“No es un espectáculo edificante. Creo que hay cosas que, si se tienen que decir –sobre todo en materia presupuestaria–, tenemos que tratarlas dentro del Gabinete”. Lo dijo con todo tino el jefe del Gabinete Civil de la Presidencia de la República, Juan Ernesto Villamayor, aludiendo a la reciente disputa entre el ministro de Hacienda, Benigno López, y el de Educación y Ciencias, Eduardo Petta. Claro que tampoco fue un “espectáculo edificante” que, en julio último, él mismo se haya referido al ministro de Salud Pública y Bienestar Social, Julio Mazzoleni, en estos términos: “Veo que hay mucha gente que critica la parte administrativa y tiene razón (…) Ser un buen médico no quiere decir ser un buen administrador”. O sea que el presidente Mario Abdo Benítez cometió el grave error de encargar una importante cartera, cuyo presupuesto inicial de seis billones de guaraníes aumentó debido a la pandemia, a una persona incapaz de administrarla como corresponde. El ordenador de gastos, públicamente censurado por su baja ejecución presupuestaria, respondió que “cuando uno hace un análisis muy superficial, fácilmente puede hacer este tipo de conclusiones”. En otros términos, Juan Ernesto Villamayor sería un irresponsable que opina sin tomarse la molestia de ir al fondo de un asunto.
Que uno y otro sigan en sus respectivos cargos no habla bien de la solidez del equipo gubernamental, del pundonor del reprendido ni del liderazgo del Jefe de Estado. Se intercambian dardos, sin consecuencia alguna. Hace unos días afloró otro incidente que sugiere que el Gobierno parece una bolsa de gatos. Fue protagonizado por el ministro de la Juventud, Felipe Salomón, que habría pedido a Eduardo Petta incorporarse a unas “mesas de trabajo” con estudiantes. Dijo que le envió “por lo menos doce notas”, sin obtener respuesta alguna, y que no es invitado a sus “reuniones o convocatorias”. Más aún: le habría enviado varios mensajes, pero “hay días que te responde y días que no”, de lo que se desprende que su colega, que aún no le ha replicado, ni siquiera tiene buenos modales. Quizá sea excesivo pretender que en el Gabinete se conozca el significado de la palabra coordinación, pero no así que se respeten las normas de urbanidad y, sobre todo, la Ley de Administración Financiera del Estado, según la cual las relaciones del Poder Ejecutivo con el Legislativo, en materia presupuestaria, “se mantendrán exclusivamente a través del Ministerio de Hacienda”.
Viene a cuento esa disposición luego de que el ministro de Educación y Ciencias haya pedido a la Comisión Bicameral de Presupuesto que ignore los recortes hechos a su anteproyecto por la cartera de Hacienda y que, por tanto, se le otorguen, entre otras cosas, unos 16.000 millones de guaraníes para el programa de gratuidad escolar. En este contexto, Juan Ernesto Villamayor también creyó oportuno instar a los ministros a aceptar los recortes y a “dejar de lado la cultura” de que cada uno de ellos presente al Congreso su propio proyecto. Nótese que la exhortación provino de alguien que no es un superior jerárquico de los destinatarios, aunque se comporte como si fuera un primer ministro. Su llamado al orden habría sido necesario porque se ignora la ley o porque nada importa lo que ella disponga. Y también porque, por lo visto, el Presidente de la República no estila tan siquiera amonestar a un integrante de su Gabinete que vulnere con todo desparpajo una norma clave para el buen tratamiento del proyecto de ley relativo al Presupuesto. No sorprende que su hermano haya sido ninguneado, dado que hasta simples funcionarios suelen lograr del Congreso aumentos salariales eludiendo incluso a su máxima autoridad, como bien lo sabe el exministro de Agricultura y Ganadería, Denis Lichi.
Estas cuestiones de fondo –la disciplina presupuestaria– y de forma –las críticas a un colega– deben tratarse en el Consejo de Ministros, cuando sea convocado por el jefe del Poder Ejecutivo. Si se reuniera con cierta frecuencia, sus miembros no tendrían que discrepar de cara a la ciudadanía ni enviarse notas o mensajes que no son contestados. Conviene evitar el ridículo para que no se diga que el Paraguay es un país de opereta. Como se tiene la impresión de que el Gobierno se le está yendo de las manos, urge que Mario Abdo Benítez lo ponga en orden. Autoridad y autoritarismo no son vocablos sinónimos. No ejercer una atribución constitucional cuando corresponda es tan reprochable como abusar de ella. El Presidente de la República no necesita que un ministro o que el jefe de su Gabinete Civil pongan sus respectivos cargos “a disposición” para destituirlos cuando tengan unas actuaciones tan bochornosas como las referidas. También es claro que debería tener el ojo avizor para que ningún “Joselo” vuelva a intervenir en negociaciones de alto vuelo, que afecten el interés nacional. En suma, se requiere un Gobierno que maneje la cosa pública con la seriedad debida, sin sacar al sol sus trapitos sucios. Para empezar, no debería tenerlos.
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