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Nuestro país suscribe cuantos convenios y acuerdos existen de lucha contra la corrupción. Crea secretarías con numerosos funcionarios, dando rango de ministros a sus titulares. Gasta recursos en viajes, seminarios, viáticos para que funcionarios incompetentes recorran el mundo dando conferencias de cómo en Paraguay se lucha contra la corrupción.
Pero la realidad dista radicalmente de este maquillaje hipócrita que quiere vender el Gobierno en todos los poderes. El Poder Judicial utiliza el discurso falaz del combate a la corrupción, desde el juez más encumbrado como los ministros de Corte, hasta el último funcionario. Lo mismo en los grandilocuentes discursos de contenido ético que se oyen en el Congreso Nacional.
Generó molestia en los ámbitos de poder la declaración del secretario de Estado de los Estados Unidos, Antony J. Blinken, refiriéndose directamente al diputado Ulises Quintana, procesado por tráfico de drogas en carácter de cómplice, tráfico de influencias, asociación criminal, enriquecimiento ilícito y lavado de dinero, considerado así parte de una organización criminal.
No es casualidad que el entorno del poder se haya manifestado en su apoyo cuando fue imputado. Así lo hizo expresa y públicamente el senador Enrique Bacchetta (cuando ejercía nada menos que la presidencia del Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados); el vicepresidente de la República, Hugo Velázquez, y el senador Silvio Ovelar, cuando ejercía la presidencia de la Cámara de Senadores y del Congreso. Cómo olvidar sus respectivas intervenciones cuando fue detenido el cotizado diputado, considerándolo a priori inocente, ejerciendo una gran presión sobre los agentes intervinientes, como lo denunció en su oportunidad una de ellas, la fiscala Lorena Ledezma. “Nunca recibí una amenaza más directa”, dijo la misma al comentar el repudiable twitt del senador Bacchetta: “Fuerza, querido Ulises, el cariño, afecto y confianza te lo ganaste caminando y trabajando duro, espero que pronto puedas recuperar tu libertad, deseo que tengas fuerza y fe, para poder enfrentar la INJUSTICIA que estás viviendo” (las mayúsculas son nuestras). El vicepresidente Velázquez exigió “más pruebas” para justificar la imputación de Quintana, y el senador Ovelar dijo claramente que la Fiscalía “actuó de manera arbitraria” en el caso. Una suerte de defensa corporativa de “pesos pesados” del coloradismo. Deberían escribirle a Blinken para protestar por la medida que afecta a su defendido.
Sin embargo, debe decirse que Ulises Quintana no es el único personaje considerado parte de un engranaje sospechoso. A él se suman otros encumbrados protagonistas de actos de corrupción a quienes Estados Unidos de América canceló la visa: Javier Díaz Verón (ex fiscal general del Estado) y Óscar González Daher (exsenador y también expresidente del JEM), ejemplos dentro del cada vez más fortalecido esquema de corrupción que domina un Estado abusivo con sus ciudadanos, pero generoso con los corruptos.
Independientemente de las calificaciones que hagan otros países sobre funcionarios del Estado en cargos electivos, lo que, a partir del principio de autodeterminación, tienen derecho a hacerlo, es para el pueblo paraguayo más importante preguntarse cómo es que muchos de ellos, a pesar de la flagrancia descarada con la que actúan traficando influencia, siguen paseándose por la calle ostentando su riqueza mal habida a costa de apropiarse de recursos que deberían ser destinados a la salud, a la educación y a mejorar las condiciones de vida de los ciudadanos.
Así como resulta repulsivo el comportamiento de los “significativamente corruptos”, es igualmente ofensiva la impunidad de estos mercenarios. La falta de castigo tiene una explicación relativamente simple: quienes deben detectar los hechos de corrupción dentro del Estado miran a otro lado, como la Secretaría Anticorrupción, que nunca denuncia hechos cometidos por funcionarios. Otros responsables de la persecución, como los fiscales, son ubicados en sus puestos por quienes cometen los actos de corrupción, con lo cual, siempre que tengan a su cargo alguna denuncia que involucre a los “significativamente corruptos”, dilatarán los casos, cometerán intencionalmente errores para hacer imposibles las condenas o facilitarán alguna salida alternativa que jamás implique la condena con privación de libertad y, menos, obligarles a devolver lo que robaron.
El Poder Judicial, con la Corte Suprema de Justicia a la cabeza, cumple su rol de observador impasible ante los casos de corrupción, permitiendo la abusiva dilación provocada por los defensores y fiscales. Y en el caso que milagrosamente un proceso por corrupción llegue a juicio, se encargarán de que la condena sea simbólica e insignificante.
Estos son algunos condimentos de la realidad que explican por qué el sistema corrupto promovido desde el mismo Estado goza de tan buena salud y sigue pariendo sistemáticamente hijos “significativamente corruptos”.
En lugar de ofenderse por calificaciones que hacen otros gobiernos sobre los delincuentes que gozan de buena salud en nuestro país, los responsables de la prevención y combate a la corrupción deben ocuparse de excluir de sus filas a los cómplices que sostienen el sistema.
El pueblo, por su parte, tiene derecho a reclamar con firmeza por la inutilidad y complacencia con que se comportan cada uno de los actores de los Poderes del Estado, especialmente a quienes tienen la tarea de perseguir y castigar a los “significativamente corruptos” que, aunque sigan con visa, merecen la cárcel.