En este país no faltan leyes, sino la voluntad de aplicarlas cuando están en juego poderosos intereses. Sus disposiciones pueden ser ignoradas con toda impunidad si los que mandan creen que no conviene malquistarse con los delincuentes si, por alguna razón, pueden resultar útiles desde el punto de vista político. Es así que, con frecuencia, las autoridades recurren a engorrosos “diálogos” con quienes violan las leyes, que siempre se salen con la suya, en vez de aplicar el Código Penal como corresponde.
Estas disquisiciones vienen a cuento de que el Senado aprobó por unanimidad un proyecto de ley que “cancela la licencia, el itinerario y el subsidio a empresas de transporte público infractoras de la ley”, aparte de calificar de “hecho punible de coacción y perturbación de servicios públicos” la amenaza o extorsión a los órganos estatales competentes. La Ley Nº 1618/00 dice que la concesión de servicios públicos termina por cumplimiento del plazo, por mutuo acuerdo y por las demás causales estipuladas en el respectivo contrato, en el reglamento y en las bases de la licitación. Al respecto, cabe mencionar que el contrato, por ejemplo, prevé la frecuencia con la que debe prestarse el servicio de transporte público, de modo que las “reguladas” implicarían un incumplimiento grave, que conllevaría el fin de la concesión. El Código Penal castiga la coacción, la amenaza y la perturbación de servicios públicos, como el hecho de impedir total o parcialmente el “funcionamiento de una empresa o instalación que sirva al transporte público”.
Como se ve, ya había el suficiente respaldo legal para cancelar la “licencia, el itinerario y el subsidio”, así como para perseguir penalmente a los responsables de las criminales “reguladas”. Lo que ocurrió y sigue ocurriendo es que los chantajistas disfrazados de empresarios son un factor de poder importante para el acarreo de votos en el marco de unas elecciones internas o nacionales.
No debe creerse, desde luego, que si la iniciativa mencionada se convirtiera en ley, sus disposiciones caerían sobre quienes han venido defraudando sumas multimillonarias en concepto de subsidio. Es muy improbable que, en tal caso, se pusieran a temblar, pero sí puede ocurrir que la población se dé por satisfecha, ya que está muy difundida la creencia de que basta con que una normativa sea promulgada para que una cuestión quede automáticamente arreglada. Si muchos la incumplen es porque también abundan los que ignoran su deber de hacerla cumplir por corrupción, indolencia o interés político. En realidad, depende de la “cara del cliente” que una ley tenga vigencia efectiva o que no sea más que papel mojado, esto es, un documento de escasa o nula relevancia.
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Las Cámaras del Congreso ignoran olímpicamente la ley de la función pública en su administración interna, otorgan pensiones graciables fuera de los casos previstos en la “ley marco” y crean municipios burlándose de la Ley Orgánica Municipal. Si quienes se ocupan de legislar no respetan su propia obra, mal se puede pretender que el común de los funcionarios sea riguroso a la hora de subsumir cierta conducta en una norma jurídica. En un Estado de derecho, la ley rige tanto para los gobernantes como para los gobernados; la Constitución ordena que toda persona la cumpla, aunque no esté de acuerdo con ella. El grave problema es que hay quienes no se creen obligados a respetarla, como los camioneros o los “empresarios” del transporte público de pasajeros, y otros que cierran los ojos ante sus atropellos. Mientras las autoridades sean vulnerables a los grupos de presión o lisa y llanamente al soborno, no habrá ley, por mejor concebida que esté, que asegure un buen servicio público.
El senador Enrique Salyn Buzarquis (PLRA) sostuvo durante las deliberaciones que lo importante sería decirle al pueblo que el Poder Legislativo lo apoya, lo que resulta saludable, pues hasta ahora no ha tenido muchas ocasiones para tomar nota de tal respaldo. Pero este legislador debe saber que la simple sanción de la ley a veces no significa nada, por lo que sería mucho mejor que verifique si sus leyes son en verdad aplicadas.
Para decirlo una vez más, el transporte público de pasajeros seguirá siendo una calamidad mientras sus regulaciones no sean realmente cumplidas debido a la confabulación entre el poder político y los que han venido estafando al Estado sin sufrir los rigores del Código Penal. En otras palabras, la impunidad es incompatible con un buen servicio.