El exfutbolista argentino Juan Manuel “Piti” Lucero Campos, recordado en nuestro país por su paso en varios clubes, deberá afrontar un juicio oral y público tras confirmarse la elevación de su causa judicial.
Así lo determinó el Juzgado Penal de Garantías N° 7 de Asunción, al admitir la acusación presentada por la agente fiscal Carina Serón y la querella adhesiva por la supuesta comisión del hecho punible de incumplimiento del deber legal alimentario.
Casi un año y medio prófugo de la Justicia
El proceso contra el exjugador venía arrastrándose debido a que Lucero se declaró en rebeldía y se mantuvo prófugo durante casi un año y medio, lo que en su momento obligó a las autoridades a emitir órdenes de captura tanto a nivel nacional como internacional a través de Interpol.
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Tras esquivar a la Justicia, el acusado finalmente se presentó para solicitar el levantamiento de su estado de rebeldía y someterse al proceso.
Para evitar ser remitido de forma directa a un centro penitenciario, el Tribunal de Sentencia le impuso medidas alternativas a la prisión. Lucero tuvo que ofrecer una fianza real mediante una garantía sobre un inmueble que está a nombre de su actual pareja, además de una fianza personal de 50 millones de guaraníes otorgada por un conocido suyo, según explicó Luis Aldama abogado de la querella adhesiva.
Entre las reglas que debe cumplir estrictamente se encuentran la prohibición de salir del país, la fijación de un domicilio y la firma mensual obligatoria del libro de secretaría.
Asimismo, los magistrados condicionaron su libertad condicional. Para mantener el beneficio de las medidas alternativas, el exdeportista está obligado a abonar mensualmente la suma de 3 millones de guaraníes correspondientes a la asistencia alimentaria actual a partir de ahora, de forma totalmente independiente a la millonaria deuda retroactiva que se discutirá en el juicio.
Una cuenta judicial en cero desde el 2019
De acuerdo con los datos recabados de la investigación y las declaraciones del abogado Luis Almada, la cuenta judicial abierta en el Banco Nacional de Fomento (BNF) para el depósito de la asistencia de la menor no registra un solo movimiento ni aporte por parte de Lucero desde el mes de junio de 2019 hasta la fecha.
El monto original de la prestación fue fijado en el año 2012 por el Juzgado de la Niñez y la Adolescencia y asciende a la suma de 3 millones de guaraníes mensuales.
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La acusación formal del Ministerio Público detalla que el exfutbolista incumplió de manera consecutiva los pagos de siete meses del 2019, los 12 meses completos de los años 2020, 2021, 2022 y 2023, y los primeros seis meses del 2024, lo que arroja una suma parcial de 183 millones de guaraníes dentro del lapso investigado para esta elevación. Por su parte, la querella añade que, recalculando los meses atrasados hasta el día de la acusación formal, la deuda real ya trepó a los 201 millones de guaraníes.
La falta de responsabilidad del procesado va más allá, pues según el representante legale de la madre, Lucero tampoco depositó un solo guaraní durante los últimos 17 meses transcurridos (desde enero de 2025 hasta hoy), una conducta reiterativa que ya motivaría a la presentación de una nueva denuncia penal en su contra.
Ostentación en redes sociales versus supuesta insolvencia
Se solicitaron diversos informes a la Dirección General de los Registros Públicos, al Instituto de Previsión Social (IPS) y a la Dirección Nacional de Ingresos Tributarios (DNIT) para verificar los bienes del acusado en el país, además de pedir un exhorto a la República Argentina, lugar donde reside Lucero, para indagar sobre su situación laboral y patrimonial real.
Entre las pruebas admitidas para el debate público figuran registros migratorios de desplazamientos internacionales y capturas de pantalla de redes sociales donde Lucero presume un nivel de vida ostentoso, viajes y lujos, lo que resulta inadmisible frente a la deuda de los derechos básicos de su hija.