Otra descomunal rapiña de intendentes y un gobernador

Un operativo de la SET detectó que 17 municipalidades y un Gobierno departamental cuentan con facturas “clonadas” o de contenido falso, por un valor total de 57.000 millones de guaraníes, emitidas en 2018, 2019 y 2020 por Cristino Jara, un octogenario que vive en la pobreza y que sería dueño de una firma inexistente, que habría proveído, sobre todo, materiales de construcción. En palabras del viceministro Óscar Orué: “Supuestamente, aquí se hicieron obras, pero, cuando vemos la documentación, no han comprado un solo ladrillo, no han comprado un solo insumo, no han contratado a ninguna persona para hacer la obra”. ¡Vergonzoso! Así, se estuvo robando a mansalva incluso en tiempos de pandemia, como si tampoco la muerte y el dolor desatados conmovieran la conciencia de quienes fueron elegidos por la ciudadanía para estar a su servicio y no para llenarse los bolsillos con su dinero.

Un operativo de la Subsecretaría de Estado de Tributación (SET), que se prolongó durante más de cuatro meses, detectó que 17 municipalidades y un Gobierno departamental cuentan con facturas “clonadas” o de contenido falso, por un valor total de 57.000 millones de guaraníes, emitidas en 2018, 2019 y 2020 por Cristino Jara, un octogenario que vive en la pobreza y que sería dueño de una firma inexistente, que habría proveído, sobre todo, materiales de construcción. En palabras del viceministro Óscar Orué: “Supuestamente, aquí se hicieron obras, pero, cuando vemos la documentación, no han comprado un solo ladrillo, no han comprado un solo insumo, no han contratado a ninguna persona para hacer la obra”. ¡Vergonzoso!

Los intendentes liberales que estarían implicados en el descomunal fraude son Raúl Fernando Negrete (Ypacaraí), Luis Gilberto Rodríguez (Yaguarón), Teodosio Gómez (Villeta) y Alcides Ramón Riveros (Fernando de la Mora), todos ellos reelectos; Luis Alberto Aponte (Mbuyapey), Arnaldo Valdez (Santa Rosa, Misiones), Hugo Fleitas (Isla Pucú, renunció), Julio César Antúnez (Juan de Mena), Guido Gayoso (Pirayú), Miguel Ángel Meza (Itauguá) y Jacinto González (Mbocayaty del Yhaguy), en tanto que los colorados son Óscar Alfonzo (San Roque González de Santa Cruz) y Carlos Alberto Ramírez (San Alberto), que fueron reelectos; Elvio Ruiz Díaz (Escobar), José Asunción Vallejos (Guarambaré), Javier González (Tebicuarymí) y Hernán Schlender (Jesús, destituido); este último se llevaría la palma con facturas fraudulentas por un valor total de 12.000 millones de guaraníes, lo que no debería sorprender porque está procesado por enriquecimiento ilícito, habiendo sido destituido en 2019. El gobernador que estaría involucrado en el hecho punible es el liberal Hugo Fleitas (Cordillera). Seis de los 17 intendentes mencionados fueron reelectos, lo que implica una proporción significativa: es de presumir que sus desmanejos eran ignorados por los vecinos, pese a tratarse de localidades pequeñas, salvo la de Fernando de la Mora.

Lo que resulta mucho menos comprensible es que, según parece, en ninguno de los municipios esas corruptelas fueron percibidas por los ediles, encargados de aprobar o rechazar la rendición de cuentas del intendente: aprobaron los supuestos gastos realizados ¡sin advertir que las obras no fueron construidas!, o sea, sin cuidar el dinero de los contribuyentes ni atender las necesidades comunales. Se diría que se destacaron por su desidia, pero es más probable que hayan actuado como cómplices o encubridores del jefe de la administración municipal, integrando una “rosca” que practica el latrocinio, más allá del carnet partidario. Lo antedicho también vale, en gran medida, para los concejales departamentales de Cordillera, que no indagaron dónde fueron a parar los 2.740 millones de guaraníes consignados en 23 facturas clonadas o de contenido falso.

Para decirlo con todas las letras, se estuvo robando a mansalva incluso en tiempos de pandemia, como si tampoco la muerte y el dolor desatados conmovieran la conciencia de quienes fueron elegidos por la ciudadanía para estar a su servicio y no para llenarse los bolsillos con su dinero, valiéndose incluso de un pobre anciano, recomendado por una red de “gestores” delincuenciales, entre los que figura un sobrino suyo. Si el Ministerio Público se decidiera por fin a cumplir con su obligación, los intendentes y el gobernador tendrían que responder ante la Justicia y devolver el dinero desviado, con intereses, aparte de cargar con la responsabilidad penal que corresponda. La investigación igualmente debería alcanzar a los concejales municipales y departamentales que avalaron los falsos desembolsos, atendiendo que la ley también los hace personalmente responsables por sus decisiones que causen un daño patrimonial a la Municipalidad y a la Gobernación, como lo es la de aprobar una ejecución presupuestaria mentirosa.

No habría sido necesario que la SET efectuara el operativo “Facturación 2.0″ para descubrir hechos punibles de gran envergadura, si en cada municipio hubiera existido un control interno por parte de los vecinos y de los ediles honestos. Es preciso que la gente se interese más en la cosa pública, para que quienes mandan no se aprovechen de su desinterés para quedarse con el dinero ajeno. Desde luego, también hace falta que la Contraloría General de la República se esfuerce en poner bajo la lupa a los Gobiernos locales y departamentales, y que el Ministerio Público persiga con todo el rigor de la ley a los bandidos que los infestan. Por último, sería bueno que, si pretende ser una opción atractiva en 2023, el PLRA vigile de cerca la gestión de sus intendentes, gobernadores y concejales: debería avergonzarle que sean liberales la mayoría de los intendentes y el único gobernador indiciados, salvo que quiera hacer creer al electorado que se trata de una “persecución política”.

La ciudadanía debe reaccionar con firmeza y perseverancia, dentro de lo que permite la ley, para defender a sus comunidades del latrocinio de sus autoridades, escrachándolas en los lugares públicos en donde concurren para exhibir su riqueza mal habida, si es que el Ministerio Público y la Justicia hacen la vista gorda ante sus desafueros.

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