En los países infectados por la corrupción, quienes detentan el poder aprovechan el deterioro moral que afecta a la mayoría de los ámbitos de la sociedad para hacer sus negocios ilícitos.
En estos tiempos se llevan adelante algunos procesos en el Poder Judicial, en los que fueron acusados algunos personajes con gran influencia económica y política. Así, por ejemplo, el caso del exrrector de la UNA Froilán Peralta, quien cometió delitos de lesión de confianza e inducción a comisión de delitos cuando desempeñaba el cargo. Pero este personaje parecía intocable pese a las denuncias en su contra, hasta que la memorable movilización de los estudiantes, bajo el recordado lema de “UNAnotecalles” forzó por fin a intervenir a nuestra pachorrenta o cómplice justicia. Este fue uno de los episodios que demostró claramente el poder de las manifestaciones ciudadanas.
Asimismo, están los hermanos Óscar y Ramón González Daher, quienes por años fueron protagonistas de la politiquería nacional, supuestamente solventando campañas de colorados, liberales y otros, quienes a partir de ese momento se convertían en sus “tembiguái”, para luego devolver el “préstamo” con favores desde el cargo que les toque.
Entre otros hombres del poder que también cayeron estrepitosamente figura el entonces fiscal general del Estado Javier Díaz Verón, quien afronta cargos de enriquecimiento ilícito, pero la lentitud de la justicia cómplice permite que la tardanza del juicio oral lo beneficie con prisión domiciliaria, donde disfruta de la comodidad de su hogar. Quien debía custodiar los intereses de la sociedad, ser su representante, fue su verdugo. Probablemente se le aplicará una leve pena, que ya estaría compurgada con el tiempo que pasó en la “prisión” domiciliaria. Así de suertudos son los grandes capos de la política criolla que metieron la mano en la lata. Pero que a nadie se le ocurra robar unos pomelos, que de inmediato irá a parar entre los reos comunes de Tacumbú.
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Esta lamentable situación sigue ocurriendo porque el criterio de los corruptos es aplicado hasta hoy en la función pública, como sucede en el sistema de elección de fiscales, jueces y defensores, así como en la Administración Central a cargo del Poder Ejecutivo, donde los nombramientos casi nunca responden a la idoneidad. Más bien, para recibir la bendición de los influyentes es indispensable mostrar sumisión y predisposición para hacer lo que deseen sus padrinos.
A este comportamiento inmoral y antipatriótico se conoce en la ley como tráfico de influencias, lo que deriva en perjuicio de la ciudadanía, puesto que el servidor que debería ser público, termina siendo un empleado del corrupto mayor, pero su salario es abonado por el pueblo.
El abuso de poder forma parte también de una forma de corrupción, como cuando en 2017 el entonces presidente Horacio Cartes, apoyado por congresistas trasnochados, pretendió torcer los mandatos constitucionales con una enmienda, lo cual derivó en derramamiento de sangre inocente.
En todos estos casos, la democracia ha funcionado correctamente, ya que fue también la gente, con su reacción, la que puso freno a los inescrupulosos, que usando influencias atropellan el Estado de Derecho, destruyendo los principios democráticos como el bienestar general.
La Constitución Nacional consagra de manera contundente en su artículo 2 que la soberanía reside en el pueblo. A continuación, en el artículo 3, dice que es el pueblo quien ejerce el poder público por medio del sufragio.
En la historia del Paraguay independiente, siempre fueron los ciudadanos y la prensa quienes denunciaron los fatos, frenaron abusos e intentos de avasallamiento de la Constitución, siendo perseguidos cruelmente, torturados y dando incluso sus vidas por la libertad. Es por eso que cada vez que delincuentes atropelladores de la democracia pretendan abusar de su mandato, la gente que ama el Paraguay y la libertad les hará saber que no hay espacio para ellos en la sociedad decente. Los paraguayos no se merecen ser gobernados por ladrones, los que, en lugar de usurpar lugares que no les corresponden, deben estar cumpliendo penas de cárcel o algún otro tipo de sanción que la ley contempla para ellos. Ahora mismo, la Contraloría General de la República acaba de proporcionar un informe sobre el escandaloso despojo de que ha venido siendo objeto nuestro país en Itaipú, con la complicidad de autoridades nacionales y consejeros de la entidad binacional. Todos ellos merecen el repudio popular en públicas manifestaciones.
Aunque los enemigos y traidores del Paraguay actúen desde las sombras como asaltantes, logrando momentáneamente enriquecerse, beneficiarse políticamente o zafar de la justicia corrupta que se les vende, más temprano que tarde se encontrarán de frente con ciudadanos honestos, cuyos pechos serán las murallas de defensa de la nación. La experiencia demuestra que es enorme el poder que tienen los ciudadanos unidos en repudio de un acto de corrupción o en defensa de una causa noble, y no deben dudar en ejercerlo para tratar de cambiar este deprimente panorama en que delincuentes de todo tipo y autoridades sinvergüenzas mantienen al Paraguay.