En el primer semestre de este año, el Estado favoreció a 34 adjudicatarios con 201 millones de guaraníes en total, aplicando el margen de preferencia del 20% en las contrataciones públicas de carácter nacional, previsto en la Ley Nº 4558/11 para –supuestamente– estimular la producción de bienes y servicios de origen paraguayo. En virtud del mismo, al comparar la oferta más baja de un bien importado con la más baja de uno nacional, había que agregarle una suma equivalente a dicho porcentaje; si de la comparación resultaba que la oferta del bien producido en el país era la más baja, ella debía ser elegida para la adjudicación, aunque, como es obvio, implicara una carga adicional para el Presupuesto y, por extensión, para el contribuyente. Y aunque fuera de menor calidad.
Alegando la necesidad de reactivar la economía, afectada por la crisis sanitaria, el Congreso sancionó una ley que elevó el margen de preferencia al 40%, siendo objetada por el Poder Ejecutivo por razones que fueron ignoradas por ambas Cámaras, lo que obligó a promulgar una ley nociva para las finanzas públicas y contraria a la libre competencia. El veto se fundó en la necesidad de mantener la competitividad del país en el comercio internacional y de respetar los acuerdos con organismos multilaterales, aparte de que la normativa no tiene disposiciones especiales sobre las pequeñas y medianas empresas, aunque las menciona, y de que su vigencia tendría una duración indefinida, pese a que también se refiere a la pandemia. Estos argumentos no fueron refutados, salvo que se estime que sí lo hizo el senador Juan Bartolomé Ramírez (PLRA) al decir que “de la industria nacional aún no se compró una camioneta (!) y en las licitaciones entran otros con los requisitos y logran vender”, o sea que no haría falta cumplirlos.
El director nacional de Contrataciones Públicas, Pablo Seitz, había sugerido que el porcentaje del margen de preferencia no sea fijo, sino que llegue “hasta el 40%”, quedando la determinación a cargo de un decreto que “defina la diferencia de costos de los productos” y otorgue un margen de preferencia, “analizando caso por caso”. Dio como ejemplo el caso de los papeles: hay un fabricante local y pocos importadores; como se trata de un bien específico, cuyo precio es conocido, y son pocos los oferentes, el productor nacional podría verse tentado a aprovechar la ventaja que otorga la ley, aumentando artificialmente el precio. Desde luego, si fueran varios los productores locales, podrían acordar lo mismo, en perjuicio del erario. La propuesta del director nacional respondía al espíritu de la norma que rige las licitaciones públicas internacionales, según la cual debe optarse por bienes de origen nacional con “un margen de hasta del 10% de preferencia en el precio respecto de los bienes de importación, conforme a las normas de evaluación que se establezcan en el reglamento”.
Más allá de las muy probables triquiñuelas y de que la ley ahora en vigor dificultará la negociación de acuerdos comerciales con varios países, tal como lo señaló el exviceministro de Relaciones Económicas e Integración de la Cancillería y actual embajador en Aladi, Didier Olmedo, el tema de fondo es la conveniencia o no del proteccionismo como política de Estado para promover el empleo. Es incoherente que el Paraguay pretenda que se reduzcan o eliminen los subsidios y las barreras arancelarias que traban sus exportaciones agropecuarias y, al mismo tiempo, proteja a la producción nacional de la competencia de productos foráneos, a costa de afectar la capacidad adquisitiva de su propio Estado. Una de las demandas históricas de nuestro país ha sido la libre navegación de los ríos internacionales, estrechamente ligada al libre comercio, pero ahora resulta que, con el falso pretexto del coronavirus, se apela al proteccionismo anacrónico en un mundo globalizado, mal que les pese a quienes desean un mercado cautivo para no verse forzados a ofrecer productos atractivos en calidad y en precio, factores ambos a tener en cuenta a la hora de adjudicar un contrato. En adelante, bien podría pagarse mucho más por un mal producto, con tal de que sea de origen nacional, pues los legisladores creen que así se superaría la crisis económica y se darían muestras de un gran patriotismo.
Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy
Puede que “la patria contratista” esté de parabienes, pero no así la población en general. Lo que el Estado vaya a gastar de más para ciertas compras, será dinero perdido para otras, acaso más necesarias y que también podrían generar empleos, si se cree que el Presupuesto debe servir también para eso. Si así fuera, cabría preguntarse por qué no elevar el margen de preferencia al 60 o al 80%, ya que, según parece, ello haría que los puestos de trabajo se multipliquen y que la economía crezca como nunca antes. Sacando una arbitraria cifra de la galera, el senador Antonio Barrios (ANR, cartista) vislumbró la creación de 50.000 empleos con el sobrecosto del 40%, de modo que, si el porcentaje aumentara, se podrían obtener resultados aún más deslumbrantes, en buena lógica.
La desatinada ley en cuestión vulnera el principio de economía y eficiencia: las contrataciones públicas deben “sujetarse a disposiciones de racionalidad, austeridad y disciplina presupuestaria”; también infringe el principio de igualdad y libre competencia: en los procedimientos debe poder participar, “sin restricción y en igualdad de oportunidades”, todo potencial proveedor o contratista, que tenga solvencia técnica, económica y legal. Esta es una muestra más del engañoso populismo que, so capa de favorecer al país, solo sirve para satisfacer los intereses bastardos de quienes se enriquecen a costa del Estado, es decir, de todos.
La mejor manera de crear puestos de trabajo es brindar seguridad jurídica, fijar un marco tributario que no ahogue la iniciativa privada, dotar al país de obras de infraestructura y alentar la capacitación laboral. El proteccionismo no es más que un engañabobos. Esta ley debe ser atacada de insconstitucional, para devolver las cosas a su lugar correcto.