Las dos varas del Gobierno

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El país fue testigo, días pasados, de cómo el Gobierno permitió a sus violentos piqueteros aglomerarse en el centro histórico de Asunción, sin observar ninguna de las medidas sanitarias que impone, decretos mediante, al resto de la ciudadanía. Ocurre que los piqueteros vinieron a generar la excusa, la crispación abusiva, que permitió al oficialismo regalar 25 millones de dólares en dos años a sus operadores electorales. Luego, no convenía a las autoridades molestar a sus aliados con el covid-19. Ningún policía los multó, ninguno les impidió juntarse y rejuntarse, ninguno evitó que los violentos expusieran al contagio a las personas a las que rodearon, intimidaron o golpearon. Ningún fiscal intervino, ninguno los imputó como se hizo con más de diez mil paraguayos “por violar las normas sanitarias”. El Gobierno que sufrimos tiene dos varas: una para sus amigos delincuentes y otra para los paraguayos decentes. Aquella, asegura impunidad y esta asegura opresión. Es necesario restablecer la igualdad y la libertad.

El país fue testigo, días pasados, de cómo el Gobierno permitió a sus violentos piqueteros aglomerarse en el centro histórico de Asunción, sin observar ninguna de las medidas sanitarias que impone, decretos mediante, al resto de la ciudadanía.

Ocurre que los piqueteros vinieron a generar la excusa, la crispación abusiva, que permitió al oficialismo regalar 25 millones de dólares en dos años a sus operadores electorales. Luego, no convenía al Gobierno molestar a sus aliados con el covid-19. Ningún policía los multó, ninguno les impidió juntarse y rejuntarse, ninguno evitó que los violentos expusieran al contagio a las personas a las que rodearon, intimidaron o golpearon. Ningún fiscal intervino, como Teresa Sosa lo hizo durante los últimos ocho meses, ninguno los imputó como se hizo con más de diez mil paraguayos “por violar las normas sanitarias”.

Para el Gobierno, sus piqueteros son inmunes al covid-19, del mismo modo como quedan impunes cuando violan las leyes. El ministro de Salud, Julio Mazzoleni, no preparó para ellos ningún decreto y se limitó a tratarlos con la misma “deferencia” que suele otorgar a Horacio Cartes cada vez que el expresidente necesita sortear las normas sanitarias.

Diametralmente opuesto fue el trato que el Gobierno impuso a los creyentes católicos y a los trabajadores de la capital del departamento de Cordillera, con motivo de las festividades de la Virgen de Caacupé.

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Sendos decretos gubernamentales, el 4330 y el 4410, restringen derechos de tránsito, de trabajo, de reunión, de culto, como si los creyentes y los trabajadores fueran delincuentes de riesgo. Mazzoleni impetra contra ellos las más duras descalificaciones (“relajamiento irresponsable”), la Policía los sanciona con multas, los fiscales los amenazan con procesarlos penalmente.

Lo que el Gobierno debió hacer con los piqueteros se realiza con los creyentes y los trabajadores, lo que expone de cuerpo entero la escala de valores del presidente Mario Abdo Benítez y sus cómplices: la conveniencia política es lo único que interesa a estos oportunistas.

El covid-19 puede causar estragos entre los creyentes, pero no entre los piqueteros, según el Gobierno y los fiscales; entre los trabajadores, pero no entre los operadores políticos.

El Gobierno insiste en la política dictatorial de esgrimir la pandemia como excusa para suprimir derechos según la cara del cliente. La Constitución no autoriza semejante cosa. Ella no dice que la lucha por la salud supone su supresión.

El covid-19 es en realidad una excusa de los autoritarios para aplicar selectivamente la fuerza coercitiva del Estado, como ocurría en los tiempos del general Alfredo Stroessner, figura venerada por Abdo Benítez quien, por lo que está haciendo, va más allá de admirar al viejo dictador, ya que pretende emularlo.

Se ha dispuesto el cierre de comercios y balnearios en la zona de Caacupé, pero probablemente estos generen menos riesgo de contagio que la aglomeración de patoteros disfrazados de “campesinos”, que organizó el Gobierno.

A los violentos piqueteros, 25 millones de dólares de premio, a los trabajadores de Caacupé el cierre de sus negocios. A los que se esfuerzan, palo, a los que medran, premios.

Los trabajadores de la capital cordillerana producían diez millones de dólares anuales, en promedio, con cada festividad de la Virgen. Dinero legítimo, ganado con esfuerzo, generador de mano de obra, bien distribuido. A ellos el Gobierno les cancela el derecho a trabajar.

Diez millones de dólares que les daban independencia para poder decir al Gobierno que es una porquería. Ahora el mismo Gobierno los redujo a mendigos de “ayuda”, condicionada a que no se haga ninguna crítica.

Cerrando calles, los piqueteros ganaron 25 millones de dólares. ¿Quién querría trabajar decentemente cuando las autoridades castigan el esfuerzo y promueven la violencia como sistema de apropiaciones? El Gobierno que sufrimos tiene dos varas: una para sus amigos delincuentes y otra para los paraguayos decentes. Aquella, asegura impunidad y esta asegura opresión. Es necesario restablecer la igualdad y la libertad. Urgente.