La pandemia no altera la conducta de los jerarcas ni la de los politicastros, entre cuyas características descuellan la corrupción y el uso indebido de influencias; al contrario, más bien agrava sus desafueros, en la medida en que no tienen escrúpulos ni siquiera ante una situación tan dramática. Los escándalos ocurridos en la Dirección Nacional de Aviación Civil (Dinac), en Petróleos Paraguayos (Petropar) y en el Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social revelan que los sinvergüenzas no pierden la ocasión de hacer dinero sucio ni siquiera en un estado de emergencia sanitaria, en tanto que una reciente denuncia del Círculo Paraguayo de Médicos y de los gremios médicos exhibe la podredumbre moral de quienes apremian al personal sanitario para que privilegie la atención a sus allegados.
Los profesionales de la salud se preguntan si deben ceder ante la “presión de los poderosos” para decidir a quién habrá que desconectarle el respirador “para que puedan ingresar sus familiares o recomendados políticos”. De la angustiosa interrogante retórica se desprende que, dada la escasez de equipos, los mandamases pretenden decidir sobre la vida o la muerte de las personas. A tal extremo se ha llegado en un país donde el favoritismo causa estragos en los más diversos ámbitos, con desprecio del mérito o de la equidad. El nepotismo, el clientelismo o el amiguismo, impuestos por la prepotencia, no son vicios menores, ya que pueden tener consecuencias fatales. Es preciso que, sin dejarse avasallar por nadie, el “personal de blanco” decida fundado solo en el conocimiento profesional y, a la vez, ponga en evidencia a quienes pretenden un trato de favor, tal como lo hizo la Dra. Yolanda Ramos, jefa de Terapia Intensiva del Hospital Nacional de Itauguá, al exigirle al senador Enrique Salyn Buzarquis (PLRA) que no vuelva a pedir cama para sus “amigotes”, en las Unidades de Terapia Intensiva (UTI). Y conste que este es un parlamentario opositor que siempre denuncia los abusos de los personeros del Gobierno colorado.
Hay que desenmascarar a los pedigüeños de todos los partidos, que se valen de su investidura con el fin de lograr ventajas ilegítimas para sí mismos o para sus “recomendados”, causando un grave perjuicio a quien tenía mejor derecho a cierta atención médica. Es de temer que la indignante historia se repita cuando lleguen las tan demoradas vacunas, de modo que la opinión publica debe estar muy atenta para que haya igualdad de trato y se cumplan las normativas al respecto. Sería intolerable un affaire como el acaecido en el Perú o en la Argentina, que provocó más de una renuncia ministerial. Aunque cueste creerlo, existe una Defensoría del Pueblo que, si sus múltiples actividades le permiten, bien podría echar un vistazo a la gestión de los recursos humanos y materiales en la lucha contra el coronavirus. Esta lucha requiere que haya “unión e igualdad” y que, por tanto, se cumpla con las normas sanitarias vigentes, sin discriminaciones ajenas a las dispuestas en ellas, como la referida a la edad de las personas.
Urge no solo que los politicastros se abstengan de intervenir donde no deben, sino también que se provea de insumos y equipos a los hospitales públicos hoy saturados. “No tenemos placas radiográficas, sondas nasogástricas, no hay medicamentos básicos”, dijo hace poco el neumólogo Carlos Morínigo, del Instituto Nacional de Enfermedades Respiratorias y del Ambiente (Ineram), el mejor equipado en Asunción (!). El parque sanitario de Ciudad del Este está casi vacío y pobladores de Salto del Guairá protestaron porque el hospital regional, carente de una UTI, está desabastecido, lo que obligaría a los pacientes a comprar todo lo necesario para su tratamiento. Al respecto, el comunicado del Círculo Paraguayo de Médicos y de los gremios médicos reclama “una gestión más eficiente a través de un gabinete de crisis”, para agregar, con toda propiedad, que “No pueden seguir criticando a la tropa en plena guerra, cuando son incapaces de suministrar las municiones...”. En otras palabras, el personal de blanco estaría inerme, debido a la ineptitud de las autoridades sanitarias. Si a ella se suma el “mbarete” de los políticos para conseguir a codazos lo poco que hay, el resultado no puede ser más desolador.
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Esos patéticos casos bastan para ilustrar una situación gravísima, razón por la que resulta aún más irritante que se pretenda influir en la administración de los muy limitados recursos disponibles. Si los prepotentes merecen la condena social, los profesionales de la salud que rechazan las influencias indebidas se están ganando el reconocimiento de sus conciudadanos. En cuanto a los canallas que estarían desviando fármacos, deben terminar en la cárcel, lugar apropiado para quienes atentan dolosamente contra la salud pública. El país está sufriendo los efectos letales de la corrupción, de la ineficiencia y del favoritismo. Quienes los promueven tocan las orejas a los ciudadanos y a las ciudadanas de bien y, por tanto, son responsables de la crispación reinante, ganándose así el justificado repudio.