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Solo con la ley de emergencia, el Estado paraguayo distribuyó desde el año pasado 4.954.710.000.000 de guaraníes en subsidios –740 millones de dólares al cambio actual–, sumados a los otorgados fuera de esa norma, sin considerar los múltiples que se pagan de manera indirecta o encubierta, y sin haber realizado, que se sepa, una razonable evaluación de impacto y resultados. Con el aval, y a menudo la iniciativa, del Poder Legislativo, el Gobierno de Mario Abdo Benítez ha llevado adelante una repartija sin precedentes del dinero de los contribuyentes, que debe detenerse de inmediato para no generar daños más severos y permanentes a las finanzas públicas, al futuro de la economía del país y de las familias que tendrán que cargar con la cuenta.
De acuerdo con la rendición del Ministerio de Hacienda, se erogaron 165.000 millones de guaraníes para el programa Ñangareko (“bonos alimenticios”); 1 billón 915 mil millones de guaraníes para la primera fase del programa Pytyvõ, dirigido a trabajadores informales; 382.000 millones de guaraníes para el Pytyvõ 2.0; 550.000 millones de guaraníes para reducción o condonación de tarifas de servicios públicos; 137.000 millones de guaraníes para programas del MAG que, en general, contemplan transferencias directas a organizaciones e individuos; 1 billón 700 mil millones de guaraníes para garantías y apoyo financiero a micro, pequeñas y medianas empresas; 86.000 millones de guaraníes para gobernaciones y 26.000 millones para ollas populares.
Adicionalmente, el Estado transfirió 478.204 millones de guaraníes al Instituto de Previsión Social a cuenta de su deuda histórica con el ente, pero a condición de que se utilice el dinero en un virtual seguro de desempleo no contributivo y no previsto en su carta orgánica. También hubo dos aportes de capital, al Crédito Agrícola de Habilitación y a la Agencia Financiera de Desarrollo, de 120.000 millones de guaraníes cada uno.
Igualmente, se usaron 1 billón 465 mil millones de guaraníes de los fondos de emergencia en lo que llamaron “Mantenimiento del funcionamiento del Estado”, léase pago a funcionarios, en un año en el que dependencias enteras de la administración pública permanecieron poco menos que cerradas y sin actividad, o trabajando a medias en el mejor de los casos, pero en el que nadie dejó de cobrar salarios y bonificaciones.
A modo de referencia, hasta el momento se ejecutaron 8,3 billones de guaraníes en el marco de la Ley 6524, que declara estado de emergencia sanitaria en todo el territorio de la República por la pandemia del covid 19, pero apenas el 26,31% de ese monto se destinó a salud pública.
No sabemos qué va a pasar en 2021, pero más de 2 billones de guaraníes ya están incluidos como subsidios directos en el presupuesto aprobado por el Congreso y el Poder Ejecutivo, que prevé 1 billón 402 mil millones de guaraníes para pensiones a adultos mayores, 187.000 millones de guaraníes para pensiones varias, 376.000 millones de guaraníes para el programa Tekoporã, 42.904 millones de guaraníes para partidos políticos, 34.438 millones de guaraníes para distintas ONG, 33.581 millones de guaraníes para transporte público, 10.964 millones de guaraníes para bomberos voluntarios y 6.020 millones para pescadores.
Los subsidios no son indefectiblemente malos, pero deben estar bien focalizados, los beneficiarios deben estar bien identificados, tienen que tener objetivos medibles, sometidos a evaluaciones serias y permanentes, no pueden ser generalizados y deberían ser temporales. De lo contrario, además de insostenibles, son estructuralmente injustos, porque suponen una transferencia por parte de mayorías que no reciben ninguna ayuda ni beneficio, a minorías que no siempre se lo merecen ni son necesariamente las más desprotegidas de la sociedad. Por lo general los consiguen porque tienen peso político o capacidad de presión o connivencia con el poder, a costa del resto de la ciudadanía que no puede organizarse para defender los intereses generales.
Un ejemplo es la exoneración de aranceles de las universidades nacionales, que beneficia a una élite cuya educación superior es pagada por muchos que ni siquiera pueden enviar a sus hijos a una escuela básica de calidad, en vez de dejar que la universidad genere sus ingresos, los utilice para elevar su nivel de formación profesional y para otorgar créditos y becas a los jóvenes que realmente los necesiten. Otro ejemplo es el del transporte público, que favorece a pobladores de Asunción y del área metropolitana con un pasaje un poco más barato, pero la diferencia es sufragada por personas de todo el país.
Los subsidios, además, son peligrosos, porque suelen no tener vuelta atrás, tienden a crecer y crecer independientemente de que se justifiquen o no, que cumplan o no sus objetivos, sometiendo al erario público a una carga que fácilmente se puede volver insoportable, como lo prueba la experiencia de muchísimos países.
Una de las razones es que, si unos reciben, todos se consideran con el mismo derecho. Como muestra de ello, tras sigilosos cabildeos, hace algunas semanas se aprobó de manera meteórica una ley que otorga tres pagos de 3 millones de guaraníes a cada comerciante de ciudades fronterizas con Argentina y tres pagos de 500.000 guaraníes a cada trabajador informal de esas localidades. Actualmente negocian con el Gobierno una norma más realista y aplicable, pero lo más probable es que, una vez más, meterán la mano en el bolsillo de Juan Pueblo. Lo mismo ocurre con los que en estos días cierran la ruta cerca de Coronel Oviedo, supuestamente para exigir el cumplimiento del ampulosamente llamado “Proyecto de Restauración de los Sistemas de Producción de la Agricultura Familiar”, pero que en realidad solo están interesados en transferencias directas de dinero del MAG al Consejo Nacional de Productores Frutihortícolas.
Las presiones van a ser cada vez mayores, sobre todo ahora que se avecina un período electoral. ¿Se pondrá finalmente Mario Abdo Benítez a la altura del compromiso que asumió con la Patria, de velar por el interés nacional por encima del sectorial o partidario? La única manera que tiene de demostrarlo es frenando el derroche con responsabilidad y valentía, restaurando el equilibrio fiscal, y entregando un país sano, viable, bien administrado.