En lo últimos años, la Municipalidad de Asunción habría sido escenario de actuaciones delictivas que provocaron, entre otras cosas, las renuncias y el procesamiento del exintendente Mario Ferreiro y del excontralor general de la República Enrique García: según el Ministerio Público, el primero estuvo implicado en una trama de “recaudaciones paralelas” en el Mercado de Abasto y en la Policía Municipal de Tránsito, en tanto que el segundo fraguó documentos para ocultar una grave omisión, siendo asesor jurídico del Gobierno comunal. Ahora se suma que la Fiscalía cree que no solo Ferreiro y la exjefa del Departamento de Contratos María Laura Schiavo, sino también el actual intendente, Óscar Rodríguez (ANR) y once concejales –colorados y liberales– admitieron el uso de certificados de cumplimento tributario de contenido falso, en el marco de la ejecución de un contrato con la firma Empo Ltda. y Asoc. para la disposición de residuos en el vertedero de Cateura.
Como primera reacción y respetando a su modo la dignidad del cargo, el imputado intendente tuiteó que él usa pantalones porque tiene “los huevos bien puestos y no porque tenga frío”.
En noviembre de 2018, la Contraloría General de la República había sugerido la rescisión del contrato con la empresa y la ejecución de la garantía de su fiel cumplimiento. Se fundó en las varias irregularidades detectadas en una auditoría, como el cambio de la integración del consorcio, la recepción de desechos de otras ciudades y, sobre todo, la producción de documentos espurios para cobrar 1.701 millones de guaraníes. La propia Municipalidad había denunciado penalmente a la empresa el 11 de mayo de 2018 por la presentación de un certificado falso, tal como informó su por entonces asesor jurídico Juan Carlos Ramírez Montalbetti. Lo hizo ignorando la recomendación de la Contraloría, aceptó someter la cuestión a un laudo arbitral, porque Empo Ltda. y Asoc. sostuvo que la Junta Municipal le había autorizado a continuar operando, tal como lo viene haciendo desde 2005 y sin que haya trasladado el vertedero a otro lugar, según su obligación contractual.
El viceministro de Tributación, Óscar Orué, reveló que su deuda impositiva era de unos 6.000 millones de guaraníes, motivo suficiente para rescindir el acuerdo. Se ignoran los resultados del arbitraje, pero lo cierto es que la presunta deudora sigue operando, habiendo sido emplazada por el Ministerio del Ambiente y Desarrollo Sostenible (Mades) a tomar ocho medidas de contingencia que impidan que en el vertedero se repita un incendio, como el acaecido hace unos días. Resulta asombroso, en verdad, que la misma Municipalidad que denunció ante una Fiscalía barrial de Asunción la presentación de un documento de contenido falso, haya permitido que la autora del delito siguiera operando, como si nada hubiera ocurrido. La autorización que, en tal sentido, los ediles habrían dado a Empo Ltda y Asoc., implica una total incongruencia que atenta contra la razón, pero no así, quizá, contra las ganas de llenarse los bolsillos mediante el cohecho pasivo.
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El art. 276 de la Ley Nº 3966/10 dispone que los miembros de la Junta Municipal son personalmente responsables con sus bienes por los daños causados a la Municipalidad en el ejercicio de sus funciones, por actos u operaciones que autoricen contra las normas vigentes, salvo aquellos que hagan constar su disidencia en el acta de la respectiva sesión o hayan estado ausentes con permiso. Según la agente fiscal Stella Marys Cano, lo que los concejales habrían hecho al menos en tres ocasiones, aparte de no rescindir el contrato y con la complicidad del exintendente Ferreiro, fue prestarse a la burda jugarreta del cambio de la denominación “Limitada” a “Sociedad Anónima” y viceversa, para que la firma no apareciera como deudora del impuesto al valor agregado, desde 2017. Estas sucias maniobras, en perjuicio del fisco y de la Municipalidad, fueron perpetradas antes de que la Contraloría formulara su desoída recomendación. Es evidente que Empo Ltda. y Asoc. cuenta con muy buenos amigos, sobre todo en la Junta Municipal, por motivos que nada tendrían que ver con la eficiencia ni con fiel cumplimiento de las obligaciones tributarias.
Siempre vale la pena recordar aquella estimulante arenga que el exsenador Jorge Oviedo Matto dirigió en 2015 a sus correligionarios del Partido Unace, que aspiraban a convertirse en ediles: “Y no es el sueldo ahí, ahí es: recolección de basura, compra de útiles de oficina, compra de uniformes para lo funcionarios, el que provee combustible…” . O sea que la dieta sería lo de menos y que, en primer lugar, habría que atender la basura, no precisamente para que Asunción sea limpia. Las tropelías que se cometen en la Municipalidad capitalina no son atribuibles solo a los funcionarios y al intendente de turno, sino también –en gran medida– a quienes deberían controlar la administración. Es de recordar que a estos les compete aprobar los pliegos de bases y condiciones y adjudicar los contratos, en cuya correcta ejecución deberían estar muy interesados. En general, tanto ellos como el intendente deberían evitar incurrir en alguna de las violaciones de las normas del Código Penal resistiendo, en la medida de sus posibilidades, a las múltiples tentaciones que hallen a su paso. La Municipalidad no es un sitio para delincuentes.