El gobierno de Mario Abdo Benítez está preparando el terreno, mediante un intenso bombardeo mediático, para imponer al país un retroceso en el sistema de restricción de derechos vigente desde marzo pasado con la excusa del covid-19. Arguye el Gobierno que hay un aumento sostenido de casos que pone en peligro la capacidad del sistema de salud de prestar atención adecuada a los que desarrollen cuadros graves de la enfermedad convertida en pandemia.
Es un reconocimiento expreso de que el sistema de salud no fue fortalecido de manera suficiente, a pesar de que se suspendieron prácticamente todos los derechos ciudadanos, desde marzo hasta agosto, y todavía muchos siguen restringidos hasta ahora, con el supuesto objetivo de dotarlo adecuadamente, y de que se endeudó al pueblo paraguayo por 1.600 millones de dólares con ese fin, asignando alrededor de 600 millones específicamente a dicho fortalecimiento.
Pero esa confesión del Gobierno tiene el perverso objetivo de ocultar el relajo ocasionado por él mismo cuando por coimas habilitan balnearios o canchas clandestinos; cuando por conveniencia política junta multitudes de piqueteros o hace la vista gorda para sus socios o cuando la Policía incumple sus obligaciones de vigilancia y persuasión.
La suspensión de derechos ciudadanos, reunión, tránsito, culto, trabajo, significó que cuatrocientos mil compatriotas fueran condenados a volver a la pobreza de la que habían salido con mucho esfuerzo. Alguien podría decir que tamaño sacrificio valdría si con él se preparaba suficientemente al sistema de salud o si se moralizaba la gestión oficial de la pandemia.
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Pero el Gobierno confiesa que no hizo lo uno y oculta lo otro, y que por eso no encuentra mejor manera de combatir al covid-19 que volver a restringir derechos, que volver a impedir el trabajo y el consumo.
Desde marzo, el pueblo paraguayo aprendió a cuidarse. Los protocolos sanitarios han mostrado eficacia plena en los emprendimientos formales de una comunidad laboriosa y disciplinada, y los profesionales de salud se desempeñan con creciente eficacia a pesar de las limitaciones que les impone la incompetencia oficial. Pero eso no interesa al Gobierno, que impondrá a los que cumplen la carga originada en quienes, con anuencia estatal, no cumplen.
El mismo Gobierno que impidió con todos los medios a su alcance el castigo de los numerosos hechos de corrupción que jalonan sus adquisiciones sanitarias; el mismo Gobierno que mostró una incompetencia memorable en ejecutar los antes señalados recursos para Salud; el mismo Gobierno que permite a sus piqueteros y a sus socios del grupo Cartes violar las normas de cuidado para el covid 19; ese Gobierno dice ahora que en lugar de corregir sus errores, ajustar sus procedimientos, acabar con la impunidad, prefiere volver a restringir los derechos de los paraguayos.
Los de los pequeños y medianos empresarios, de los trabajadores de esos emprendimientos, de miles y miles de esforzados ciudadanos a los que se sacrificará una vez más en lugar de los privilegiados violadores de las normas sanitarias.
Y no hay un solo funcionario castigado.
Como si nada de todo lo anterior fuera evidente por sí mismo, el oficialismo acusa a sus víctimas de los males que él causa, y pretende castigar a los inocentes para prestar impunidad a los culpables.
Tras ocho meses de encierros, tras ocho meses de ineficiencia y corrupción con la plata, tras ocho meses de perder trabajos, negocios, oportunidades, tras ocho meses en que incluso se dejó a los chicos sin escuelas, el Gobierno pretende actuar de nuevo contra el pueblo.
Mario Abdo Benítez carece de altura moral y política para ralentizar aún más la normalización de actividades en nuestro país. Si alguien se relajó, fue él con todas las perforaciones que apañó frente al covid-19. Ya no tiene legitimidad para exigir más sacrificios al pueblo paraguayo, pues él no los hizo.