Increíblemente, tras haber hecho todo cuanto estuvo a su alcance para no rescindir el fraudulento contrato Metrobús –implementado con irregularidades por su antecesor en el cargo, Ramón Jiménez Gaona, con la empresa constructora portuguesa Mota-Engil–, ahora el ministro de Obras Públicas y Comunicaciones, Arnoldo Wiens, pretende de nuevo meter la mano en la lata del fisco a fin de seguir abultando la espuria deuda tirada a espaldas de los contribuyentes paraguayos por el cuestionado gobierno de Horacio Cartes, con la decidida y presta complicidad del actual presidente de la República, Mario Abdo Benítez, políticamente sometido al mismo.
En tal sentido, basta recordar que el actual titular del MOPC tardó más de un año en finiquitar la correspondiente auditoría de gestión del malhadado proyecto de transporte público de pasajeros a fin de deslindar responsabilidades y proceder a la cancelación del amañado contrato con la taimada empresa portuguesa. Irónicamente, aprovechó dicho lapso para seguir habilitándole frentes de trabajo irregulares y pagándole puntualmente, con la solapada complicidad del Banco Interamericano de Desarrollo (BID), la entidad financiera del proyecto.
Para completar esta antipatriótica apuesta en contra del interés público, el ministro Wiens, como burlándose de la indignación pública, le encomendó furtivamente a la empresa portuguesa que procediera a remover el adefesio estructural construido a lo largo de la avenida Mariscal Estigarribia y con lo que la misma logró alzarse con más de US$ 30 millones. En vez de agradecer la filantropía del ministro Wiens, Mota-Engil aceptó dar por finiquitado su contrato, pero demandando al Estado paraguayo ante dos instancias internacionales de solución de controversias comerciales, en reclamo de US$ 25 millones, por supuestos daños y perjuicios.
Como advertimos en los inicios del proyecto, estas instancias salen habitualmente a favor de los intereses de las empresas y corporaciones de capital privado, antes que a favor de los Estados demandados. Para hacer frente a dicha demanda, y otra de menor monto promovida por la firma uruguaya Serviam SA Paraguay, el MOPC está a punto de contratar los servicios de una “asesoría” y “representación” por un monto de más de G. 20.000 millones. En efecto, una consultora francesa presentó una oferta de US$ 3,4 millones para realizar dichas tareas. Esto, pese a que se suele decir que el citado ministerio tiene en su nómina a más abogados que ingenieros. En ambos casos será probablemente un dinero público inútilmente despilfarrado. Lo que es seguro es que el MOPC debiera echar mano a esos profesionales del Derecho, con lo que ahorraría un montón de dinero.
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Sin descartar, empero, que algunos concusionarios que nunca faltan en la administración pública estén a la pesca de una porción del habitualmente inflado “overhead” de las firmas consultoras, como al parecer se ha hecho costumbre en dicha cartera de Estado. De hecho, durante la administración del exministro Ramón Jiménez Gaona, fue práctica administrativa corriente la contratación temporal de personal técnico y administrativo a un alto costo per cápita a través de firmas consultoras, de preferencia internacionales, con asientos contables en un país extranjero, tales como Deloitte (Reino Unido), Idom Ingeniería (chilena) y otras, supuestamente para aumentar el nivel de ejecución presupuestaria.
Llamativamente, siguiendo esta práctica, actualmente otras instituciones públicas se han sumado al MOPC en la política de contratación de servicios personales a través de empresas consultoras, encareciendo innecesariamente la mano de obra, tal como la tradicionalmente corrupta e ineficiente Industria Nacional del Cemento (INC), que aprovechando la situación excepcional provocada por la pandemia del covid, ha procedido a un llamado de licitación para la contratación, a través de consultoría, de 83 empleados más, que se sumarían a los 1.050 funcionarios que ya tiene la institución.
Sin ánimo de crítica personal, aunque sí de gestión institucional y de patriotismo, la iniciativa del ministro Wiens solo puede calificarse de bochornosa, habida cuenta de que en estos momentos las finanzas del Estado están en su más bajo nivel y sus compromisos en los campos de la salud, la economía y la asistencia social se han tornado críticos a raíz de la pandemia, que hasta ahora no tiene visos de mitigación.
Más allá de la precedente digresión, lo concreto es que con relación al amañado contrato con la constructora portuguesa Mota-Engil, lejos de poner distancia de las dudosas gestiones de su predecesor en el cargo, el ministro Wiens ha dado desconcertantes indicios rayanos a la complicidad con el mismo, en una apuesta en contra de los intereses económicos de la nación con relación al fraudulento proyecto metrobús.
Siendo este proyecto uno de los principales encarados por el Gobierno de Horacio Cartes, es probable que con la “Operación cicatriz” en marcha, que es más parecido a un pacto para ponerles parches cicatrizantes a los turbios negocios, la gran estafa del metrobús a la ciudadanía quede impune y sus responsables disfrutando de la fresca viruta. Para confirmar, una vez más, aquello de que en Paraguay hay delitos, pero no delincuentes.