La abogada Sara Parquet, que lidera el equipo de defensa de Óscar González Daher en el juicio que se le sigue por tráfico de influencias y asociación criminal, le preguntó de manera pretendidamente amenazante a la periodista Mabel Rehnfeldt, quien compareció en carácter de testigo, si “estaba consciente” de que se exponía a un proceso penal por haber divulgado los audios que incriminaron al exsenador en “aprietes” a jueces y fiscales y en manipulación de la Justicia cuando era nada menos que presidente del Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados. El burdo intento de amedrentamiento nos tiene sin cuidado, pues a estas alturas esta gente ya debería saber que no es fácil intimidar a la prensa paraguaya. Pero el exabrupto de la abogada no solamente denota una evidente ignorancia sobre la historia y la naturaleza del ejercicio del periodismo, sino un insolente menosprecio de un sector del poder político a los derechos ciudadanos y a las normas y principios constitucionales que los protegen.
La abogada Parquet –entendemos que con la anuencia de su cliente– no hizo semejante insinuación refiriéndose a alguna sospecha de falsedad de los audios en cuestión, sino a que los mismos no fueron grabados con autorización judicial. Es cierto que no fue ese el caso, razón por la cual no fueron presentados como pruebas en el juicio, pero una cosa son las formalidades procesales y otra muy distinta el derecho del pueblo a saber, por cualquier medio a su alcance, cómo se manejan las instituciones del país y cómo se comportan las personas que están a cargo de ellas.
La periodista Mabel Rehnfeldt y los demás colegas que se ocuparon del tema cumplieron su deber de chequear la información y la confiabilidad de las fuentes, contrastarla con los hechos, ordenarla, clasificarla y dar a conocer todo lo que consideraron de legítimo interés público, cuidándose de dejar al margen aquello que concerniera al terreno exclusivamente privado de las personas involucradas.
Inmediatamente se comunicó o intentó hacerlo con los implicados, ninguno de los cuales negó nunca, ni en este medio ni en otros, la veracidad de las grabaciones. Su autenticidad, y la gravedad de su contenido, tampoco dejaron dudas en el ámbito legislativo, donde a González Daher no le quedó más remedio que asumir su responsabilidad política. Fue apartado del Jurado de Enjuiciamiento y expulsado de la Cámara de Senadores por todos los miembros presentes, 30 votos a cero, el 22 de diciembre de 2017. Meses después volvió por gentileza de las listas sábana y se vio obligado a renunciar definitivamente ante la inevitabilidad e inminencia de una segunda destitución.
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Según queda implícito en la pregunta de la abogada Parquet, los ciudadanos solamente tendrían derecho a conocer grabaciones, documentos o cualquier evidencia si son obtenidos con aval de autoridad competente. Esto es tan absurdo como pretender declarar ilegal el periodismo de investigación independiente, que se caracteriza precisamente por sacar a luz lo que las autoridades o los poderosos buscan ocultar.
Con ese criterio, tendrían que haber sido procesados y condenados Bob Woodward y Carl
Bernstein, quienes expusieron a Richard Nixon con fuentes anónimas en el caso Watergate. O sus jefes Katharine Graham y Ben Bradlee unos años antes, por haberse hecho responsables de la publicación de los “Papeles del Pentágono”, clasificados como secretos.
Ni el Presidente de la nación más poderosa del mundo pudo lograr algo así sin quebrantar las mismas bases de su sistema democrático, tal como lo señaló el magistrado Hugo Black en el célebre fallo de la Corte Suprema de los Estados Unidos el 1 de julio de 1971: “Con la Primera Enmienda los Padres Fundadores han dado a la prensa libre la protección que debe tener para desempeñar su función esencial en democracia: la prensa libre debe servir a los gobernados, no a los gobernantes”.
Hay que entender que la libertad de prensa, la libertad de expresión, el derecho a la información, consagrados en los artículos 26 a 29 de la Constitución Nacional, no están instituidos para proteger privilegios de los periodistas, sino derechos de los ciudadanos. Cuando Sara Parquet, y por ende su defendido Óscar González Daher, intentan amedrentar a Mabel Rehnfeldt, el ataque es a la ciudadanía y a su derecho a informarse y a discernir por sí misma, sin intervención de ninguna autoridad, ni judicial ni de ningún tipo.
Las condenas a periodistas por divulgar información veraz de interés público son propias de los regímenes totalitarios. Les recordamos a Sara Parquet y a Óscar González Daher que, aunque les cueste aceptarlo, van a cumplirse 32 años desde la caída de la dictadura.