El caso Aduanas se desinfla y va a las calendas griegas

Por 132 votos contra uno, la Asamblea Nacional de Ecuador expulsó hace poco a una de sus miembros por haber infringido la norma constitucional que le prohibía “gestionar nombramientos de cargos públicos” y “percibir dietas y otros ingresos de fondos públicos, que no sean los correspondientes a su función de asambleísta”. La severa medida, que iba a ser comunicada a la Fiscalía para la investigación pertinente, viene a cuento de la denuncia penal por tráfico de influencias que el director de Aduanas, Julio Fernández, realizó contra el senador Martín Arévalo (ANR) y de la que este presentó contra él por lesión de confianza. Por de pronto, el senador ya admitió ante la Cámara que su “pecado” fue pedir los traslados de dos funcionarios aduaneros, pero no sin agregar que el titular de Aduanas le solicitó, a su vez, beneficios salariales para 10.000 aduaneros y atacar a diputados opositores que lo estaban criticando.

Por 132 votos contra uno, la Asamblea Nacional de Ecuador expulsó hace poco a una de sus miembros por haber infringido la norma constitucional que le prohibía “gestionar nombramientos de cargos públicos” y “percibir dietas y otros ingresos de fondos públicos, que no sean los correspondientes a su función de asambleísta”. La severa medida, que iba a ser comunicada a la Fiscalía para la investigación pertinente, viene a cuento de la denuncia penal por tráfico de influencias que el director nacional de Aduanas, Julio Fernández, realizó el 10 de septiembre contra el senador Martín Arévalo (ANR) y de la que este presentó contra él por lesión de confianza, cinco días más tarde.

Las acusaciones recíprocas giran en torno a que el legislador habría insistido en que los aduaneros Luis Roberto Pereira y Miguel Ángel Medina sean nombrados administradores y a que gran parte de unas mercaderías incautadas en Encarnación el 24 de noviembre de 2019, cuyo valor ascendía a por lo menos tres millones de dólares, fueron robadas “sin resistencia” de un depósito privado sin seguro, habiéndose vendido el escaso remanente a un precio vil a Denis Albert Vera, candidato colorado a intendente de Ybytymí, derrotado el último domingo. Las mercancías habían sido introducidas de contrabando por dos firmas pertenecientes de hecho al empresario esteño de frontera Ahmad Khalil Chams, a favor de quien el mismo Arévalo habría abogado ante los aduaneros Luciano Flor y Guadalupe Ruiz, jefe del Departamento de Sumarios y administradora de Aduanas del puerto Paksa, respectivamente.

Naturalmente, esas acusaciones recíprocas no se excluyen, así que ambos protagonistas del escándalo podrían haber dicho la verdad. Por de pronto, el senador ya admitió ante la Cámara que su “pecado” fue pedir los traslados de Pereira y de Medina, pero no sin agregar que el director nacional de Aduanas, por su parte, le solicitó beneficios salariales para 10.000 aduaneros y atacar a diputados opositores que lo estaban criticando.

Lo cierto es que, a poco más de un mes de la primera denuncia penal, apoyada con capturas de pantalla de mensajes por whatsapp, se ha avanzado poco o nada en este grave asunto que, al menos en lo que hace al tráfico indebido de influencias, parece bastante claro. El Senado se limitó a trasladar el caso a una Comisión Especial Anticontrabando, instalada oficialmente el 14 de septiembre y presidida por Arnaldo Franco (ANR). Bien se sabe que, por su insignificancia, los resultados de una pomposa comisión suelen equivaler al proverbial parto de los montes: se conforman para ganar tiempo, dando la impresión de que se toma muy en serio lo que se tiene entre manos. El senador Blas Llano (PLRA) sostuvo, en la sesión plenaria realizada dos días después, que la investigación debería ser más amplia, pues no se trataría de un simple caso de contrabando y robo, sino de todo un sistema histórico. Como una investigación que involucra a personajes influyentes, más aún si es de tan vasto alcance, avanza a pasos de tortuga, puede presumirse que la notoria inconducta del senador Arévalo pase al olvido. Nada más se necesita que la propia confesión del “pecador” para privarlo de su investidura. Claro que puede ser muy cierto cuanto dijo de Fernández, pero eso no lo exculpa en modo alguno: si la Cámara se considera “honorable”, ya debería haberlo expulsado, pues sus mensajes telemáticos tienen igual valor probatorio que los audios causantes de la ignominiosa caída de Óscar González Daher. Y por cierto: el tráfico indebido de influencias puede y debe analizarse con independencia del contrabando, en donde el titular de Aduanas aparece también muy comprometido.

Por su parte, el Ministerio Público allanó ya el 11 de septiembre las viviendas de los aduaneros Pereira y Medina, lo que sirvió para que la ciudadanía tomara nota de su lujoso tren de vida. Hasta ahora se ignoran las consecuencias, así como las de las pesquisas que debería estar realizando sobre las responsabilidades de Julio Fernández. Tampoco se diría que se ha puesto a investigar como es debido el robo de las mercaderías incautadas y la legitimidad de la venta de las que continuaron en el depósito. La Cámara de Diputados tomó la iniciativa con respecto a este al decidir, el 22 de septiembre, hacerle 27 preguntas relacionadas con el tráfico de influencias y las mercaderías robadas. La falta de seriedad de sus miembros quedó en evidencia el último martes, cuando la sesión extraordinaria convocada para interpelarlo no pudo realizarse por falta de quorum. Por lo visto, también en este caso se pretendió dar la imagen de un cuerpo legislativo preocupado por los hechos punibles acontecidos: a la hora de la verdad, la mayoría brilló por su ausencia.

Y bien, mientras se espera que algún día el Senado se expida sobre los manejos de uno de sus miembros relativos a dos opulentos aduaneros y que los diputados tengan ganas de reunirse para ocuparse en serio de la gestión del director nacional de Aduanas, la opinión pública debería atender que en esta historia de amiguetes enemistados hay un tercero en discordia, llamado Hugo Velázquez, vicepresidente de la República: no recordó haber recibido en su despacho al “empresario” Ahmad Khalil Chams para hablar del cargamento incautado, aunque admitió que era “muy probable” que haya llegado a él “a través de un político”.

A este paso, puede presumirse que el sonado caso va para las calendas griegas, y que, ahogado por otros nuevos grandes escándalos, los dos personajes a la larga serán absueltos o recibirán una pena ínfima, como viene ocurriendo. Será un caso más en que, como venimos repitiendo, en el Paraguay hay delitos, pero no delincuentes.

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