El lamentable desenlace que tuvo el caso del joven Jorge Ríos, secuestrado en el norte de la Región Oriental y ejecutado por sus captores, quienes abandonaron su cuerpo en el lado brasileño, revela al menos dos detalles: la crueldad de la banda Agrupación Campesina Armada (ACA) –un desprendimiento del Ejército del Pueblo Paraguayo (EPP)–, por un lado, y la comprobada inutilidad y el conformismo de la costosa Fuerza de Tarea Conjunta (FTC), hoy integrante del Comando de Operaciones de Defensa Interna (CODI). A casi un cuarto de siglo del nacimiento de estos minúsculos, pero violentos grupos criminales, los jefes militares siguen pretextando en que su despliegue en el norte evita el crecimiento de los ilegales. Sin embargo, está visto que las bandas armadas no necesitan ser grandes para continuar operando a su antojo en las narices de las “fuerzas del orden”, llevando la destrucción y la muerte allí donde se les antoje. Los secuestros y asesinatos a sangre fría continúan, así como la quema de retiros y de maquinarias; es fuerte la versión de que los hacendados pagan el “impuesto revolucionario” exigido por los grupos armados, sufriendo las consecuencias aquellos que se resisten a hacerlo.
Siendo esto así, ¿de qué pueden jactarse los jefes militares que sostienen que su simple existencia disuade a los malvivientes? Su cómoda presencia estática en lugares determinados es un fracaso total.
Pasan los años y no se conoce un solo caso en que la FTC haya rescatado con vida a las víctimas. A juzgar por las opiniones de algunos jefes del orden, los delincuentes reunidos bajo las siglas EPP y ACA estarían tan debilitados que no han podido expandirse más allá de un “clan familiar”, y no tendrían capacidad de crecimiento. Menos mal, porque incluso así, pueden continuar asaltando, destruyendo, secuestrando, sembrando el miedo en una potencialmente rica zona del país.
Queda demostrado también que el actual Gobierno –como sus antecesores– es incapaz de proteger a la población rural de Concepción, Amambay y San Pedro, derrotando a quienes periódicamente la ponen en vilo. El Ministerio del Interior, a cargo de la seguridad interna del país, está hoy bajo la dirección de Arnaldo Giuzzio, en quien se ha depositado cierta esperanza, pero a la fecha no ha demostrado absolutamente nada que lo distinga de sus inoperantes antecesores. A estas alturas, se corre el riesgo de habituarse a una actividad delictiva que se inició allá por 1997, con el intento de robo a una sucursal bancaria de Choré. Ya ha pasado mucho tiempo y la impotencia estatal continúa, pese a los considerables recursos humanos y materiales destinados desde 2013 a la FTC. Ya ha tenido casi una decena de comandantes, incluyendo el actual, Óscar Chamorro, un capitán de Navío, cuyo ámbito natural sería más el fluvial y no las selvas del norte.
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También es llamativo que se sostenga que las bandas criminales son “clanes familiares”, en el sentido de que es muy difícil llegar a ellos. Se diría que justamente el hecho de que sus miembros estén emparentados entre sí debería facilitar su rastreo. Estos clanes no reunirían así más que a 20 o 30 personas, pero el grupo sigue tan campante operando frente a una FTC que tiene unos mil efectivos sobre el terreno y unos gastos operativos de alrededor de 10.000 millones de guaraníes mensuales. Por otra parte, existe una Secretaría Nacional de Inteligencia, que tiene un Presupuesto anual de 5.994 millones de guaraníes, a la que deben sumarse los correspondientes a los servicios de inteligencia militar y policial. Si nada de esto basta para derrotar a unos pequeños “clanes familiares”, es obvio que se debe examinar la calidad intelectual y moral del personal, tanto como la estrategia y las tácticas empleadas hasta hoy. Es presumible que nadie quiera modificar el statu quo, para no matar la gallina de los huevos de oro.
Es lamentable que esta actitud de conformismo continúe, mientras, de nuevo, un compatriota inocente, Jorge Ríos, acaba de ser asesinado cobardemente por sus captores, y otros tres continúan secuestrados en condiciones inciertas: el ganadero Félix Urbieta, el policía Edelio Morínigo y el exvicepresidente de la República Óscar Denis.
Mientras tanto, desde el Gobierno no surgen palabras alentadoras, sino de conformismo, como las de los jefes militares y policiales que creen que la sola presencia de la FTC disuade a los criminales. Por su parte, en su reciente informe anual al Congreso, el Presidente de la República no dio la esperanza de que los bandidos vayan a ser sometidos, como si estuviera resignado a concluir su mandato con un fracaso tan rotundo como el de sus antecesores. Empero, la ciudadanía no debe acostumbrarse a convivir con el crimen, incluyendo a los que se les quiere dar un ropaje ideológico, de modo que habrá que recordar siempre a las víctimas y exigir que los máximos responsables de los órganos de seguridad cumplan con su deber, para lo que se les está pagando. De lo contrario, los “pequeños clanes familiares” pronto estarán operando también en las ciudades, como ya lo están haciendo otras organizaciones del crimen organizado.