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El país está sumido en una catástrofe sanitaria y económica, mientras crecen la deuda pública y el déficit fiscal; empero, por lo que hasta hoy se sabe, el Ministerio de Hacienda, el Banco Central, la Dirección Nacional de Aduanas, Petropar, el BNF y el Poder Legislativo han aumentado desde enero último los ingresos de sus respectivos funcionarios o contratados, mediante aumentos salariales o pagos extraordinarios en diversos conceptos. El mal pagado “personal de blanco” arriesga la vida en hospitales precarios y el común de los trabajadores queda suspendido o sin empleo, cuando no se le impide lisa y llanamente ganarse el pan, pero miles de privilegiados que no temen perder sus prebendas y cuya semana “laboral” se ha reducido sin mengua de sus sueldos, están recibiendo aún más beneficios que agravian a la ciudadanía.
El obsceno derroche costará este año a los contribuyentes 3.289 millones de guaraníes adicionales, solo en lo que atañe a unos 1.500 enchufados en la cartera de Hacienda, que recibieron un subsidio familiar de 2.192.839 guaraníes. La carga adicional para el erario aumentará notablemente si se atiende que 1.003 funcionarios o contratados aduaneros recibieron en marzo, como subsidio familiar, entre dos y diez millones de guaraníes cada uno, lo que supone un mayor gasto total de 3.868 millones de guaraníes. En ambos casos también fueron favorecidos los contratados, aunque la Ley Nº 1626/00 diga que deben “tener una remuneración específica por un monto global”, lo que excluye el subsidio familiar. En cuanto al Banco Central, lo concedió en febrero y en marzo a 747 funcionarios, lo que acarreó un gasto adicional de 7.484 millones de guaraníes.
El 26 de marzo de 2020, recién llegada la pandemia, la ley de emergencia sanitaria suspendió el pago del subsidio familiar en todas las entidades estatales; ahora se incurre en el despropósito de abonarlo, en momentos en que faltan camas e insumos y se multiplican las víctimas. Algo similar perpetró el presidente del Senado, Óscar Salomón (ANR, abdista), al conceder groseros aumentos salariales a algunos subordinados, sin que el Congreso tuviera la decencia de anularlos. También el de la Cámara Baja, Pedro Alliana (ANR, cartista), colaboró con el infame derroche al disponer que los 80 diputados reciban cupos para combustibles, lo que este año le costará al contribuyente 3.360 millones de guaraníes. Los “servidores públicos” son unos niños mimados desde hace mucho: desde 1989, también ellos cobran un aguinaldo, gratificación que han recibido dos o tres veces al año, con el pretexto de su “buen desempeño en el cargo”. Los “reajustes salariales” del aparato estatal han sido mucho más generosos que los del sector privado, con el resultado de que, según el Banco Interamericano de Desarrollo (BID), los funcionarios paraguayos son los mejor retribuidos del continente, en términos relativos. Sus beneficios adicionales, aumentaron en un 205% entre 2008 y 2018.
Que los gastos de personal consuman el 74% de unos ingresos tributarios en baja responde no solo a que los sueldos y las remuneraciones adicionales son elevados, sino también –y sobre todo– a la enorme cantidad de ineptos, haraganes y corruptos que pueblan no solo el presupuesto nacional: bajo el azote del coronavirus, Nicanor Duarte Frutos instaló a 75 nuevos funcionarios en la Entidad Binacional Yacyretá, entre ellos politicastros que aspiran a un cargo electivo. Como el calendario electoral influye a la hora de engrosar el plantel o de mejorar sus ingresos, es probable que haya más novedades al respecto poco antes de los próximos comicios municipales y también, desde luego, el próximo año. El funcionariado es un poderoso grupo de presión al que la ANR trata de mantener satisfecho, a costa del interés general en materia de salud, educación y obras públicas, entre otras cosas.
El Ministerio de Hacienda, que suele hablar de la necesidad de racionalizar el gasto público, avala los disparates comentados. El ministro Óscar Llamosas alega que así se cumple la ley presupuestaria, como si hubiera sido imposible promover una como la que, al declarar el estado de emergencia, suspendió el pago del subsidio familiar incluido en el presupuesto del año pasado. La cuestión es satisfacer a la clientela política, mientras los familiares de los afectados por el coronavirus recaudan fondos para comprar remedios y se limitan las libertades de reunión y de tránsito, así como la actividad laboral nocturna. Existe una contradicción de intereses entre el Gobierno y sus protegidos, por un lado, y la sufrida sociedad civil, por el otro. La grave ofensa inferida a quienes se ganan el pan con el sudor de la frente, sin desangrar a los contribuyentes, muestra hasta dónde se puede llegar cuando se estima prioritario atender las demandas de burócratas prescindibles: a tolerar que falten recursos imprescindibles para combatir la pandemia y a imponer todos los sacrificios a empleadores y empleados. Unos seguirán llevando una buena vida, en tanto que otros tendrán una mala muerte, por falta de recursos humanos y materiales.
Se pagan impuestos para recibir buenos servicios públicos y no para que quienes los gestionan se sirvan a sí mismos, incluso cuando una tragedia afecta a todo el país. Poner fin a esta iniquidad, también visible en tiempos normales, exige denunciar tanto a los ladrones como a quienes desvían el dinero público hacia ese pesado lastre que implica el funcionariado. Es hora de oponerse con firmeza a ser asaltados a cara descubierta por políticos insensibles con sus voraces clientelas.