Caraduras

El legislador, denominación que se da al hombre o mujer que desempeña la función de debatir y sancionar leyes desde el Poder Legislativo, tiene muchas tareas y sumamente importantes en un sistema democrático. La realidad, lastimosamente, dista mucho del ideal en el Paraguay, ya que prácticamente resulta imposible encontrar parlamentarios que cumplan dignamente la responsabilidad que les fue encomendada. Luego de que quedara en evidencia sus comportamientos indecorosos, con serios indicios de ser responsables de delitos, fueron sometidos al proceso de pérdida de investidura y quedaron fuera del Congreso. La caradurez de algunos de estos personajes no tiene límites, ya que no solo ofendieron al pueblo con sus conductas deplorables y se autoproclaman perseguidos, sino que ahora pretenden volver al Congreso, probablemente intentando alguna transa en el Poder Judicial, con lo cual cometerían otro atentado a la Constitución Nacional.

Llegar a ocupar un lugar en el Congreso de la Nación debe ser motivo de orgullo para cualquier ciudadano paraguayo, ya que representa a un sector de la población que confió en él para defender los intereses de la sociedad desde ese lugar.

El legislador, denominación que se da al hombre o mujer que desempeña la función de debatir y sancionar leyes desde el Poder Legislativo, tiene muchas tareas y sumamente importantes en un sistema democrático. Entre otras, conocer y responder las inquietudes de los ciudadanos de todos los sectores, y encontrar dentro de su ámbito de servicio, la manera de satisfacer las necesidades, sancionando, ajustando o derogando leyes, según lo que corresponda, para cumplir con el mandato constitucional. Asimismo, debe ser responsable de constituirse en un elemento de equilibrio frente a otros poderes del Estado, con lo cual se evita el abuso de alguno de ellos, y con eso, se garantiza el respeto a la ley para los habitantes de la República.

La realidad lastimosamente dista mucho del ideal en el Paraguay, ya que prácticamente resulta imposible encontrar parlamentarios que cumplan dignamente la responsabilidad que les fue encomendada. Como la mayoría de los funcionarios públicos, consideran que su banca les pertenece y, desde esa premisa, se organizan y complotan para obtener beneficios indebidos. Exigen cupos para sus leales, parientes, amantes y amigos en toda la función pública, lo que explica la superpoblación de personas sin tarea, deambulando en los pasillos, o con varios rubros pagados por todos los ciudadanos con los impuestos. Trafican influencias en negocios, juicios, licitaciones y demás para lucrar, cual mafiosos, en la red criminal de la gigantesca corrupción pública, cuyo principal protagonista es la politiquería.

Este ha sido el caso de algunos individuos que ocuparon bancas y despreciaron con su comportamiento el mandato constitucional de actuar con decencia e idoneidad. Luego de que quedara en evidencia sus comportamientos indecorosos, con serios indicios de ser responsables de delitos, fueron sometidos al proceso de pérdida de investidura y quedaron fuera del Congreso. Por supuesto que luego arguyen la gastada frase de la persecución política, con lo cual no solo ofenden la inteligencia, pues sus fechorías son flagrantes, sino que agravian a verdaderos ciudadanos que fueron víctimas de la dictadura y que debieron abandonar su país, o su actividad era proscripta por el tirano Alfredo Stroessner.

Para completar su desprecio hacia la Constitución y el pueblo, unos exsenadores presentaron acciones de inconstitucionalidad contra la decisión de la Cámara Alta, que los destituyó en aplicación del artículo 201 de la Carta Magna. La caradurez de algunos de estos personajes no tiene límites, ya que no solo ofendieron al pueblo con sus conductas deplorables y se autoproclaman perseguidos, sino que ahora pretenden volver al Congreso, probablemente intentando alguna transa en el Poder Judicial, con lo cual cometerían otro atentado a la Constitución Nacional.

La Corte Suprema no debe prestarse a esta artimaña de estos personajes, ya que se trata de cuestiones no justiciables, es decir, atribuciones previstas expresamente para el Poder Legislativo, sin que puedan ser modificadas por otro órgano, con el riesgo que, de hacerlo, se violaría el principio de equilibrio consagrado en el artículo 3 de la ley suprema de la República.

La máxima instancia judicial debe rechazar in limine la pretensión de estos impresentables y hacer un control estricto de las causas que se les siguen, para que se les aplique la mayor pena prevista, de manera que sea un ejemplo para quienes en el futuro decidan seguir el camino de la ilegalidad y no honrar la representación que desempeñan.

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