Los secuestros son desde hace años una fuente de generación de recursos en todos los frentes. Los criminales del autodenominado Ejército del Pueblo Paraguayo (EPP) extorsionan a sus víctimas y familiares para obtener dinero que estos ganaron con su esfuerzo decente. Los gobernantes asignan fortunas a lo que llaman la lucha contra el EPP a través del Comando de Operaciones de Defensa Interna (CODI). A esto hay que sumar que los familiares se ven imposibilitados de disponer de sus bienes libremente, ya que una ley se los impide, con el argumento de que no deben negociar con los secuestradores. De cualquier manera, son varias las familias que han pagado el conocido “impuesto revolucionario” para no ser secuestradas.
El Estado tiene todas las herramientas para un combate efectivo contra los grupos criminales que se dedican a esta actividad perversa, cuya consecuencia fue la privación de libertad y la muerte de personas inocentes.
El último secuestro tuvo como víctima al exvicepresidente Óscar Denis, hombre reconocido por su honestidad, trabajo y don de gente en la sociedad paraguaya. Luego de este hecho, el Gobierno totalmente incompetente y sin rumbo en el combate de este grupo, trasladó tropas, vehículos pesados, helicópteros y armamentos a la zona del secuestro. Todo esto se realizó con informe de todos los detalles a la prensa, por lo que se trató claramente solo de una movida mediática sin sentido.
En otra oportunidad, durante el gobierno de Horacio Cartes, se envió hasta helicópteros, más una aparatosa movilización de tropas, y la Fuerza de Tarea Conjunta (FTC) convocó a la prensa para que filme cómo disparaban munición gruesa contra árboles en el monte. Como era de esperar, no hubo bajas entre los ilegales.
La última convocatoria a los medios que hicieron las hijas de Óscar Denis en la plaza Libertad de la ciudad de Concepción, mostró el rostro de una familia angustiada y sin esperanzas. Sus manifestaciones fueron directas, reclamando resultado en la búsqueda de las personas secuestradas. Recordaron al Gobierno que la libertad de las personas está garantizada por la Constitución Nacional y, por lo tanto, nadie debe estar secuestrado.
Resulta inentendible que, a pesar de recibir millones de dólares para el mantenimiento del CODI, sin olvidar los gastos reservados de que dispone el Presidente de la República, no se haya logrado el rescate de ningún secuestrado. Los liberados hasta ahora, como lo indicó Beatriz Denis, lo fueron debido a negociaciones de la familia con los criminales. En medio de su congoja, la citada hija del secuestrado exvicepresidente, dijo una gran verdad, que los maleantes llevan ganados en la lucha contra las fuerzas del orden, “no mil, sino dos mil a cero”.
La sociedad se pregunta frecuentemente si los personales de inteligencia y operativos están capacitados para someter a la justicia a los secuestradores o si es la decisión de los gobiernos que esta lacra nunca acabe, por ser conveniente para algunos.
Más allá de discursos políticos vacíos de supuesta voluntad de combatir al EPP y sus desmembraciones, los resultados, como bien dijo Beatriz Denis, son nulos. No solo no se ha logrado recuperar a Óscar Denis, Félix Urbieta y Edelio Morínigo de su cautiverio, sino que tampoco brindan noticias respecto del avance de su búsqueda. Las autoridades, desde el Presidente de la República para abajo, continúan malgastando recursos y haciendo lo mismo que siempre, por lo que seguirán cosechando fracasos.
Los responsables de brindar seguridad a los ciudadanos deben cambiar su estrategia para cumplir con su obligación. Ya no es tiempo de discursos o excusas, que no sirven para quienes han perdido a sus familiares por obra y gracia de secuestradores, tuvieron que pagar para no ser secuestrados, o piden auxilio sin tener respuesta.
Si no están en condiciones de hacer su trabajo con eficiencia, deben renunciar y dejar la lucha a personas que verdaderamente estén comprometidas con la defensa de los ciudadanos como manda la Constitución.