En lugar de fortalecer las instituciones democráticas, en muchas ocasiones, los responsables de los Poderes del Estado hacen lo contrario, atentando contra principios constitucionales. Esto es lo que sucedió recientemente en la localidad de Maracaná en el departamento de Canindeyú, donde debía darse cumplimiento a un desalojo ordenado por un juez en el asentamiento denominado 3 de Julio.
Increíblemente, se presentaron miembros de la Comisión de Reforma Agraria, los senadores Pedro Arturo Santacruz (PDP), Hugo Richer (Frente Guasu) y José “Pakova” Ledesma (PLRA) para impedir la actuación de los funcionarios judiciales y la Policía Nacional.
Con total naturalidad, el senador Santacruz afirmó que “conversaron” con el comisario y el desalojo se suspendió. Según explicaron los integrantes de la comisión senatorial, solicitaron tiempo para buscar una salida por medio del Indert.
Este tipo de conductas totalmente irregulares debilitan las instituciones en una república donde debe respetarse la vigencia de la ley. En el caso concreto, los integrantes del Congreso tienen la responsabilidad de cumplir y hacer cumplir la Constitución. Además tienen la tarea fundamental de sancionar leyes que rijan para todos los ciudadanos, incluyendo, lógicamente, a ellos mismos.
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Para dimensionar la gravedad e incoherencia de estos representantes del pueblo, debemos señalar que los conflictos entre los ciudadanos deben ser resueltos pacíficamente en el sistema judicial. Cada uno de los Poderes del Estado es independiente, según indica el artículo 3 de la Carta Magna, lo que significa que ninguno de ellos puede inmiscuirse en las funciones del otro.
Las leyes sancionadas por el Poder Legislativo definen los derechos de las personas, así como la competencia de las autoridades. En este sentido, al presentarse un conflicto por ocupación de tierras, se recurre al Ministerio Público y al Poder Judicial. Cada una de estas instituciones, en su área, toma intervención para evaluar los distintos pasos que deben tomarse en aras de restablecer el ejercicio de los derechos de cada una de las partes.
Lo sucedido en la propiedad ubicada en la zona de Canindeyú es inadmisible desde la actuación de los senadores. Su intervención, impidiendo el cumplimiento de una orden judicial, altera el orden constitucional de manera irregular. Las órdenes judiciales no se interpretan, se cumplen, lo cual está a cargo de la fuerza pública. No cumplirlas o impedir que se cumplan es un delito de desacato. Con su comportamiento, los senadores despreciaron la esencia misma de la democracia, el respeto de la independencia de poderes. Se inmiscuyeron ilegalmente en un juicio donde no son parte.
Además de bloquear el cumplimiento de la orden judicial, interfirieron en la cadena de mando de la Policía Nacional y del sistema judicial. En un procedimiento judicial, solo funcionarios fiscales o judiciales pueden dirigir los actos para ejecutar la orden emitida por el juez. Ninguna otra persona particular o pública puede impedir que se cumpla.
La conducta inaceptable de los senadores de la Comisión de Reforma Agraria de la Cámara de Senadores es extremadamente grave para la democracia y el respeto del Estado de derecho. Aunque estos representantes del pueblo se consideren distintos o superiores al resto de los ciudadanos, no lo son. No pueden intervenir en un procedimiento judicial ni dar órdenes a la Policía Nacional cuando están cumpliendo mandatos provenientes de un Poder del Estado.
El pretexto de buscar una solución al conflicto, jamás puede autorizar a tomar caminos torcidos fuera de la Constitución y contra uno de los Poderes del Estado. Han violado la norma que garantiza la independencia del Poder Judicial, y por lo tanto, han faltado al juramento cuando asumieron sus bancas. Sus pares deben considerar la gravedad de la cuestión y proceder en consecuencia, en tanto la Justicia debe iniciar la investigación que corresponda. Estos legisladores deben entender que ante la ley son iguales a la “gente común”.