La relación entre gobernantes y gobernados en una república se basa en la confianza, la que se construye desde el momento mismo en que el gobernante se presenta como una opción electoral, cuando expone a la ciudadanía sus planes y proyectos. Si el elector cree en el candidato, deposita su voto a su favor, con lo cual se concreta el mandato para que, en caso de resultar electo, lo represente, administrando con honestidad y eficiencia la cosa pública.
El gobierno de Mario Abdo Benítez defrauda constantemente la confianza que le dio el elector en 2018. Su inexperiencia como administrador de un país es lógica, pero podría haber sido subsanada con una actitud honesta de apertura y prudencia en los actos de gobierno. Sin embargo, el Presidente nunca fue honesto consigo mismo respecto de su ineptitud para gobernar, mostrándose tozudamente soberbio.
Esta es una de las características de personas ignorantes, pero no en el sentido de formación intelectual, que tampoco la tiene, sino desde la perspectiva del que se encuentra en un cargo de mucho poder, embriagado de la adulonería que lo ciega.
Hasta ahora, Marito hizo todo mal, eligiendo colaboradores de dudosos antecedentes, algunos relacionados con la honestidad cuando ocuparon otros cargos anteriormente, otros por su notoria ineptitud, trasgrediendo el mandato constitucional que impone ese requisito como esencial para desempeñarse en un cargo público.
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El Presidente es el responsable del caos en que se encuentra el país, puesto que es quien toma las decisiones al elegir a ministros, jefes de gabinete, asesores, etc.
Cuando ocurren problemas serios como los que viven las sociedades en todo el mundo, la adulonería, la transa, los acuerdos torcidos bajo la mesa, la devolución de favores regalando puestos públicos, no alcanzan para disimular la inutilidad. El gobernante incapaz y además terco no puede organizar o desarrollar estrategias que ayuden a los ciudadanos en la crisis.
El Gobierno ha mentido desde el primer día de la pandemia. Creó un aparato propagandístico basado en conferencias de prensa, encabezadas primero por el anterior ministro Julio Mazzoleni, quien hablaba largos minutos a la misma hora de los noticieros centrales, mostrando números de dudosa veracidad a la fecha. Se usó su imagen para dar sensación de eficiencia y seguridad, pero desde el principio se actuó a ciegas, cometiendo errores dignos de quienes no tienen idea de cómo administrar recursos del pueblo y menos una crisis.
Se mintió también respecto de las verdaderas posibilidades de obtener las vacunas, lo cual de hecho no sorprende, puesto que las autoridades del Paraguay no son tomadas en serio por nadie.
El gobierno de Marito, con el apoyo de los parlamentarios cartistas, hizo lo imposible para evitar que se sancione la ley que obliga al uso de fondos sociales de las entidades binacionales, ya que estos son ilícitamente apropiados por los mismos personajes de siempre para manipular electores y elecciones. El día que fue promulgada, los directores de Itaipú y Yacyretá corrieron al Palacio de López para comunicar a la ciudadanía que prácticamente ya no tienen recursos disponibles. Lo más probable es que estén mintiendo nuevamente, ya que ninguno de los datos que mostraron son serios.
Es el comportamiento despectivo hacia el pueblo lo que desgasta la credibilidad que pudo tener en algún momento el Presidente. De ahí que las medidas restrictivas que dispone ilegalmente por decreto, con la mirada cómplice del Poder Legislativo y de la Corte Suprema, no tengan receptividad por parte de la gente, a la que no se auxilia con medidas económicas serias.
Lo preocupante de la situación es que aún queda mucho tiempo a este periodo presidencial, pero no se observa voluntad de cambiar rumbos por parte del Jefe de Estado y su entorno. Si no se comprende de una vez que ya no hay espacio ni tiempo para mentir, robar, continuar con las viejas prácticas de corrupción, la situación irá de mal en peor para los ciudadanos. En la misma medida, la credibilidad del Gobierno seguirá empeorando como hasta ahora.
Tal como se concibe una república, la responsabilidad por los actos es de los funcionarios, quienes deberán rendir cuenta de ellos ante la justicia, cuando esta funcione en serio, como indica nuestra Carta Magna.