No es novedad que el sistema judicial está totalmente podrido hasta la médula. La selección de fiscales y jueces es una farsa que se monta para dar al pueblo la sensación de que las personas acceden a esos cargos por idoneidad. Pero cuando vemos la manera en que realizan su trabajo estos mercaderes, cumpliendo órdenes de quienes los colocaron en sus lugares, nos percatamos de que son además de incompetentes, corruptos.
El ejemplo que está a la vista de todos es el juicio a Óscar González Daher, uno de los amigos más cercanos a Horacio Cartes, quien parece ser el amo y señor del Ministerio Público hace años. Se asemeja a un guion de película de mafias, pero es la realidad. El acusado por tráfico de influencias fue, justamente, el patrón de la gran mayoría de fiscales y jueces por décadas. Se ubicó pronto en el Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados, ya cuando era presidente de la Cámara de Diputados y desde ahí, según revelan los audios, controlaba los juicios, utilizando a su secretario Raúl Fernández Lippmann y otros abogados para traficar influencias.
Este esquema fue puesto en evidencia por la prensa mediante el acceso a tales audios. Como es costumbre, lo que debió ser un trabajo de investigación del Ministerio Público, ya que es un secreto a voces, tuvo que ser realizado por ciudadanos comunes. Se esperaba ilusamente que, a partir de la noticia del crimen, los fiscales se empeñaran en realizar su tarea, identificando los casos, entrevistando a los afectados, indagando en los cruces de llamadas, investigando a jueces y fiscales, cuyos nombres aparecen en esos audios. Ninguno de los fiscales o jueces mencionados, algunos protagonistas de las conversaciones delincuenciales de tráfico, fueron investigados ni imputados. De hecho, la jefa de los agentes fiscales, Sandra Quiñónez, fue designada en el cargo por Cartes, a quien parece responder enteramente.
¿Cómo se explica que el objeto de la acusación sea tráfico de influencias en el sistema judicial, donde los protagonistas son jueces, magistrados, fiscales, asistentes fiscales y secretarios, pero entre los acusados no haya uno solo de los operarios del nefasto Poder Judicial? ¿Por qué los fiscales del caso no investigaron a sus colegas y a jueces a cargo de los casos que traficaban los acusados según los audios? ¿Por qué la acusación no incluyó coacción a los perjudicados por los casos manipulados?
Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy
El Ministerio Público, órgano de persecución de los delitos, representante de la sociedad, muestra toda su incompetencia, complicidad e inoperancia en el juicio contra el séquito acusado de mafioso. El colmo se dio en una reciente sesión de la audiencia, cuando debía reproducirse el DVR que contenía grabaciones del circuito cerrado de los accesos al Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados del 2017. La prueba no pudo producirse porque ¡los fiscales “no tenían la contraseña”!, con lo cual se perdió una prueba en uno de los juicios más importantes de las últimas décadas. Es irrelevante lo que pretendían probar, o el contenido del circuito cerrado. Lo importante es la inutilidad de quien representa a la sociedad, cuya única tarea es preparar el juicio con las evidencias y pruebas para convencer al tribunal de que los acusados sean condenados. No lo hicieron, por lo cual deben ser enjuiciados y destituidos, pero eso no pasará, ya que sus acusados siguen controlando el sistema, y ese “error” será premiado con algún ascenso en breve.
Nada de lo que pasó durante el curso de este juicio o parodia de juicio es casualidad. La periodista Mabel Rehnfeldt, que difundió los audios, fue amedrentada en pleno juicio con la complacencia del tribunal; se ubicaron piezas en el Consejo de la Magistratura; el senador Antonio Barrios “sin darse cuenta”, en plena sesión virtual legislativa, apunta las cámaras de su teléfono hacia sus compañeros de la mesa: Horacio Cartes y Óscar González Daher. Según el mismo presidente del Congreso, no es relevante que un senador expulsado y un expresidente investigado por lavado en Brasil formen parte de una sesión de la Cámara.
Esto podría ser considerado un accidente, si no fuera porque el juicio de González Daher, Oviedo Matto y compañía está llegando a su fin. Se trata de un mensaje claro para todos, jueces, fiscales y ciudadanía en general: la operación cicatriz sigue a paso firme.
Es de esperar que no sea la crónica de un final anunciado, y que el tribunal de sentencia cumpla su labor con patriotismo. La sociedad paraguaya está harta de ver cómo los delincuentes son blanqueados, mientras las cicatrices de los robos y atropellos nunca sanan.