La discusión sobre la ley más importante de la República, después de la Constitución Nacional, entró en su etapa decisiva en el Congreso. Están echadas las cartas sobre el Presupuesto General de la Nación (PGN) 2021 sin nada nuevo bajo el sol. Los legisladores, tanto senadores como diputados, han incorporado aumentos en los gastos rígidos, puntualmente en pagos de remuneraciones a los funcionarios, y más deudas, pese a las advertencias del nuevo ministro de Hacienda, Óscar Llamosas, quien en forma tajante sentenció inicialmente que el Estado no podía soportar “ni un guaraní más de aumento”. Más tarde, para sorpresa de todos, el mismo Llamosas afirmó, suelto de cuerpo, que el plan parido por la Cámara Alta es “administrable”. Nuestras autoridades vuelven a burlarse de la ciudadanía, la que en un futuro cercano finalmente terminará pagando los platos rotos.
El Senado aprobó la semana última un proyecto de ingresos y gastos públicos de 13.010 millones de dólares, una cifra que representa un incremento de casi 96 millones de dólares con relación al dictamen emitido por la Comisión Bicameral de Presupuesto. El plan incorpora un fuerte déficit fiscal (más gastos que ingresos financiados con endeudamiento) que se estima representará el 4% del Producto Interno Bruto (PIB), endeudamientos multimillonarios en bonos del Tesoro y organismos multilaterales, y un escaso crecimiento de las recaudaciones tributarias, fruto de la crisis de la pandemia que impondrá su efecto arrastre en el 2021.
Desde hace muchos años se da por sentado que nuestro Presupuesto público tiene una estructura que no soportará ya mucho tiempo. Los gastos rígidos (remuneraciones al personal activo, beneficios a los pasivos, pensiones y deudas) absorben todo lo que recauda el Estado de manera genuina. Las obras de infraestructura dependen exclusivamente del endeudamiento. Lo peor, organismos internacionales como el Fondo Monetario Internacional (FMI) y el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) han confirmado lo que desde hace mucho viene siendo denunciado por este diario: la existencia de un gigantesco malgasto público, que según esta última institución se estima en 3,9% del PIB, unos 1.600 millones de dólares anuales. Malgasto que proviene de erogaciones en funcionarios innecesarios, burocracia inoperante, robos y corrupción en contrataciones públicas, solo por citar algunos.
Pese a las dificultades proyectadas en las recaudaciones, la crisis que aún soporta el país y los defectos estructurales consabidos del Estado, los senadores han aprobado incrementos de remuneraciones para algunas instituciones, en ciertos casos hasta de reconocida necesidad como el Ministerio de Justicia para guardiacárceles. Asimismo, adicionó endeudamiento. El día que fue discutido el documento trascendió que de manera silenciosa se han previsto rubros para subas de salarios, gastos de representación y aguinaldo para funcionarios del Senado y del programa denominado Congreso Nacional. El despropósito lo incluyeron aquellos que deberían dar el ejemplo de racionalidad y lo hicieron a pedido del mismísimo presidente del Parlamento, Óscar “Cachito” Salomón. Casi 7.000 millones de guaraníes adicionales que deberán salir del bolsillo de la ciudadanía.
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Ya los diputados habían incorporado otros rubros, como 60.000 millones de guaraníes más para los partidos políticos, 5.000 millones para las ONG y 22.000 millones adicionales para la Corte Suprema y el Ministerio Público. El mayor despropósito se dio en la Cámara Alta donde los senadores han aprobado los recursos para pagos de los denominados “aumentos mau”, que fueron rechazados en su momento del Presupuesto 2019, uno de los escándalos más vergonzosos en la historia legislativa que asignó a funcionarios elegidos a dedo, de varias instituciones, suculentas mejoras salariales sin ningún tipo de criterio meritocrático, priorizando solo intereses de la politiquería, del amiguismo y hasta sexuales. Fiel reflejo del manejo prebendario a lo que nos tienen acostumbrados.
La pandemia ha puesto al país en una situación económica sumamente delicada, multiplicando el cierre de las empresas y dejando un tendal de compatriotas sin empleo. Según una encuesta de la Asociación de Emprendedores del Paraguay, nueve de cada diez micro, pequeñas y medianas empresas (mipymes) han sufrido una reducción media del 50% en sus ingresos brutos. La expectativa de recuperación es incierta para el 2021, aunque las autoridades auguran que la economía se recuperará gracias a un efecto rebote.
Los números del proyecto de presupuesto público 2021 están definidos. Ahora las cámaras deberán optar por uno de los planteamientos: o la versión Diputados o la del Senado. Ambas son malas en cuanto a la advertencia que se les hizo desde el principio, respecto a que las arcas públicas ya no soportan un guaraní más de aumento de gastos innecesarios que solo vuelven más rígido el manejo del Estado.
La ciudadanía no debe quedarse cruzada de brazos ante lo que está ocurriendo, debe presionar con toda su fuerza a los responsables a acelerar las reformas, como la del servicio civil, de contrataciones públicas y de la Caja Fiscal. Si esto no ocurre, debemos ser conscientes de que se vienen momentos difíciles para nuestra patria. Es lamentable, pero los irresponsables de siempre volvieron a hacer de las suyas.