Mientras los chantajistas que se las dan de “empresarios del transporte” siguen agrediendo impunemente a los sufridos usuarios, el Senado aprobó por unanimidad un proyecto de ley por el que “se cancelan la licencia, el itinerario y el subsidio a las empresas de transporte público infractoras de la ley”. La plausible iniciativa del senador Enrique Salyn Buzarquis (PLRA) supone una adecuada respuesta al canallesco arbitrio del paro o de las “reguladas” para lograr un aumento del subsidio o del pasaje, a costa de quienes ahora mismo se ven forzados no solo a llegar tarde a sus lugares de trabajo o de aprendizaje, sino incluso a arriesgar la vida dentro de unos buses abarrotados, en violación de las normas vigentes para contrarrestar la pandemia. En concreto, los directivos, accionistas y representantes legales o gremiales de las empresas de pasajeros que amenacen o extorsionen a órganos relacionados con la prestación del servicio, habrán cometido un “hecho punible de coacción y perturbación” del mismo, quedando facultado todo ciudadano a denunciarlo penalmente.
Ya es hora de poner fin al reiterado atropello y dejar en claro a los sinvergüenzas que no pueden esperar que sus víctimas apoyen sus demandas para que se ponga fin a tanto desafuero. Al contrario, lo único que así consiguen es aumentar su justificada indignación contra una inconducta que, en medio de la gravísima situación sanitaria, se ha vuelto simplemente criminal. Solo unos “empresarios” desalmados pueden confiar en que la irritación popular causada por ellos mismos se vuelque contra el Estado para que este se avenga a sus exigencias. Desalmados y torpes, pues resulta evidente que el blanco de la cólera son y seguirán siendo los mismos que, a lo largo de los años, se han acostumbrado a lograr sus propósitos recurriendo al engaño, al tráfico de influencias y al chantaje puro y duro.
Es saludable que en el citado proyecto de ley se llame las cosas por su nombre –amenaza, extorsión, coacción–, y que la firma involucrada que abandone el servicio unilateralmente no pueda participar durante diez años en licitaciones de licencia ni de itinerarios. Más aún, los directivos de las empresas sancionadas no podrán competir creando una nueva sociedad, pillería esta que la Ley de Contrataciones Públicas no impide lo bastante. También el senador Víctor Ríos (PLRA) creyó oportuno que el cuerpo que integra reaccione ante la infamia, de modo que presentó un proyecto de resolución que exhorta al Poder Ejecutivo a aplicar el art. 13 de la Ley Nº 1590/14 y, por tanto, que intervenga las empresas y asegure la normalización del transporte público en Asunción y en el Área Metropolitana. En verdad, no hace falta exhortar a ese Poder del Estado a que aplique una ley, ya que es su deber hacerlo siempre: ejecutarla es justamente de su competencia. Por lo demás, la norma referida, en vigencia, no tiene la precisión ni la contundencia de la iniciativa ahora presentada, pues se limita a dar a la Dirección Nacional de Transporte (Dinatran), en lo que aquí concierne, la facultad de “arbitrar los medios para asegurar la continuidad de los servicios de transporte público de pasajeros”, razón por la que, sin temor a caer en el ridículo, está apelando, como siempre, a vehículos de la Patrulla Caminera y de las Fuerzas Amadas (y ahora hasta a transportes escolares).
Es deseable que el proyecto de ley en cuestión también sea apoyado por la Cámara Baja, para que los extorsionadores reciban la clara señal de que no podrán continuar abusando de los usuarios y de los contribuyentes en general. Deben saber que hasta aquí han llegado con sus procedimientos gangsteriles. Si sus empleados llevaran a cabo una huelga declarada ilegal, no durarían en despedirlos de inmediato; así también, si la Dinatran constatara que han incumplido su obligación de mantener la continuidad del servicio, por causas imputables a ellos mismos, tendría que cancelarles la licencia ipso facto, entre otras cosas. Por de pronto, ya hay motivos suficientes para que también actúe el Ministerio Público. Que esta mafia “empresarial” deje de burlarse de la ley y de la moral, hasta el extremo de atentar contra la salud pública. Ceder hoy ante sus exigencias conllevará que mañana sean cada vez mayores, tomando siempre a la población como rehén. Basta, pues, de tanto abuso.
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