El Congreso tiene en estudio un proyecto de ley “Que establece medidas transitorias de consolidación económica y protección social para mitigar el impacto de la pandemia del covid-19 o coronavirus”, que en realidad no es otra cosa que la tercera o cuarta ley de emergencia que lanza el Poder Ejecutivo al amparo de la coyuntura sanitaria, esta vez por 365 millones de dólares. Los argumentos son los mismos y también la estrategia: la mayor parte de los fondos son para seguir repartiendo subsidios y solo un porcentaje relativamente pequeño es específicamente para salud. Pero lo más grave es que se siguen solicitando y aprobando liberación de fondos sin antes rendir pormenorizadas cuentas a la opinión pública y a los contribuyentes, que son los que corren con los gastos.
El Ministerio de Salud Pública jamás cumplió su promesa de poner a disposición del público reportes permanentes y detallados del uso de “cada guaraní” destinado a enfrentar la emergencia. La última información sobre el presupuesto que hay en su portal es de octubre de 2020, cuando todavía se estudiaban las asignaciones para 2021 en la Comisión Bicameral del Legislativo. También hay “informes parciales” dentro de su programa de “rendición de cuentas a la ciudadanía”, en los que no consta ni una sola cifra.
Oficialmente, la distribución y ejecución de los fondos de emergencia se exponen en el sitio “Rindiendo cuentas al pueblo paraguayo” del portal del Ministerio de Hacienda, donde solo se dan los grandes números en amplias categorías, lo que no alcanza para discernir si hubo una utilización honesta, eficiente y oportuna del dinero público, y donde, además, surgen importantes inconsistencias que nunca fueron aclaradas.
El informe que actualmente está en línea tiene como fecha de corte el 15 de julio de 2021 y contempla, según se lee allí mismo, la rendición de un total de 1.990 millones de dólares correspondientes a los artículos 33 y 35 de la Ley 6524, que declara el estado de emergencia en todo el territorio de la República, con un tipo de cambio de referencia de 6.382 guaraníes por dólar.
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Sin embargo, al cotejar las cifras, llamativamente estas no coinciden. Figura un monto total “presupuestado” de 10,19 billones de guaraníes, que equivalen a 1.597 millones de dólares al cambio de referencia, de los cuales se consigna un total ejecutado de 8,16 billones de guaraníes o 1.279 millones de dólares.
Es decir, solamente en lo relativo a la primera ley de emergencia, la 6524, hay una diferencia de nada menos que 711 millones de dólares en la rendición de cuentas oficial del Ministerio de Hacienda “al pueblo paraguayo”. Varias veces la prensa hizo notar esta situación, pero hasta el momento nadie ha salido a dar una explicación convincente. Es posible que los datos estén desactualizados (pese a que supuestamente son a julio de 2021), pero, si es así, entonces con mayor razón cabe afirmar que la ciudadanía está recibiendo de sus autoridades información incompleta, engañosa, quizás falsa, y que la tan alardeada transparencia no es más que una burla.
De acuerdo con esta rendición, del total de los fondos ejecutados de la ley de emergencia, apenas el 12,5% fue a salud pública. El resto se asignó a diversos programas de subsidios, incentivos y mantenimiento de la burocracia estatal, con el argumento de que había que adoptar medidas para paliar el impacto socioeconómico de las restricciones por la pandemia. Si estas medidas fueron realmente efectivas y si el dinero se utilizó racionalmente y llegó a las personas correctas nunca lo sabremos, porque así como no ha habido verdadera rendición de cuentas, tampoco se conoce que haya habido evaluación seria de impacto y resultados conforme a metas específicas.
Adicionalmente, en junio el Ministerio de Salud salió públicamente a decir que se le agotó el presupuesto para cumplir con las leyes de “gasto cero” y que necesitaba 20 millones de dólares suplementarios por mes para afrontar los compromisos. Se dijo que solamente con sanatorios privados, por internación de pacientes sin lugar en el sistema público, se habían comprometido 556.000 millones de guaraníes por 2.225 pacientes en terapia intensiva y 112.000 millones de guaraníes por 2.267 pacientes en salas comunes. Esto hace un promedio de 250 millones de guaraníes y de 50 millones por paciente, respectivamente, lo que llama bastante la atención. Cuando se les pidió desde la prensa que informaran exactamente qué sanatorios eran los acreedores, cuánto facturó cada uno, en qué concepto, con el detalle de cada remedio administrado y cada procedimiento realizado, no se volvió a hablar del asunto.
Y ahora el Ejecutivo remitió este nuevo proyecto de ley de emergencia por 365 millones de dólares por los mismos motivos siempre esgrimidos. Supuestamente es solo una reprogramación presupuestaria, pero se incluye como fuente de financiamiento un monto no reembolsable de 250 millones de dólares que extrañamente cae del cielo por parte del Fondo Monetario Internacional. Más allá de ciertas dudas que todavía deben esclarecerse al respecto, el hecho es que la mencionada “reprogramación” no es tal y que, de aprobarse el proyecto, se gastarán 250 millones de dólares más.
De todo este nuevo paquete de 365 millones de dólares, aunque el proyecto intenta maquillarlo, solo 70 millones estarán destinados a cubrir gastos del Ministerio de Salud de julio a diciembre, menos del 20 por ciento. El resto, de nuevo, va a subsidios, jubilaciones estatales y algunas exoneraciones.
Cuando alguien quiere cobrar en cualquier ámbito, primero tiene que pasar la cuenta detallada de los bienes vendidos o los servicios prestados, y solo cuando la contraparte se asegura de que le están cobrando lo correcto y que todo está conforme a lo acordado, se produce el desembolso. Mientras el Gobierno no lo haga, no estarán dadas las condiciones para aprobar esta nueva ley de emergencia.