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Debido a la ya tradicional inacción culposa de la Municipalidad de Asunción y de la Secretaría Nacional de Cultura (SNC), la ocupación ilícita de las plazas capitalinas Independencia, Juan de Salazar y de Armas es una costosa historia de nunca acabar. Ya ni siquiera se recurre al pretexto de una inundación para invadir dichos bienes del dominio público municipal, declarados hace dos años patrimonio histórico nacional. Allí están de nuevo instalados los usurpadores de siempre, que no solo privan a los pobladores del uso y goce de las plazas, sino que también causan destrozos que deben ser reparados con el dinero de todos.
Ni el intendente Óscar Rodríguez (ANR) ni el ministro Rubén Capdevila cumplen con el deber de preservar esos espacios de hecho privatizados periódicamente, es decir, usurpados a vista y paciencia de las autoridades competentes. Una de las funciones municipales es la de construir, equipar, mantener, limpiar y adornar las plazas, pero resulta que las referidas son asoladas con toda impunidad. El intendente puede dictar medidas de urgencia para evitar o revertir un daño al patrimonio municipal y, en particular, para que se efectúen “desocupaciones o recuperaciones de bienes públicos”, pero el actual, Óscar “Nenecho” Rodríguez, al igual que sus antecesores, prefiere hacer la vista gorda, sin que a los concejales se les ocurra exigirle que cumpla con su deber. Ahora, en época de campañas electorales justamente para comicios municipales, es impensable que el lord mayor y los ediles quieran malquistarse con la clientela.
La ley también dispone –inútilmente– que si en lugares públicos se constatan hechos que pueden ser considerados faltas, los funcionarios municipales pueden actuar de inmediato, disponiendo la corrección de la situación ilegal mediante medidas de policía y por los medios lícitos a su alcance. Por su parte, la SNC –órgano dependiente de la Presidencia de la República– está obligada a preservar los bienes que integran el patrimonio cultural de la nación, entre los que figuran las plazas citadas; la ley especial referida a ellas le manda prever los fondos necesarios para su mantenimiento y, junto con la Policía Nacional, velar por la protección y defensa de ese patrimonio. Su actual Presupuesto prevé gastos por servicios de aseo, mantenimiento y reparaciones de edificios, locales e instalaciones, por un valor total de 2.072 millones de guaraníes; no menciona explícitamente las tres plazas asuncenas, pero bien podrían ser incluidas entre las instalaciones.
Se plantea la pregunta de si los estropicios causados por los invasores serán reparados con dinero de la Municipalidad, de la SNC o de ambas; no debe excluirse que se desentiendan del asunto, alegando que el arreglo del patrimonio público no defendido corresponde al otro organismo, desligándose así de toda responsabilidad. Como se vio, también debe protegerlo la Policía Nacional, cuya ley orgánica le obliga a hacer lo mismo con los bienes de las entidades en general, a prevenir la comisión de delitos y faltas y a obrar de oficio cuando se cometen hechos punibles de acción penal pública, sin que requiera una autorización judicial para entrar en establecimientos públicos, centros de reunión o recreo y demás lugares abiertos al público. Y, desde luego, también debe prestar auxilio a las instituciones que lo requieran de acuerdo a ley, como la Municipalidad y la SNC.
Se han mentado aquí tres normativas y otros tantos organismos que deberían aplicarlas para precautelar un patrimonio histórico nacional, pero todo sigue igual porque las autoridades pertinentes no quieren indisponerse con quienes los destruyen una y otra vez, durante los largos meses que privan de su uso y goce a los demás. Como señalamos, no debe excluirse que teman perder votos en los próximos comicios si precautelaran esas plazas que pertenecen a todos, como si tan necesaria medida habría de concitar el repudio de la mayoría de los paraguayos. Actitudes populistas como esta, por decir lo menos, atentan contra el bien común, esto es, contra el interés general, de modo que más bien podrían ser retribuidas con votos. Parece una obviedad, pero resulta que en este país se tiende a creer que cuando se atenta contra el patrimonio público, no se vulnera el derecho de nadie.
Ya es hora, por cierto, de que en este sempiterno asunto intervenga el Ministerio Público, pues el Código Penal castiga con hasta tres años de cárcel o con multa a quien destruya total o parcialmente “una cosa destinada al uso público o embellecimiento de vías públicas, plazas o parques”. Por cierto, también deben ser sancionados los cómplices y encubridores, como lo serían quienes ignoran su deber de impedir el vandalismo. Es francamente intolerable que la ciudadanía esté indefensa ante tan reiterados atropellos y que al final pague las baldosas, los focos y los bancos rotos, entre otras cosas: que los paguen quienes encabezan la Municipalidad, la SNC o la Policía Nacional.