Tras casi dos décadas de estéril porfía, hasta ahora las fuerzas de seguridad del Estado no han logrado derrotar a la minúscula gavilla criminal del autodenominado Ejército del Pueblo Paraguayo (EPP) que, antes que debilitarse, exhibe actualmente renovada agresividad, como lo confirma el secuestro del exvicepresidente de la República Óscar Denis. Ínterin, cinco presidentes de la República, comandantes en jefe de las Fuerzas Armadas, se han sucedido con la promesa de capturar o abatir a sus bien identificados cabecillas, sin que hasta ahora lo hayan logrado, pese a las alharacas formuladas en tal sentido y a las numerosas bajas y daños materiales infligidos a la ciudadanía y a las propias fuerzas de seguridad del Estado por los facinerosos. Desde Nicanor Duarte Frutos hasta el presidente Mario Abdo Benítez, pasando por Fernando Lugo, Federico Franco –quien prometió “traerlos del jopo”– y Horacio Cartes, todos han resultado ser vulgares impostores en cuanto a cumplir con sus promesas de acabar con la banda delictiva.
Ante el fracaso de sus antecesores en el empeño, al expresidente Horacio Cartes se le ocurrió modificar la Ley de Defensa y Seguridad interna de la República a fin de emplear las fuerzas militares en misiones de combate contra el grupo criminal terrorista. Al amparo de dicha normativa legal creó la denominada Fuerza de Tarea Conjunta (FTC): un comando operacional híbrido integrado por elementos de combate de las Fuerzas Armadas, de la Policía Nacional y de agentes civiles de la Secretaría Nacional Antidrogas. Medida posteriormente complementada con la creación del Comando de Defensa Interna (CODI) –del que hoy forma parte la FTC– con responsabilidad territorial sobre supuestas “áreas” y “subáreas” de seguridad interna en las que se despliegan sus efectivos a través de retenes y puestos de vigilancia, con misión estática típicamente policial, en vez de organizarse en grupos de combate e internarse en los montes en procura de dar con los malvivientes y capturarlos o abatirlos.
Desde el momento en que el EPP conoce perfectamente la ubicación de tales puestos de vigilancia estáticos del CODI instalados en el teatro de operaciones de los departamentos de Concepción, San Pedro y Amambay, la gavilla criminal retiene la iniciativa para asestar sus golpes de mano donde quiere y cuando quiere, sin tener que preocuparse de ser sorprendida por las fuerzas militares. Cuando estas acuden a las llamadas de auxilio de las víctimas, siempre llegan tarde, ya cuando los forajidos se encuentran a salvo con sus rehenes o botines bien adentro de los montes aledaños donde tienen sus guaridas.
Para encubrir su inoperancia operacional, el CODI tiene un libreto bien conocido por la opinión pública: ante los medios de prensa escritos y televisivos que generalmente llegan al sitio atacado antes que las fuerzas de seguridad –o poco después–, hacen un aparatoso despliegue de sus medios de combate, simulando una persecución de los criminales, que nunca va más allá de las orillas de los montes circundantes.
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Este recurrente escenario enderezado a engañar a la opinión pública se ha repetido últimamente en ocasión del secuestro del exvicepresidente de la República Óscar Denis. Esta vez, realzado con la ostensible presencia de expertos militares colombianos apresuradamente reclutados por el presidente Mario Abdo Benítez para asesorar al CODI en la preparación de un plan de rescate del secuestrado, aunque sin ningún resultado hasta la fecha.
Resulta evidente que el fracaso de la estrategia de lucha del Gobierno contra la pequeña banda criminal que mantiene en vilo a las comunidades rurales de la zona norte de la Región Oriental se debe, más que a la carencia de medios, a la falta de unidad de mando, un principio de guerra determinante para el éxito de una operación militar. Aunque el contingente híbrido de la antigua FTC está encuadrado orgánicamente dentro del CODI, esta modalidad no es operacional, sino más bien figurativa y no está claro cómo el mismo se inserta en la cadena de mando, tanto para abajo como para arriba. Lo que sí se sabe es que más de un excomandante de la FTC se ha quejado públicamente tras ser removido del cargo de que, a nivel operacional, existía un “comando paralelo” que dificultaba la conducción táctica de la fuerza en su lucha contra el EPP.
Resulta lógica, entonces, la pregunta: ¿de qué autoridad depende operacionalmente el CODI? ¿Del Comandante de las Fuerzas Militares o directamente del Comandante en Jefe, el Presidente de la República, ya que ni el ministro de Defensa ni el del Interior están en la cadena de mando operacional de las fuerzas que subordinan solo política y administrativamente?
Tras más de siete años de infructuoso despliegue y a un costo de mantenimiento operacional anual de alrededor de US$ 15 millones, hasta ahora la estrategia de lucha implantada por el expresidente Horacio Cartes y hecha suya por Mario Abdo Benítez, no ha dado ningún resultado, excepto lo expresado por referentes del Gobierno de que, gracias al hoy CODI, el EPP no ha crecido ni ha logrado control territorial en su zona de acción.
Tal afirmación es una falacia que apunta más bien a exculpar el fracaso del actual Gobierno en rever la ineficaz estrategia de lucha contra la furtiva banda criminal, insinuando a la opinión pública que tenemos que acostumbrarnos a convivir con el azote del EPP y los secuestros, como en su tiempo lo manifestó públicamente el entonces ministro del Interior Francisco de Vargas.
Así, lamentablemente, a estar por la actual política de seguridad del Gobierno, el escenario que confrontamos los paraguayos es seguir sufriendo despiertos la pesadilla de tener a un mismo tiempo un EPP demasiado fuerte para ser derrotado por el CODI, aunque demasiado débil para prevalecer sobre las fuerzas de seguridad del Estado y así “liberar” territorio y formular exigencias políticas al Gobierno nacional.
Le cuesta un gran sacrificio al erario mantener la costosa estructura del CODI. Es hora de que justifique su existencia.