“Honorables” sinvergüenzas y matones

Es indignante que el repudio de la ciudadanía no haya inducido a la Cámara de Diputados a revocar la inconstitucional suspensión de su miembro Celeste Amarilla (PLRA), por haber denunciado el notorio papel del dinero mal habido en la conquista de bancas. Se ha demostrado, una vez más, que la mayoría de ese cuerpo colegiado no está en absoluto a la altura del pueblo que representa. En otros términos, los cuarenta y dos diputados que ratificaron la arbitraria sanción se han ganado la firme repulsa de una sociedad civil harta de la corrupción y de la prepotencia. A estos caraduras de tomo y lomo les importó un bledo el art. 191 de la Carta Magna, pero no se saldrán con la suya en lo que atañe a su reputación, supuestamente lesionada. Al contrario, su inicua reacción solo servirá para que la ciudadanía quede aún más convencida de que la Cámara de Diputados está muy lejos de ser “honorable”. Mal podría serlo si la mayoría de sus miembros tiene una conducta propia de tiranuelos. Uno de ellos, el diputado Colym Soroka (ANR, abdista), dijo en plena sesión que le gusta el “zoco” y que la barbaridad dispuesta serviría de “tranquilizante”, palabra que los “matoncetes” suelen usar luego de dar una golpiza.

Es indignante que el repudio de la ciudadanía no haya inducido a la Cámara de Diputados a revocar la inconstitucional suspensión de su miembro Celeste Amarilla (PLRA), por haber denunciado el notorio papel del dinero mal habido en la conquista de bancas. Se ha demostrado, una vez más, que la mayoría de ese cuerpo colegiado no está en absoluto a la altura del pueblo que representa. En otros términos, los cuarenta y dos diputados que ratificaron la arbitraria sanción se han ganado la firme repulsa de una sociedad civil harta de la corrupción y de la prepotencia.

Habrá quienes hayan confiado en que su abierta condena hiciera recapacitar a quienes creen haber obtenido del electorado una suerte de carta blanca para hacer lo que se les antoje. Al fin y al cabo, la ciudadanía movilizada sí pudo lograr que la Cámara Alta depure sus filas, tal como ocurrió en los casos de los exsenadores Óscar González Daher, Víctor Bogado y Dionisio Amarilla. Hasta hoy, ningún diputado ha perdido su investidura por decisión de sus pares, pero la opinión pública pudo al menos forzar la renuncia de José María Ibáñez y acaso también evitar que Miguel Cuevas (ANR, abdista) y Ulises Quintana (ANR, abdista) gocen hoy de plena libertad. Si hubo que llegar a tales extremos es porque no se puede confiar en que los legisladores se guíen siempre por la moral y la razón, tanto en la vida pública como en la privada. Es lo que ha vuelto a demostrar una mayoría unida por el rencor, el sectarismo, la solidaridad en el delito o la codicia lisa y llana. No siempre se puede tildar de cínicos a quienes prostituyen sus escaños, pues a veces “solo” son unos hipócritas, como los que resolvieron castigar a quien habló de lo que medio mundo sabe, ejerciendo su derecho a opinar. Se sintieron aludidos por la referencia al dinero sucio y trataron de exhibirse, ante el supuesto agravio, como firmes defensores del buen nombre que no tienen. Es imposible dañar lo que no existe, o sea, el bien ganado prestigio de quienes legislan con probidad e inteligencia.

A estos caraduras de tomo y lomo les importó un bledo el art. 191 de la Carta Magna, pero no se saldrán con la suya en lo que atañe a su reputación, supuestamente lesionada. Al contrario, su inicua reacción solo servirá para que la ciudadanía quede aún más convencida de que la Cámara de Diputados está muy lejos de ser “honorable”. Mal podría serlo si la mayoría de sus miembros tiene una conducta propia de tiranuelos. Uno de ellos, el diputado Colym Soroka (ANR, abdista), dijo en plena sesión que le gusta el “zoco” y que la barbaridad dispuesta serviría de “tranquilizante”, palabra que los “matoncetes” suelen usar luego de dar una golpiza. Puede estar seguro de que la ciudadanía, por su parte, no se quedará tranquila observando cómo continúa siendo pisoteado el decoro que cabe exigir a todo parlamentario. Demás está decir que también votó por confirmar la pena a Celeste Amarilla el diputado Freddy D’Ecclesiis (ANR, abdista), a quien una comisión senatorial vinculó con el narcotráfico en 2014.

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Lo mismo hizo esta comisión con sus excolegas colorados Bernardo Villalba y Marcial Lezcano, así como con el suplente de este, Carlos Sánchez (“Chicharõ”), recibido más tarde en la residencia presidencial por el hoy diputado Basilio Núñez (ANR, cartista), cuando fungía de “asesor político” de Horacio Cartes. Es sabido que el crimen organizado juega un gran papel en las elecciones internas y “externas”, de modo que la diputada Amarilla también habría apuntado a ese influjo. Cabe imaginar la sonrisa que habrán esbozado los capos del narcotráfico al advertir la energía con que los patrocinados defendieron su pundonor herido.

Por cierto, es llamativo que todos los diputados de la ANR se hayan opuesto a revocar la aberrante pena, con la notable excepción de Ramón Romero Roa, reemplazado por el analfabeto funcional Hernán Rivas (ANR, cartista) en el Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados: había cometido el grave error de favorecer la publicación de las declaraciones juradas de bienes y rentas de quienes ejercen la función pública. El discrepante entre los liberales, que apoyaron a su correligionaria, fue el impresentable Édgar Ortiz (llanista), el mismo que en abril atropelló una barrera sanitaria para no someterse al control de su temperatura corporal, invocando la investidura que deshonra.

Al fundar su voto contra la moción presentada, la legisladora Jazmín Narváez (ANR, abdista) hizo una confesión digna de grabarse en bronce para que el futuro sepa cómo eran los diputados de 2020: “Al examinar conductas, muy pocos quedan con autoridad moral”, dijo refiriéndose a sus colegas y sentando un juicio irrefutable. También por eso mismo, los cuarenta y dos “indignados” no deberían haber sido tan caraduras hasta el punto de caer en el ridículo. ¿Acaso creen que lo resuelto en tan mala hora hará que la sociedad civil se persuada de que los diputados son en verdad “honorables”, en general? Si así fuera, aparte de sinvergüenzas, serían unos reverendos idiotas. Conviene que la ciudadanía los recuerde para que en 2023 no vuelvan a profanar el Congreso y para que allí donde los encuentre les dé muestras del desprecio que bien merecen, por la salud moral de la República.

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