La Unión Industrial Paraguaya, secundada por la Feprinco, la Asociación Rural, la Cámara de Comercio y Servicios, la Unión de Gremios de la Producción y la Federación de Cooperativas de la Producción, presentó una propuesta titulada “Plan de Resistencia ante el Covid-19” que muestra cuán alejados pueden estar los grandes gremios empresariales del país de la verdadera realidad nacional. En esencia el documento plantea una nueva “cuarentena inteligente”, no muy distinta de la ya vigente, y ratifica la estrategia oficial de aislamientos selectivos y limitaciones horarias, sin hacer siquiera mención del cercenamiento de derechos fundamentales de la ciudadanía y sin considerar en absoluto la insostenibilidad de continuar acogotando a amplios segmentos de la economía real después de más de 425 días de restricciones ininterrumpidas.
Es muy fácil encargar a alguna consultora que elabore una monografía entre cuatro paredes, dividiendo el país en rojo, naranja y amarillo para indicar desde arriba qué puede y qué no puede hacer cada cual, a qué hora y con quiénes, como si la sociedad fuera alguna especie de tropa de dóciles robots que no solamente obedecen sin chistar lo que les mandan, sino que renuncian sin más a cubrir sus necesidades, mantener a sus familias y pagar sus cuentas.
Desde un cómodo gabinete se puede sumar dos más dos y concluir que la manera de detener la circulación del coronavirus es establecer burbujas para que la gente no interactúe. El problema es que esa opción hace rato ha dejado de ser viable en un país como Paraguay, donde la mitad de la población económicamente activa trabaja de manera independiente y donde dos tercios de la mano de obra se desempeña en el sector informal o cuasi informal, en micro o muy pequeñas empresas, o incluso en unidades más grandes que de todos modos no aseguran estabilidad. Toda esa gente, que la UIP no está tomando en cuenta, vive al día, no tiene ningún tipo de seguridad social, si no trabaja no cobra, directamente no tiene otra alternativa que salir de su burbuja a procurarse ingresos, digan lo que digan el Gobierno y los gremios.
A estas alturas cualquier tipo de confinamiento estricto es impracticable, de cumplimiento imposible, por la sencilla razón de que la gran mayoría de la población no está en condiciones de acatarlo y el Estado, por su parte, ya no tiene margen fiscal para salir en auxilio de los sectores más afectados. De 3.721.000 que integran la fuerza laboral, hay 267.000 desocupados que están buscando activamente empleo, lo que de por sí les hace difícil aislarse, 1.500.000 que no tienen sueldo fijo, 236.000 empleados domésticos cuyo trabajo es necesariamente presencial. De los 1.600.000 “asalariados”, en un alto porcentaje son en realidad jornaleros o trabajadores mayormente en negro que se emplean en pequeños talleres y locales comerciales. Más de 2 millones de personas trabajan en el sector de servicios y por encima de 300.000 en la construcción, que son áreas por lo general muy sensibles a tomar y despedir a trabajadores según el grado de actividad y que a menudo pagan por día o por evento. Solo en comercios, restaurantes y hoteles se emplean intermitentemente 920.000 personas.
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Apenas una parte muy pequeña puede darse el lujo de aislarse o respetar burbujas, compuesta por patrones que pueden manejar sus negocios a la distancia, gente ligada a actividades que pueden desarrollarse electrónicamente, empleados públicos que pueden no ir al trabajo y seguir recibiendo sus sueldos, los que tengan la suerte de poder seguir cobrando sin trabajar en el sector privado o aquellos que tengan ahorros y decidan retirarse momentáneamente del mercado laboral. El resto no tiene esa posibilidad y no se le podrá obligar ni si se pone a todo el Ejército a intentarlo. Y si lo que se piensa es imponerlo a la fuerza, la inevitable derivación solo puede ser el estallido social.
Nada de esto está contemplado en la propuesta apoyada por los grandes gremios empresariales. Por ejemplo, ponen entre los ámbitos de “control más estricto” al transporte público, los mercados, los bañados del área metropolitana, los asentamientos urbanos de alta aglomeración en el departamento Central. Nos preguntamos si los directivos de la UIP o los autores del documento se subieron a un ómnibus, recorrieron los bañados y los barrios, hablaron con los pobladores, se interiorizaron de su situación, les preguntaron si para ellos es factible quedarse en sus casas, antes de amenazarlos con sanciones, con sacarlos de las listas de vacunación o con el uso de la fuerza pública por el solo hecho de ejercer su legítima libertad constitucional de realizar actividades lícitas.
A la vez insisten con las restricciones nocturnas, que son totalmente inconducentes, porque el virus no distingue si es de día o de noche para propagarse y porque, de hecho, la mayor parte del movimiento es diurno. La propuesta en casi nada difiere de lo que ha venido haciendo el Gobierno desde hace más de un año, pese a lo cual tenemos cifras récord de contagios y fallecimientos. Y si se hace más de lo mismo, no se pueden esperar resultados diferentes.
La UIP y los grandes gremios empresariales deberían salir ellos de sus “burbujas” y tener más empatía con la mayoría de la población y con sectores duramente golpeados por las restricciones y la caída de la actividad, en muchos casos sus propios asociados. El país ya no aguanta más. Necesitamos vacunas en la vida real, no más planes de gabinete.