Se realizó el miércoles pasado en el Palacio de Gobierno uno de los tantos actos de compromiso formal de parte de los titulares de los tres Poderes del Estado. El mismo consistió en la presentación del Plan Nacional de Integridad, Transparencia y Anticorrupción 2021-2025. Para la implementación del plan se contará con la asistencia del Gobierno de los Estados Unidos de América.
Se pretende desarrollar seis ejes estratégicos: Transparencia, Acceso a la información pública y participación ciudadana, Desarrollo del sistema y de la cultura de la integridad, Función pública: integridad y mérito, Marco de control en las compras públicas y en los sistemas de control interno y de riesgo, Capacidad de investigación y sanción del Estado frente a actos de corrupción.
Como se dice vulgarmente, “el papel aguanta todo”, con lo que se quiere significar que no necesariamente es practicable en la realidad aquello que se escriba en un documento. Nuestro país, a través de sus autoridades, ha firmado innumerables compromisos relacionados con el combate a la corrupción, pero los incumple sistemáticamente, lo que responde a los beneficios que genera mantener esquemas delincuenciales en todo el aparato del Estado.
En la firma del Plan estuvieron el presidente de la República, Mario Abdo Benítez; el presidente del Congreso, Óscar “Cachito” Salomón, y el titular del Poder Judicial, Alberto Martínez Simón. También estuvo presente la fiscala general del Estado, Sandra Quiñónez. Para analizar la situación por la que atraviesan los tres Poderes del Estado, podemos hacerlo con algunas preguntas que deberían responder ante la ciudadanía.
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¿Qué hizo concretamente el Presidente de la República contra los corruptos que tiene en su entorno? ¿Tomó alguna decisión de cambio ante los escándalos de Petropar, compra de insumos chinos, intento de venta ilegal de energía eléctrica, etc.? La respuesta a la primera pregunta es: nada. A la segunda se podría responder que designó a Mónica Seifart, asesora jurídica de la Presidencia, presuntamente involucrada en manejos dudosos en uno de los casos mencionados, como su representante ante el Consejo de la Magistratura. En todas las oportunidades que tuvo para mostrar acciones y decisiones firmes, miró a otro lado. Se ocupa de sellar acuerdos internos con sectores de su partido, que le permiten seguir en el cargo.
En cuanto al Poder Legislativo, el sector público más desprestigiado en la sociedad, ¿cuáles fueron sus cambios relevantes en cuanto a transparencia y anticorrupción? Los miembros del Congreso acumulan la mayor cantidad de poder y garantizan impunidad cuando esto conviene a las claques. En la Cámara de Diputados siguen protegidos personajes como Carlos Portillo, Ulises Quintana y Tomás Rivas. Lo rescatable de la Cámara de Senadores es la expulsión de su seno de miembros involucrados en casos de uso indebido de influencias, aunque sigue pendiente el tratamiento de los casos de Javier Zacarías Irún y Rodolfo Friedmann.
El Poder Judicial, con una pésima imagen ante los ciudadanos, tiene a algunos miembros involucrados en un juicio donde jueces y fiscales trafican influencias, actuando como peajeros para sacar tajada en su beneficio, vendiendo sentencias al mejor postor. ¿Hizo el presidente de la Corte Suprema de Justicia algo para cambiar este estado de cosas? ¿Cuántos jueces y fiscales fueron denunciados ante el Jurado o la Justicia Ordinaria por hechos de corrupción? La deuda en este sentido es enorme.
De la fiscala general del Estado, sometida a la voluntad política desde siempre, nada serio puede esperarse. Las fiscalías funcionan como feudos, donde los agentes fiscales y asistentes fiscales son “dueños” de las investigaciones: para ellos, el servicio público no forma parte de su consciencia ciudadana. Imputan, desestiman o congelan casos según su interés financiero o político. No representan a la sociedad como indica la Constitución, son servidores de sus patrones políticos.
Por eso, la simple firma de convenios y presentación de planes, en actos pomposos, no sirven de nada cuando los responsables de ejecutarlos son los mismos de siempre, quienes no demuestran verdadera voluntad mediante acciones serias y transparentes.
Más allá de reuniones, convenciones, poses, promesas, los titulares de los Poderes del Estado deben ser patriotas y cumplir la Carta Magna y las leyes vigentes. Si lo hacen, denunciando y castigando a los corruptos que tienen a su lado, tendrán mayor credibilidad. Mirar a otro lado cuando frente a sus narices se roba y se trafica fortalece los sistemas mafiosos, todo lo contrario a lo que se comprometieron al presentar el Plan Nacional de Integridad.
Menos promesas y más acciones es lo que se espera de todos ellos, ya que hasta ahora son los principales responsables de que la corrupción goce de buena salud.