Los traficantes de influencia Óscar González Daher, Carmelo Caballero y Raúl Fernández Lippmann fueron finalmente condenados como debía ser, por uno de los hechos que se conocieron inicialmente gracias a la divulgación de audios que mostraban con crudeza de qué manera estas personas se asociaban para manejar ilícitamente casos dentro del Poder Judicial.
Este final esperado por la ciudadanía cansada de ver por años cómo estos grupos de delincuentes de cuello blanco se enriquecían, se dio a pesar del pésimo trabajo del Ministerio Público. En varios de los casos que formaron parte de la acusación, no aportaron la carga probatoria necesaria, aunque tuvieron el tiempo para hacerlo.
A pesar de esta negligencia, los acusados fueron condenados por el voto en mayoría de los miembros del tribunal María Fernanda García de Zúñiga y Héctor Capurro.
Uno de los momentos más llamativos fue la lectura que hizo el presidente del tribunal Juan Carlos Zárate, de su voto contrario a la condena. Sus argumentos basados en un hecho no sucedido, cual es la valoración de los audios en juicios, parecían un libreto de los abogados defensores.
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La condena de estos delincuentes por tráfico de influencias es la consecuencia de que decidieron libremente violar la ley y por lo tanto son reprochables según lo que dispone la legislación vigente. Desde que son reprochables, corresponde que cumplan la pena que indica el tipo penal.
La única manera en que una sociedad pueda recuperar la dignidad es poniendo en el banquillo de los acusados y condenando a los que destruyen los principios de la democracia, como la igualdad, la equidad, la vigencia de la ley, entre otros.
Resulta preocupante, sin embargo, la reiterada crítica que se escuchó del tribunal respecto de la investigación y aporte de pruebas que corresponde al Ministerio Público. En varias sentencias anteriores, al igual que en este caso, los tribunales de sentencia evidencian el pésimo trabajo de la fiscalía, que supuestamente representa a la sociedad.
Esta deplorable actuación de los fiscales permite la impunidad de varios delitos que, de haberse investigado con profesionalismo, hubiesen merecido probablemente una sanción.
La justicia sigue siendo manejada por grupos criminales. El resultado de la condena por tráfico de influencias es insuficiente, dejando de lado la gran mayoría de los casos, en particular la asociación criminal.
El Ministerio Público volvió a mostrar que está integrado por inoperantes serviles de grupos mafiosos, encabezados por la fiscala general del Estado, Sandra Quiñónez. Nunca investigaron los casos publicados, ni investigaron a jueces o fiscales, provocando la impunidad de manera deliberada.
La justicia tuvo la oportunidad de lavarse en algo la sucia cara que muestra a la ciudadanía hace años. Prefirió premiar a los grupos delincuenciales, los cuales salen fortalecidos, ratificando que nuestra sociedad seguirá sufriendo las consecuencias del tráfico de influencias, sometida a las asociaciones criminales.