En los últimos diez años, el Ministerio de Agricultura y Ganadería (MAG) entregó 442.985 millones de guaraníes a varias entidades que dicen representar a agricultores, sin que la impresionante suma se refleje en un mayor bienestar para los mismos. A modo de ejemplo, entre las receptoras figura incluso una curiosa Coordinadora de Trabajadores Campesinos Urbanos (CTCU), domiciliada en un barrio de Asunción y presidida por María Esther Leiva: en 2019 recibió 3.224 millones de guaraníes para comprar equipos en favor de 1.268 personas, contrató con una firma proveedora representada por Ronald Guerrero, procesado por los delitos de estafa y lesión de confianza en perjuicio del MAG y del Indert; cedió una parte de los fondos a otras agrupaciones y, al final, presentó una rendición de cuentas que no mencionaba a los destinatarios de las herramientas. Y así se esfuman los cuantiosos recursos destinados a los “campesinos”, que no mejoran su situación y cada año son arreados a la capital para reclamar más dinero, mientras sus líderes se movilizan en costosos vehículos y tienen un buen pasar.
El caso comentado ilustra el desvergonzado manejo que se la ha venido dando al dinero público, so pretexto de la Restauración de los Sistemas de Producción de la Agricultura Familiar (Resiproaf): de lo que se trata es de llenar las faltriqueras de unos voraces “dirigentes sociales”, como Jorge Galeano, líder de Coordinadora Nacional Intersectorial, una de las tantas agrupaciones inventadas para el efecto. El apetito habrá aumentado, pues al botín original –equivalente a 20 millones de dólares, de los que ya se gastaron 15– se le han sumado 25 millones, en el marco de la pandemia. La Resiproaf está en vías de convertirse en una fuente continua de ingresos ilícitos, que cada año atrae a las calles asuncenas a una ávida clientela que viola con impunidad el derecho al libre tránsito de los demás.
Se venía robando lisa y llanamente socapa de apoyar la agricultura familiar, porque ni el MAG ni la Contraloría General de la República verificaban si los beneficiarios son realmente agricultores y si en verdad están usando los instrumentos de labranza; más aún, ni siquiera investigaban si realmente existen, ya que se ha constatado, por ejemplo, que los cuatro supuestos agraciados con equipos y con la perforación de pozos en una compañía de Repatriación, son desconocidos por los pobladores. Habrá muchísimos casos similares, pues nada es más fácil que sacar nombres de la galera para quedarse con lo ajeno, mentando al campesinado, dado que los órganos competentes hacen la vista gorda. Tan irregular es la administración de los recursos que la jefa de la CTCU reveló orondamente que una parte de lo que obtuvo fue empleada por otras organizaciones, a las que la suya “prestó” sus documentos. Menos mal que ahora el titular del MAG, Moisés Santiago Bertoni, dijo que existen recursos que no se han transferido porque hay grupos campesinos que no rindieron cuentas o no cumplieron con los requisitos.
Las autoridades capitulan ante los prepotentes, prometiéndoles el oro y el moro, con tal de sacárselos de encima, a costa de los contribuyentes. También suelen reclamar, cada año, la condonación de deudas, como si los labriegos tuvieran mejor derecho que los artesanos o los plomeros también endeudados. Por cierto, estos no reciben instrumentos para “reactivar” su trabajo y está bien que así sea, aunque el tratamiento resulte desigual, porque el Presupuesto no daría abasto para satisfacer los requerimientos en tal sentido de todos aquellos que producen bienes o servicios. En verdad, cuesta entender que un campesino deba ser auxiliado con el dinero de todos y no así cualquier trabajador independiente, también pobre, salvo que solo se pretenda impedir el remanido “estallido social” con el que amenazan los dirigentes chantajistas y no necesariamente mejorar la calidad de vida en las zonas rurales. Es denigrante comprar la paz social, sucumbiendo ante los sinvergüenzas.
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Los auténticos agricultores necesitan ser capacitados por el MAG para producir más y poder formar cooperativas eficientes; también deben contar con caminos transitables en todo tiempo y tener acceso a un buen centro de salud cercano. El dinero hoy malversado en la Resiproaf podría ser mucho mejor invertido, si los Poderes Ejecutivo y Legislativo no acostumbraran dar el gusto a quienes concibieron nada menos que 103 organizaciones “campesinas” para sacarle el jugo al Estado. Estos “dirigentes sociales” no son más que unos bribones de marca mayor. Es indignante que tengan el cinismo de vestirse con ese ropaje y que las autoridades que deben precautelar el dinero de los contribuyentes se presten al juego sucio.
Nadie defiende a la población esquilmada, una y otra vez, como consecuencia de una cobardía moral imperdonable. No lo hace, por cierto, el Ministerio Público, pese que el Código Penal castiga con hasta diez años de cárcel la adquisición fraudulenta de subvenciones, como si no fuera de pública notoriedad que la Resiproaf es un gran negociado. Como en las esferas del poder no hay quien se atreva a ponerle coto, el próximo año se repetirá la triste historia, más aun atendiendo la proximidad de las elecciones generales: un drama montado para bien de unos pocos y para mal de muchos, incluidos quienes se dejan embaucar por los disparates del populismo rampante o conmover por las lágrimas de cocodrilo de los “dirigentes sociales”. Solo resta que, tomando conciencia de que los fondos desviados salen de sus bolsillos, la ciudadanía esquilmada deje de consentir con su silencio tanta inmundicia en nombre del “campesinado”, y denuncie a los estafadores por todos los medios a su alcance. Para que este accionar de los perjudicados tenga éxito, se requiere de una firme intervención del Ministerio Público y de la Justicia, hasta ahora más propensos a agradar a sus patrones políticos que a aplicar la ley.