El ministro de la Secretaría Nacional Anticorrupción (Senac), René Fernández, anunció que intervendrá ante la información del Departamento del Tesoro de EE.UU. de que Kassem Hijazi, detenido con fines de extradición, dirigía en Ciudad del Este una red de lavado de dinero del narcotráfico, gracias a sus vínculos con políticos, agentes fiscales y policías paraguayos; más aún, sus contactos con funcionarios del Poder Ejecutivo habrían impedido que se adoptaran acciones judiciales contra su organización, a la que también estarían ligados Khalil Hijazi y Liz Paola Doldán, detenidos en la misma oportunidad. Esta última fue imputada en 2019 por contrabando, lavado de dinero y asociación criminal, pero fue sobreseída provisionalmente, a pedido de la Fiscalía, porque “la hipótesis inicial no fue corroborada”, según el agente fiscal Francisco Cabrera. Tras la denuncia norteamericana, el jefe de la Subsecretaría de Estado de Tributación (SET), Óscar Orué, informó que la empresaria ¡evadió durante cinco años el pago de unos 600 millones de dólares en concepto de impuestos!, según había surgido del cotejo de datos de la SET con los del Departamento del Tesoro de EE.UU.
Por cierto, en 2005, el “despachante aduanero” Kassem Hijazi fue sospechosamente absuelto por un Tribunal de Sentencia integrado por Ana Arréllaga, Graciela Flores y Efrén Giménez, en una causa abierta por asociación criminal, aunque de hecho el delito habría consistido en una evasión fiscal por valor de más de 32 millones de dólares. El presunto malhechor era un prestigioso miembro de su comunidad, tanto que justamente el Departamento de Delitos Económicos de la Policía Nacional le entregó un pergamino de “reconocimiento y gratitud por su apoyo y asistencia en beneficio de la institución”: el documento adornaba una casa de cambios clandestina, allanada en estos días. Este grotesco detalle y la impunidad de que gozaba ilustran las excelentes relaciones que Kassem Hijazi cultivaba con diversas instancias del aparato estatal, es decir, el contubernio señalado por el Gobierno estadounidense, el mismo que develó el lavado de dinero del narcotráfico perpetrado por la exdiputada colorada Cynthia Tarragó.
Está visto que sin las oportunas iniciativas del “gran país del norte” la mafia internacional seguiría operando aquí con la mayor tranquilidad, ante las narices de nuestras autoridades ciegas, sordas y mudas. El agente fiscal Marcelo Pecci creyó necesario apuntar que sobre el personaje de marras, a quien trató con todo respeto de “señor”, no pesaba en el Paraguay una orden de captura ni condena alguna, lo cual es muy cierto: mal podría haberlas si estaba tan bien vinculado. Dijo además que su detención fue el resultado de “casi dos largos años de larga tarea”, como si el Ministerio Público nunca hubiera tenido la menor idea de las actividades delictivas de ese “señor”. Por una de esas casualidades del destino, el feliz desenlace –”de alto valor estratégico”– coincidió con la visita realizada por evaluadores del Grupo de Acción Financiera de Latinoamérica (Gafilat), quienes podrían preguntarse por qué fue exculpado hace dieciséis años, qué lazos concretos tiene con el aparato estatal y cuánto dinero lavó desde entonces a través de oficinas de cambio y bancos de Ciudad del Este: el Departamento del Tesoro de EE.UU. cree que tenía la capacidad suficiente para lavar cientos de millones de dólares.
En otro hecho que desvela los poderosos tentáculos que tienen las autoridades y políticos poderosos en el ámbito de la Justicia, en estos últimos días también se supo que en el Juzgado Penal de Garantías, a cargo de Humberto Otazú, “desaparecieron” unos 380 cheques presentados como pruebas en la causa abierta a Ramón González Daher y a su hijo Fernando, por los delitos de usura y lavado de dinero. El juez cree que se trata de una venganza por haber sido él quien dispuso no solo la prisión preventiva de ambos, sino también la de Óscar González Daher y la de su hijo homónimo, procesados por los hechos punibles de enriquecimiento ilícito, declaración falsa y lavado de dinero, delito este último del que resultó exculpado el padre. Es probable que tampoco estos hechos pasen desapercibidos a los evaluadores del Gafilat, al igual que la reciente promulgación de una ley que libra a los clubes deportivos y a las firmas tabacaleras del examen de la Secretaría de Prevención del Lavado de Dinero o Bienes. Habrá que ver si nuestro país aprueba el examen: si se aplaza, las consecuencias afectarán a toda la población, mientras los responsables seguirán disfrutando de las mieles del poder.
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Es saludable, en fin, que la Senac haya decidido tomar cartas en el nauseabundo caso antes referido, aunque es de lamentar que haya esperado tanto tiempo, por razones desconocidas aunque no difíciles de imaginar. A decir vedad, si tomara en serio su trabajo, serían enormes el esfuerzo y el coraje requeridos para intentar depurar la maquinaria estatal, el Estado, empezando quizá por el propio Poder Ejecutivo, que tanto influye en el Ministerio Público y el Poder Judicial. El contubernio entre el sector público y el crimen organizado debe ser eliminado, para que el Paraguay no se convierta definitivamente en un “Estado fallido”.