El sistema democrático bajo fuego

La banda criminal autodenominada Ejército del Pueblo Paraguayo (EPP) hizo su “presentación en sociedad” con el secuestro de la señora María Edith Bordón de Debernardi, en 2001, y el último acto de esta naturaleza se produjo esta semana, con el del exvicepresidente de la República Óscar Denis, político liberal y conocido hombre de trabajo, hoy ya con avanzada edad y una delicada salud. Con él fue secuestrado también su empleado, el nativo Adelio Mendoza. El rapto, el asesinato y la quema de bienes perpetrados por supuestos idealistas son tan ilícitos y causan tanto dolor como los que provienen del crimen organizado. Hay también fuertes indicios de que el EPP hoy se financia con el narcotráfico, a más de los secuestros y de los “impuestos revolucionarios” que cobra a los estancieros de su zona de operaciones, en los departamentos de Concepción y Amambay, principalmente. La ley debe caer sobre sus autores. El sistema democrático está siendo atacado a mano armada y los órganos del Estado deben repeler la agresión, en defensa del orden constitucional.

La banda criminal autodenominada Ejército del Pueblo Paraguayo (EPP), hizo su “presentación en sociedad” con el secuestro de la señora María Edith Bordón de Debernardi, en 2001, y el último acto de esta naturaleza se produjo esta semana, con el del exvicepresidente de la República Óscar Denis, político liberal y conocido hombre de trabajo, hoy ya con avanzada edad y una delicada salud. Con él fue secuestrado también su empleado, el nativo Adelio Mendoza.

El EPP no se alzó contra una dictadura, sino contra un régimen democrático. En efecto, varios de sus cabecillas, como Osmar Martínez (hoy fallecido) y la actual reclusa Carmen Villalba, integraron una agrupación ultraizquierdista que estuvo inscripta en la Justicia Electoral y compitió en dos comicios generales, habiendo obtenido no más del 1% de los votos. Fue adoptando formas diversas bajo el atractivo nombre de Patria Libre: en 1990 se llamó corriente, en 1992 movimiento y en 2002 partido, definiéndose como “una organización política marxista revolucionaria, que lucha por la liberación nacional y el socialismo”. En 2004, el citado Martínez y Anastacio Mieres –implicados en el plagio y asesinato de Cecilia Cubas– fueron expulsados “por indisciplina”, no sin antes de que los altos dirigentes Juan Arrom y Anuncio Martí huyeran del país para eludir un juicio por su intervención en el secuestro de la señora Debernardi.

El EPP surgió oficialmente en 2008, como brazo armado de un partido que podía actuar con toda libertad para convencer a la ciudadanía de la bondad de su programa político. Prefirió recurrir a la violencia antes que a la persuasión, a las balas antes que al voto, para imponer un ideario antidemocrático, con el asesoramiento de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC), la organización criminal que recluta a niños desde hace largos años. No tiene la menor posibilidad de vencer en un país con las características demográficas y geográficas del nuestro, como no la tuvieron otras guerrillas latinoamericanas, urbanas o rurales. Quizá pretenda, la paraguaya, forzar al Gobierno a negociar la “paz”, a cambio de la impunidad y hasta de alguna bancas reservadas en el Congreso, como en Colombia. Tal “salida política” debería rechazarse por la misma razón que impediría pactar con la organización criminal brasileña Primer Comando da Capital (PCC), hoy arraigada también en nuestro país.

El rapto, el asesinato y la quema de bienes perpetrados por supuestos idealistas son tan ilícitos y causan tanto dolor como los que provienen del crimen organizado. Hay también fuertes indicios de que el EPP hoy se financia con el narcotráfico, a más de los secuestros y de los “impuestos revolucionarios” que cobra a los estancieros de su zona de operaciones, en los departamentos de Concepción y Amambay, principalmente. La ley debe caer sobre sus autores, para lo cual es imprescindible que se haga valer el principio de que el Estado posee el monopolio de la fuerza legítima. La banda criminal busca obtener un rédito político de la muerte de las dos menores usadas como escudos humanos, empeño ya favorecido por la apresurada intervención del Gobierno argentino y de la Oficina Regional para América del Sur del Alto Comisionado de Derechos Humanos de la Naciones Unidas. Por supuesto, es obvio que el deplorable suceso debe ser investigado a fondo y que la Fuerza de Tarea Conjunta (FTC) está obligada a ceñirse a la Constitución y a las leyes en sus operaciones.

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Es necesario y posible que los bandidos sean derrotados respetando siempre los derechos humanos, pero también es preciso no olvidar que la sociedad está enfrentada a un “ejército” de desalmados, que no merecen el respaldo de las personas de bien. Los asesinos, secuestradores y vándalos suelen alegar que sus crímenes no son más que la justa respuesta a la violencia estructural ejercida por la oligarquía capitalista. Una remanida e inadmisible justificación.

El sistema democrático está siendo atacado a mano armada y los órganos del Estado deben repeler la agresión, en defensa del orden constitucional. Aquí no está en juego solo el Gobierno, sino el régimen de libertad que se inició en 1989 y que requiere ser preservado de toda dictadura, sea ella civil o militar. Estos malhechores, cegados por una ideología caduca, pretenderían ganar por cansancio. En efecto, han pasado dos décadas sin que los facciosos hayan sido derrotados y se corre el riesgo de que se plantee acabar con este molesto asunto mediante una negociación muy parecida a una capitulación, como ya han surgido algunas voces que la propusieron. Por eso, es importante que la ciudadanía se mantenga alerta, pero también que la FTC ponga cuanto antes punto final a las incursiones del EPP que tienen en vilo a la población del norte de la Región Oriental.

La fuerza pública debería poder localizar a los grupos armados y a su aparato logístico en una región, como la de Concepción, que no es montañosa, no está cubierta de bosques impenetrables ni tiene grandes ciudades. Hasta ahora, ha estado lejos de cumplir con su cometido con la contundencia deseable, llegando incluso a incurrir en el ridículo, más de una vez. Con todo, es absurdo suponer que la banda criminal pueda alzarse con la victoria militar, aunque no deba excluirse una política si los demócratas claudican. Siendo de esperar que esto último no ocurra, lo que el Gobierno podría hacer es instar al EPP a deponer las armas, para que sus miembros sean juzgados de acuerdo a la ley. Si esta organización se rehusara, admitiría que ama la violencia por la violencia misma o solo por el sucio dinero que le reporta. En todo caso, la FTC debería estar presta para vencerla por todos los medios legales a su alcance, pues la insoportable situación de violencia e incertidumbre ya no debe prolongarse aún más.

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