La ciudadanía acaba de enterarse de una rencilla, largamente soterrada, entre el ministro del Interior, Euclides Acevedo, y el comandante de la Policía Nacional (PN), Francisco Resquín. La cuestión de fondo es la injerencia de los politicastros en la entidad que debe preservar el orden público, tolerada por el primero y rechazada por el segundo. Como el tercero en discordia aparece el subcomandante Luis Arias, aliado al ministro y “hermanado” con él, presuntamente, en una asociación secreta. El motivo de la disputa tiene que ver con la institucionalidad y con el art. 7º de la Ley N° 222/93, que reza así: “La PN no podrá ser utilizada para ninguna finalidad político-partidaria. Las directivas u órdenes que se dicten contraviniendo tal prohibición, impondrán la exención de obediencia”. En otras palabras, ni siquiera el Presidente de la República puede exigir a su comandante que disponga traslados o ascensos que respondan a ese propósito ilegítimo. Sin embargo, es lo que viene ocurriendo, y no por la intervención directa de Mario Abdo Benítez, sino por la de personajes de segunda fila que apadrinan a uniformados.
En efecto, los implicados en las intrigas cotidianas dentro de la PN suelen buscar el nada altruista apoyo de quienes siguen creyendo que se trata de una dependencia partidaria en la que tienen voz y voto. En buena medida, lo confirmó el propio ministro del Interior cuando, en febrero de este año, dijo lo siguiente en una entrevista de ABC Cardinal: “Hay senadores y diputados que piden el cambio de policías que trabajan maravillosamente bien. No se van a sorprender de los nombres, solo que no digo porque no le quiero comprometer al comandante. Yo le apoyo”. Es de lamentar, por cierto, que quienes intentan cometer el delito de tráfico de influencias no sean denunciados ante el Ministerio Público, a lo que están obligados los funcionarios que, en el ejercicio del cargo, conozcan un hecho punible de acción pública. Dicho lo cual, cabe apuntar que las declaraciones transcritas hacen suponer que el ministro del Interior actúa con doblez, dado que hay muy fuertes indicios de que viene socavando la autoridad del jefe del PN, de consuno con el subordinado inmediato.
La sórdida cuestión habría surgido cuando Euclides Acevedo pretendió que el comandante, designado un mes antes siendo ministro del Interior Juan Ernesto Villamayor, sea reemplazado por Luis Arias. Francisco Resquín llegó a pedir –inútilmente– la remoción de su segundo, proclive a atender las demandas de los politicastros. Continuó así la disputa en la cúpula policial, que se agravó hace unos días con los nombramientos de nuevos comisarios generales, dispuestos con el disgusto del ministro del Interior, que habría deseado la promoción de candidatos respaldados por políticos. Esos ascensos, que decreta el Poder Ejecutivo con acuerdo del Senado, están regulados por la ley orgánica de la PN, de modo que no dependen de una decisión discrecional. No está de más señalarlo, pues en las permanentes querellas, que tanto afectan la disciplina, inciden factores externos que se aprovechan de la debilidad institucional y la agudizan. Tratándose de un órgano “de estructura funcional jerarquizada, obediente y no deliberante”, es necesario respetar y hacer respetar la autoridad del comandante, siempre que sus actuaciones se ajusten a la Constitución, la ley y el reglamento. Mal puede la PN cumplir con su misión de velar por la seguridad interna del Estado si se tolera que desde el Palacio de López o desde cualquier otro sitio, se “recomienden” ascensos o traslados por ansiedades de los políticos de turno. El hecho de que tanto el ministro del Interior como el subcomandante busquen la destitución de Francisco Resquín respondería a que este se niega a dar el gusto a los padrinos. Así de simple y así de grave, tanto para la entidad policial como, por extensión, para los habitantes de este país, que tienen derecho a que la PN los proteja y prevenga la comisión de delitos. Va de suyo que la intromisión político-partidaria atenta contra la eficiencia de las fuerzas policiales, más aún cuando, como en el caso comentado, genera un conflicto tan grave en su máximo organismo. De hecho, la situación ya es insostenible, pero Mario Abdo Benítez habría pedido una tregua a los contrincantes, al menos mientras dure el secuestro del exvicepresidente de la República Óscar Denis. A propósito, al igual que la vieja pugna entre policías y militares, el problema que acaba de aflorar también perjudica al Comando de Operaciones de Defensa Interna, en su hasta ahora poco exitosa lucha contra la banda criminal.
El ministro del Interior prometió alguna vez “desinfectar” la PN, contaminada no solo por el dinero sucio, sino también por las injerencias de quienes patrocinan a uniformados a cambio de alguna recompensa, no necesariamente monetaria. El comandante Resquín estaría frustrando sus ilícitas pretensiones, ganándose su inquina. Si es así, el Presidente de la República debe optar entre preservar la institucionalidad de la PN o permitir que ella esté al servicio de politicastros habituados a meter la mano donde no deben. La decisión no tendría que costarle mucho, si alguna idea tiene de lo que significa un manejo institucional. La prioridad de la hora es liberar a la última víctima del EPP, pero como no se puede tener la certeza de que ocurrirá pronto, conviene que el Presidente de la República no deje pasar mucho tiempo antes de poner fin al escándalo suscitado. La solución supone algo bastante simple: impedir que personas extrañas a la PN sigan perturbando su funcionamiento. Debe ser depurada de los cómplices del crimen organizado y protegida de los sinvergüenzas, quienes se valen de un cargo público para promover a sus propios agentes.
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