Ante el incumplimiento de sus respectivos deberes, el juez de la Niñez y la Adolescencia Guillermo Trovato ordenó el último 19 de junio al presidente del Instituto Paraguayo del Indígena (Indi) Édgar Olmedo, al intendente de Asunción, Óscar Rodríguez (imputado), y a la ministra de la Niñez y la Adolescencia, Teresa Martínez, que, a más tardar a las 22:00 del mismo día, asistan y lleven a un refugio a los “niños de la calle” que estén en la intemperie, so pena de multa o de seis meses a dos años de cárcel. La medida cautelar de protección respondió a un pedido de la defensora de la Niñez y la Adolescencia Luz Mabel Chávez, quien señaló en especial que frente a la sede el Indi estaban apostados numerosos niños indígenas que acompañaban a sus padres “en reclamos de índole social”.
Fue necesario, pues, que la Administración de Justicia emplace a los jefes de las entidades públicas referidas para que intenten paliar las penurias de los menores con frío y hambre; hubo que “defenderlos” de la inoperancia de quienes deberían velar por sus derechos, entre los que se halla el de no ser explotados por sus propios padres o “caciques”, como el famoso Tomás Domínguez, quien, desde un hotel donde estaba resguardado, habría prohibido a las madres que ingresen con sus hijos en el cuartel de la Intendencia del Ejército, un lugar de acogida con solo siete colchones para unos ochenta infantes.
La problemática de los niños en situación de calle es de larga data, pero hasta hoy ni el Estado ni las municipalidades han concebido políticas de fondo, tendientes a erradicar tan deplorable fenómeno. Que se los saque de la vía pública por algunos días, sobre todo cuando baja la temperatura, es un paliativo de muy corto alcance, a lo que se suma que el Ministerio competente solo tiene cinco pequeños albergues en Asunción, Lambaré, Luque, San Lorenzo y Ciudad del Este.
Algunos informes de años anteriores hablaban de unos seis mil niños en situación de calle. Sin embargo, según datos oficiales, en enero de 2020 solo eran –increíblemente– 450 en Asunción, Fernando de la Mora, San Lorenzo y Luque: la ministra Martínez declaró entonces que el Programa Abrazo y el de Atención Integral a Niños, Niñas y Adolescentes en Calle (Painac) ampararían de inmediato a quienes trabajaban en la vía pública o estaban “callejizados”, para lo cual se habría aumentado de 21 a 32 la cantidad de operadores del Dispositivo de Respuesta Inmediata (DRI). Los resultados no fueron significativos, tanto que ahora debió intervenir un juez para que el Ministerio, tras una segunda intimación, se limite a llevar frazaditas a unos 40 niños indígenas y a sus padres, acampados en la Plaza de Armas. Había muchas esperanzas en la ministra, por haber sido una excelente fiscal del menor, pero la situación está igual o peor que antes. Por su parte, el presidente del Indi fue denunciado penalmente por desacato, es decir, por su “falta total de respuesta al proceso”. En cuanto a la Municipalidad, no se sabe que haya hecho algo por tantos niños en situación de calle.
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Es que, además de tener buenas intenciones, hay que ser capaz de realizarlas: el corrupto e inútil aparato estatal está lejos de asegurar que los informes sean bien recabados, que las asignaciones sean correctas y que los derechos de los menores sean efectivamente protegidos. La Constitución dice que la familia, la sociedad y el Estado deben garantizar a la niñez su “desarrollo armónico e integral, así como el ejercicio pleno de sus derechos”, protegiéndola contra el infortunio; toda persona puede exigir a la autoridad idónea que se cumplan las garantías y se sancione a los infractores.
Como ocurre también en otras áreas, hay un montón de entidades públicas –pobladas de funcionarios que cobran buenos sueldos–, con atribuciones superpuestas, pero con pobres resultados. En el caso de las que deben amparar a los menores figuran, aparte del Ministerio y de la Defensoría, el Juzgado y la Fiscalía de la Niñez y la Adolescencia, así como la Consejería Municipal por los Derechos del Niño, la Niña y el Adolescente. Es más, hay un Consejo de la Niñez y la Adolescencia, integrado por representantes de siete entidades estatales y privadas de bien público, así como Consejos Departamentales y Municipales de similar índole, cuyas funciones se superponen en gran medida: solo existen en el papel. También hay todo un Sistema Nacional de Protección y Promoción Integral a la Niñez y la Adolescencia, que se ocupa, en teoría, de “preparar y supervisar la ejecución de la política nacional” en la materia. Abundan los organismos que deben precautelar los derechos de la infancia y perseguir a quienes los violan; falta que sus funcionarios, que aparte de estar obligados a cumplir con su deber, sean sensibles al espectáculo de los niños desnutridos que recorren las calles vendiendo baratijas, mendigando o hasta durmiendo en ellas. Tienen que denunciar la situación en que se hallan, como cualquier otra persona, más aún cuando esta se ocupa de la guarda, la educación o la atención de los niños. Lo dice la Ley Nº 1680/01, que atribuye al Estado la responsabilidad subsidiaria de proteger al niño contra “el abandono, la desnutrición, la violencia, el abuso y la explotación”, circunstancias que lo afectan cuando está en “situación de calle”.
Muchos “niños de la calle” podrían permanecer en sus hogares que, aunque sean modestos, conllevan menos peligros para ellos que el hecho de instalarse en los semáforos para pedir limosnas, mientras –no pocas veces– sus padres los observan, para luego quitarles las monedas recogidas: los exponen al peligro y deben ser denunciados ante el Ministerio Público, sin perjuicio de que pierdan la patria potestad.
La realidad es que el contribuyente sostiene a un montón de instituciones y funcionarios para atender la problemática de la niñez, pese a lo cual vemos todos los días la lacerante situación de centenares de menores que deambulan en lugares públicos o se instalan en las bocacalles, explotados por familiares o extraños. Mientras tanto, los responsables de sus cuidados están cómodamente instalados en sus oficinas, esperando el fin de mes para cobrar sus sabrosos salarios. Estos son los verdaderos enemigos de los niños.