Las bandas criminales que operan en el norte de la Región Oriental siguen teniendo en vilo a la Fuerza de Tarea Conjunta (FTC) –hoy integrada en el Comando de Operaciones de Defensa Interna (CODI)–, pese a que la mayor de ellas –la que se hace llamar Ejército del Pueblo Paraguayo (EPP)– “no supera más de 22 personas”, según dijo hace poco un jefe policial de dicho grupo de tareas. También sostuvo que esa agrupación criminal “tiene fecha de vencimiento”, pero poco después asesinó a tres sargentos. Tras sufrir dos bajas hace un par de días, sus minúsculos desprendimientos autodenominados Agrupación Campesina Armada-Ejército del Pueblo (ACA-EP) y Ejército del Mariscal López (EML) son los que probablemente respondieron matando en San Alfredo (Concepción) a un guardia de seguridad privada y a dos agentes policiales, cuyas armas se llevaron: otra burla sangrienta que desnuda la ineficiencia del CODI.
Suponiendo que aún no lo haya hecho, ya es hora de que esta organización militar-policial se plantee muy seriamente si la estrategia y la táctica empleadas hasta hoy son las apropiadas para acabar con unos criminales que ultiman a sus efectivos, destruyen bienes, mantienen en largo cautiverio a tres compatriotas y se valen de niñas como escudos. También conviene que los encargados de combatirlos se pongan de acuerdo acerca del tiempo que se necesitaría para ello, pues mientras algunos jefes del CODI hablan de una “fecha de vencimiento”, el ministro del Interior, Arnaldo Giuzzio, afirmó días atrás que la lucha contra los forajidos es “un proceso que no puede terminarse de la noche a la mañana”, dando como ejemplo el muy distinto caso colombiano. Hubo coincidencia, en cambio, en la excusa de la falta de tecnología adecuada, razón por la que el ministro pidió al Congreso 130 millones de dólares, es decir, una suma trece veces mayor que la consumida por el CODI el año pasado. Es improbable que los radares y los aviones reacondicionados sirvan, por ejemplo, para desmantelar al aparato logístico de los delincuentes –financiado por el “impuesto revolucionario” arrancado con amenazas no denunciadas por las víctimas– si no existe una verdadera voluntad política y si los jefes militares y policiales siguen siendo tan ineptos como hasta hoy.
El agente fiscal Federico Delfino cree que la parte operativa de la ACA-EP solo tiene seis integrantes, pero no descarta que cuenten con “mucho apoyo logístico”. También hace falta, evidentemente, un eficaz trabajo de inteligencia, donde el fracaso es rotundo, pese a contarse con una serie de instituciones que conforman el Consejo Nacional de Inteligencia.
Según el citado agente fiscal, los autores de la última emboscada tienen como campo de operaciones el norte de los departamentos de Concepción y Amambay, donde se desplazarían muy rápidamente. Es de recordar que el Tte. Cnel. Luis Apesteguía, vocero del CODI, había dicho en abril que a las bandas criminales “les cuesta mucho desplazarse”, supuestamente a raíz de la presencia de los efectivos gubernamentales. Pero los hechos los están poniendo en ridículo, porque los criminales están golpeando en distintos puntos de esa zona, lo que indica que se mueven sin muchas preocupaciones, pese a sufrir algunas bajas esporádicas.
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No se pretende dar lecciones a los expertos, sino solo aportar opiniones tendientes a cuidar el dinero de los contribuyentes. Los mil efectivos del CODI deberían bastar, con el equipo disponible, para terminar con tanta zozobra, también causada por los delincuentes comunes que se hacen pasar por los “ideológicos” para extorsionar a la población. El agente fiscal Delfino declaró que estos “están infundiendo el terror (...) en todo el país”. Si es así, el CODI tiene mucho que hacer para salvar el honor del uniforme: hasta ahora, la ciudadanía no tiene motivos para estar satisfecha con su desempeño, que bien puede calificarse de paupérrimo.
Azotada por la pandemia y con el erario en apuros, la población no puede tener la certeza de que el éxito solo dependa de invertir más fondos, sino más bien la firme presunción de que, hasta ahora, no se ha hecho un buen uso de los recursos humanos y materiales disponibles. La sucesión de varios comandantes como respuesta a cada golpe de los facinerosos no fue porque el CODI carecía del suficiente equipamiento tecnológico, sino porque fue tan mal conducido que hasta hubo indicios de corrupción. Su dificultad no es presupuestaria, ni mucho menos.
El país no debe seguir en zozobra, mientras los familiares de los secuestrados Edelio Morínigo, Félix Urbieta y Óscar Denis sienten el dolor cotidiano de no tenerlos consigo, y aún más, de no saber nada de ellos. Los contribuyentes no tienen por qué continuar financiando una fuerza pública inoperante y costosa. Es imprescindible, por tanto, que pronto obtengan resultados contundentes.