadano en las redes sociales, ocurrió con una niña de siete años que murió tras haber sido violada. El autor habría sido su propio padre y, según reveló la autopsia, ya fue víctima de ese atroz crimen en ocasiones anteriores, sin que nunca se haya formulado denuncia alguna al respecto. Llamativamente, la madre afirmó que la “hemorragia aguda digestiva baja” que sufrió la niña fue causada por una caída que sufrió mientras jugaba. Suele ocurrir que las madres, en vez de ser las primeras denunciantes, pretenden esconder las gravísimas situaciones, sea por las amenazas de represalia o por no querer perder a sus parejas. Tras este horrendo hecho, los progenitores están detenidos, en tanto que la Defensoría de la Niñez y la Adolescencia se apresuró a rescatar de la misma casa a tres hermanas menores de edad.
Todo esto sin hablar de la explotación sexual lisa y llana, sobre la que los organismos oficiales recibieron 55 denuncias. Estas cifras están muy lejos de reflejar la dimensión de un drama cotidiano que persiste pese a la legislación penal y a los organismos creados para proteger a los menores. Para peor, el abuso sexual suele ser silenciado por quienes deberían conocerlo, ya que, en el 70% de los casos, el autor integra el entorno familiar. Así, el pederasta reitera el delito, amparado por el mutismo de quien incumple su deber de cuidado.
Felizmente, también hay madres que no cierran la boca: ellas presentaron 112 de las 610 denuncias de maltrato y abuso sexual que el Minna registró solo en abril de este año. Con todo, urge una seria campaña de concienciación para que aquellas progenitoras inconscientes sepan que están delinquiendo cuando protegen al autor de los graves daños corporales y psíquicos que conlleva una violación. También es preciso que los vecinos refieran a los órganos competentes los indicios ciertos que tengan de que ha sido perpetrada en algún lugar. En este control social, tan importante para prevenir y castigar un crimen tan repugnante, cabe a los docentes el papel de instruir con delicadeza a sus alumnos acerca del recato que un adulto debería observar frente a ellos y el de dar cuenta, acaso a sus propias madres o a otra persona de su confianza, del comportamiento anómalo que hayan advertido en ellos.
En efecto, muchas víctimas sufren hoy entre las paredes que comparten con quienes las vejan, mientras quienes deberían auxiliarlas desvían la mirada. En su actual versión, el art. 135 del Código Penal castiga el abuso sexual en niños con cuatro a 15 años de cárcel, siendo la pena mínima de 10 años cuando el hecho fue cometido con un hijo biológico, adoptivo o hijastro, o con un niño cuya educación, tutela o guarda estaba a cargo del autor; si se consumó la relación sexual, la pena no debe ser inferior a quince años de prisión, en tanto que si la víctima tiene menos de diez años, la pena mínima es de veinte años. Esta disposición rige desde diciembre de 2017, pero debido a la proliferación y la gravedad de los delitos registrados en esta materia, un legislador propuso inclusive la castración química de los violadores de niños, iniciativa que no prosperó debido a que era “inaplicable por los acuerdos internacionales firmados por Paraguay”.
En verdad, la pena hoy vigente debería bastar tanto para proteger a la colectividad del pederasta que atenta contra su vástago como para desalentar a quien desea seguir sus pasos. La cuestión es que tanto el Poder Judicial como la Fiscalía de la Niñez y la Adolescencia hagan sentir con rapidez todo el peso de la ley. Por las características de este hecho punible, la pesquisa debe contar con la responsable cooperación ciudadana. Si nadie permanece indiferente ante un ataque tan grave a la dignidad humana y los órganos estatales actúan con la diligencia debida, será posible salvar a muchos indefensos de los depravados que están en sus cercanías. La niña que falleció en Pedro Juan Caballero es el doloroso testimonio de una realidad inocultable, lo que obliga a activar todos los resortes y aplicar las penas que correspondan a los autores, cómplices y encubridores, para desalentar la repetición de tan deleznable crimen. Los niños merecen seguridad y respeto.