Cinco unidades de transporte público asaltadas a plena luz del día, algunas en lugares tan céntricos, tan concurridos, tan transitados como la avenida Madame Lynch; un asalto con homicidio incluido en avenida San Martín y Austria, en plena “zona vip” de nuestra capital donde un policía de civil conducía el vehículo atacado, y el asesinato de un chipero esforzado por una marginal menor de edad frente al Mercado de Abasto… constituyen el cuadro de la inseguridad rampante que azota no solo a nuestra capital, sino a todo el país.
Los secuestros continuos de Félix Urbieta, Edelio Morínigo, Óscar Denis; el asesinato de Jorge Ríos, secuestrado también; forman, además, parte del espantoso episodio que incluye varios secuestros exprés.
La impunidad de los bandoleros, motochorros y cuanto criminal anda suelto y metido en microtráfico que campea en plenas zonas urbanas, incluidas drogas desde marihuana hasta cocaína, armas y medicamentos, completan el desolador panorama.
Esto no ocurre porque el pueblo paraguayo no haga un esfuerzo importante, sin precedentes, por financiar a la Policía Nacional, pues los contribuyentes dan alrededor de trescientos millones de dólares cada año a esa fuerza de seguridad, además del dinero que se da a la Secretaría Antidrogas, a la Secretaría de Prevención del Lavado de Dinero, a la Unidad Anticontrabando y, en fin, a todos los organismos que se crean con la excusa de mejorar la seguridad, pero que solo funcionan como fachada de una podredumbre generalizada.
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Esto ocurre porque la inseguridad es un negocio que se protege desde el Estado, y cuyos protectores son ministros y secretarios que alegan cualquier pretexto para mantener en funcionamiento esta lamentable situación.
El ministro del Interior, Arnaldo Giuzzio, quien por imperio del artículo 175 de la Constitución Nacional es el jefe superior de la Policía Nacional, ejemplifica mejor que nadie de qué se trata todo esto.
Si el propio ministro Giuzzio y el comandante de la Policía Nacional, Crio. Gral. Luis Arias Navarro, hacen la vista gorda al peligro reinante en las calles no se les puede pedir después a los agentes afectados que sean morales frente a cualquier otro delito. Cuando se les complica en la comisión de un delito, se destruye la base moral que permite una acción eficaz de la Policía.
Así tenemos algunos agentes policiales, no todos, valga la aclaración, involucrados directamente en extorsiones sistémicas, incluso en secuestros o en narcotráfico. Ellos no pueden contribuir a la seguridad pública, porque ellos son la fuente de la inseguridad general.
Hay denuncias que involucran a la Policía Nacional incluso en coimear a los asaltantes y asesinos que asolan a cuanto paraguayo de a pie deba moverse para trabajar. En el caso del asesinato del chipero mencionado antes, hay sospechas fundadas de que el aguantadero desde el que salió la marginal que lo asesinó es un centro de actividades criminales que está protegido y esa sospecha tiene consistencia con la denuncia realizada por la ministra de la Niñez, Teresa Martínez, acerca de la incomprensible falta de coordinación institucional para erradicar los aguantaderos.
Giuzzio, que fue fiscal, senador, y que ahora es ministro del Interior, y que, por tanto, conoce perfectamente el problema, nada hace por afrontarlo, conducta que se comprende cuando se lo ve que anda muy ocupado haciendo política y posando con quienes había denunciado como narcopolíticos.
La construcción de la seguridad pública es un asunto tan suficientemente estudiado ya, desde la doctrina de “las ventanas rotas” hasta todos los desarrollos posteriores, que es inaceptable que el ministro del Interior actúe como si no supiera lo que debe hacerse.
“Tolerancia cero” es el lema derivado de los avances en el conocimiento del problema, y tiene que ver con no admitir, en primer lugar, corrupción dentro de la fuerza policial: Tolerancia cero con policías corruptos.
Pero Giuzzio al parecer nada ha hecho al respecto porque prefiere ser parte de un Gobierno cicatrizado con la corrupción, cuyos nichos de actividad delictiva decidió no tocar porque si los aborda, afecta a líderes políticos que dan sustento a dicho Gobierno.
En efecto, si el Gobierno alienta, por razones de supuesta conveniencia política, el abrazo de impunidad con todo delincuente que le presta soporte es imposible que se ponga a la Policía Nacional al servicio de la gente y la seguridad.
Por demás, el Ministerio Público, dirigido por Sandra Quiñónez, debe combatir la corrupción en la institución policial y tiene también la obligación de aclarar y castigar con severidad, por ejemplo, el escandaloso y multimillonario robo de una gran parte del rubro de combustible de la Policía Nacional, que fue pillado no precisamente por una investigación interna, sino por una denuncia ciudadana que motivó la apertura de una pesquisa.
El presidente Mario Abdo Benítez, quien hace poco impuso la presilla de cuatro estrellas al comandante Luis Arias, debe exigirle explicaciones convincentes, no más excusas baratas.
El comisario Arias, si es que está comprometido con la ciudadanía y no con la rosca corrupta, tiene que echar a los presuntos responsables del asqueroso desfalco, como su director administrativo Jorge Medina y sus secuaces, quienes fueron acusados de mala fe por los propios investigadores policiales.
También hay que analizar la conducta del director de Asuntos Internos, Francisco Andino, quien antes que trabajar en la depuración de las filas policiales, aparentemente cajoneó la primera investigación que hicieron sus subalternos y que fue la que confirmó la tragada de plata. Andino también dilató hasta último momento la comunicación del caso a la Fiscalía, que de hecho lo hizo recién después de una segunda recomendación de sus subalternos y de la serie de publicaciones de ABC.
Si la Policía no muestra signos de cambio, el Presidente de la República automáticamente quedará asociado como cómplice o, peor aún, como un flojo e inútil Comandante en Jefe.
Por aquello de que la caridad empieza por casa, el Ministerio del Interior y la Policía Nacional deben rescatar lo mejor de sí y sus hombres para una lucha frontal contra la criminalidad que se está apoderando de las calles a plena luz del día.