El diputado Tomás Rivas (ANR, cartista) está acusado de haber sido el autor de una estafa, de la peor especie, si se quiere: mantener a sueldo de los contribuyentes, en la Cámara de Diputados, a tres de sus caseros. Como era de esperar de un chicanero contumaz, no solo apeló la resolución judicial que elevó la causa a juicio oral y público, sino que también recusó al camarista Gustavo Santander, quien debía entender en el caso. La recusación fue rechazada por la Corte Suprema de Justicia el último 29 de junio, de modo que está abierta la vía para resolver si el legislador será enjuiciado.
La presunción de que solo quien se sabe culpable traba reiteradas veces las actuaciones judiciales, exhibiendo su mala fe procesal, quedó confirmada el 10 de julio, cuando el abogado Alfredo Kronawetter informó en ABC TV que su cliente está dispuesto a reparar el daño causado tanto a la Cámara que enloda como a la sociedad que lo sigue soportando como representante: generosamente, entregaría a ese órgano casi 200 millones de guaraníes y no solo los 47 millones cobrados en forma ilícita por sus caseros, gracias a su intervención en beneficio propio. Resulta claro que Rivas, finalmente, admite haber delinquido en el ejercicio del cargo, condición indispensable para que un acusado se acoja a la suspensión condicional del procedimiento, tal como lo hizo en 2018 el exdiputado José María Ibáñez, en una causa casi idéntica que le causó al erario un daño patrimonial de 30 millones de guaraníes. Aparte de repararlo, el autor confeso del delito de estafa y su esposa se obligaron a donar a un leprocomio un generador eléctrico valuado en 117 millones de guaraníes, pero la ciudadanía no quedó satisfecha y exigió con tanta fuerza que abandone su banca, que Ibáñez se vio forzado a renunciar como legislador.
Y bien, no es preciso esperar más resoluciones tribunalicias para reclamar desde ya que Rivas imite a su correligionario, renunciando de inmediato a su inmerecida investidura. Su abogado dijo que él desea reparar también el mal causado a la sociedad. Si es así, lo mejor que podría hacer este delincuente, calificativo que surge de los dichos del propio defensor, es irse a su casa y pagar a los empleados domésticos con su propio dinero. Sería absurdo que quien admitió haber incurrido en un hecho punible siga dictando leyes a ser acatadas por su víctima, la población en general. Sería ridículo que Rivas presente, por ejemplo, un proyecto de ley para agravar la sanción prevista para el delito de estafa.
Implica un contrasentido que también los siguientes procesados por delitos varios integren una Cámara que se llama “honorable”: los colorados Miguel Cuevas, Éver Noguera, Avelino Dávalos, Marlene Ocampos, Ulises Quintana y Esteban Samaniego, así como el liberal Teófilo Espínola. Vale la pena, en el literal sentido de la expresión, volver a recordarlos porque su sola presencia en el recinto parlamentario implica un agravio a la ciudadanía. Aunque el Parlasur no sea, en realidad, un Parlamento, lo mismo cabe decir de sus miembros liberales Enzo Cardozo y Milciades Duré, unos chicaneros encausados por el delito de lesión de confianza.
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Es cierto que, formalmente, los mencionados gozan de la presunción de inocencia, aunque si Quintana sufrió prisión preventiva fue porque hubo y hay “elementos de convicción suficientes sobre la existencia de un hecho punible grave”. Empero, hallándose tan extendida la corrupción en el ámbito político, es razonable presumir que delinquieron, más aún atendiendo que el Ministerio Público no se destaca por perseguir con saña a los grandes sinvergüenzas. Por tanto, cabe pensar que habrá más diputados que tendrían que responder ante la Justicia. Estas observaciones también valen para el Senado, que acaba de rechazar la pérdida de investidura de Javier Zacarías Irún (ANR) y Rodolfo Friedmann (ANR), procesados, respectivamente, por desvío de fondos municipales y fraude en licitaciones, así como la de Sixto Pereira (FG), grabado alentando, aparentemente, invasiones de tierras.
Cabe pretender que los legisladores honestos repudien, una y otra vez, a sus colegas indignos. Si así no lo hacen, que no se quejen de que se los meta con los perversos en una misma bolsa, si no tienen el valor de montar un “cordón sanitario” alrededor de ellos y de instarles, una y otra vez, que tengan la mínima decencia de dimitir. Lo mismo debería hacer la ciudadanía harta de la podredumbre legislativa, exigiendo la renuncia de quienes no tienen la autoridad moral suficiente para representarla con altura. Sería muy triste llegar a la conclusión de que es imposible que el Paraguay tenga un Congreso más respetable, porque allí ya están sus mejores hijos. La Constitución no ordena que quienes pretendan integrarlo gocen de notoria honorabilidad, pero eso no significa que cualquier canalla deba ser honrado por el voto popular. En última instancia, dependerá de la ciudadanía forzar la depuración del Palacio Legislativo. Desde ya, debe ir identificando a los facinerosos de la política para, primero, repudiarles en los lugares públicos donde se los encuentre, y luego castigarles con el voto en las elecciones.