La diputada Celeste Amarilla de Boccia fue suspendida por sesenta días sin goce de dieta por los cuarenta y siete integrantes de la bancada que en la Cámara Baja del Congreso obedece a Horacio Cartes y a Mario Abdo Benítez.
Amarilla había dicho, en plena sesión legislativa, es decir absoluta y totalmente protegida por la inmunidad por opinión que tienen los miembros del Congreso Nacional por disposición del artículo 191 de la Constitución, que una enorme mayoría de los integrantes de la Cámara de Diputados había recibido financiamiento político sucio, negro, ilegal.
Los cigarrillos, por ejemplo, se venden en Brasil y varios otros países de contrabando. Los integrantes del grupo “multipartidario” que suspendió a Amarilla deberían preguntarse qué pasaría si se acaba el contrabando. Pero se ofenden con la diputada que lo señala.
Las bases sobre las que se asienta la división de poderes, que es el resguardo físico de nuestras libertades, están bajo ataque, la división de poderes está bajo fuego desde que los negocios ilegales entendieron que necesitan garantía de impunidad.
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Sufrimos una situación complicada. La división de poderes ha sido menoscabada con la elección de Sandra Quiñónez a la Fiscalía General del Estado; más aún con la de los nuevos integrantes de la mayoría en la Corte Suprema de Justicia. Obviamente, en el Poder Ejecutivo hay sumisión a un poder no elegido, pero el Congreso, al ser un cuerpo colegiado, es más difícil de dominar, por lo que el ataque a las inmunidades garantizadas por el artículo 191 de la Constitución es antiguo, constante y sin cuartel.
Este artículo es la piedra angular de la autonomía del Congreso. Los autoritarios han tenido éxito hasta el presente en menoscabar el alcance de ese artículo vital, pero ahora, con el caso de Celeste Amarilla, ya ni siquiera simulan respetar las formas: suspendieron a una diputada por opinar en sesión, violando la inmunidad por opinión que es el origen mismo de las inmunidades parlamentarias, la más básica y obvia de todas ellas, la que nadie, hasta ayer, se atrevió a discutir en ninguna parte del mundo.
Si hay algo que ni el más cerrado y obsecuente autoritario en el planeta ha discutido nunca es la inmunidad por opinión que tienen los miembros del Congreso, hasta que ayer, la horda cartista resolvió suspender a una legisladora por opinar.
Ninguna letra de la Constitución autoriza a las cámaras a suspender a sus miembros por opinar. Ninguna. Ningún antecedente de la Constituyente. Ningún precedente histórico.
Esto confirma que estamos mucho más cerca de la dictadura de lo que muchos habían pensado y que el asalto final de los autoritarios al poder es cuestión de días.
A la horda cartista no le interesa el Derecho, ni la Lógica ni la Historia. Es una turba de abyectos, similar en todo a la que formaba parte de la bancada nacional socialista en el Reichstag alemán en 1933, preocupados únicamente en complacer a su “führer” y en hacerle ver que pueden pisotear todo lo que él les ordene para que les premie.
La abyección que produjo el asesinato industrializado de los judíos en Alemania, o en Argentina, las desapariciones que hasta hoy se lloran. Eso es la abyección.
El diputado Bachi Núñez, guía de esa turba, es quien abrió la acción de suspender a una diputada por opinar en sesión sin desarrollar qué causales invocaba para violar de modo tan grosero la inmunidad por opinión.
Alegó vagamente las disposiciones del artículo 190 de nuestra Constitución, que simplemente es una disposición reglamentaria: “Cada Cámara redactará su reglamento. Por mayoría de dos tercios podrá amonestar o apercibir a cualquiera de sus miembros, por inconducta en el ejercicio de sus funciones, y suspenderlo hasta sesenta días sin goce de dieta. Por mayoría absoluta podrá removerlo por incapacidad física o mental, declarada por la Corte Suprema de Justicia. En los casos de renuncia, se decidirá por simple mayoría de votos”.
El autoritario Núñez, haciendo gala de la barbarie que caracteriza a la horda cartista, equiparó, sin ponerse colorado, el ejercicio de la opinión en el pleno con “inconducta en el ejercicio de funciones”, como si el artículo 190 de nuestra Constitución pudiera leerse como restringiendo al 191, con una de esas artimañas de abogadillos al servicio de la tiranía de los que abundan en nuestro país, capaces de dictaminar cualquier disparate ilógico por pocas monedas.
La diputada Amarilla, tomada de sorpresa, trató de enfrentar el tema por la vía del procedimiento, grave error que indica que ella misma no estaba demasiado consciente de qué es el artículo 191, ni por qué es fundamental defenderlo en su integridad.
Amarilla creyó que esto es cuestión de sumarios y defensas, cuando es un asalto puro y simple al derecho de los miembros del Congreso a expresarse sin cortapisas; un asalto violento y duro contra la inmunidad por opinión que garantiza el 191 no para ella, sino para la sociedad paraguaya.
El asalto contra la democracia se desarrolla convenientemente porque las fuerzas democráticas están sumidas en una profundísima ignorancia sobre nuestra Constitución y en disputas infantiles sobre espacios “de poder” que nunca existirán si el cartismo termina su tarea de reconstrucción autoritaria.
La horda autoritaria impuso por cuarenta y siete de los ochenta miembros de la Cámara esta violación inaceptable de la inmunidad por opinión consagrada por el artículo 191 de la Constitución, un precedente nefasto que nunca, nunca, ni en épocas de Alfredo Stroessner, se había dado.
Son los mismos que, desde luego, ya tienen en su haber el asalto a la sede del principal partido opositor, cosa que demuestra que piensa superar ampliamente al desaparecido dictador.
Es vano esperar de la horda autoritaria una rectificación. No la habrá. Pero es exigible a las fuerzas democráticas que despierten, que estudien, comprendan y defiendan a la Constitución y que dejen de tratar de ser como los cartistas y se conviertan en la muralla contra la que se estrellará el asalto autoritario contra la democracia.