El Mercado Municipal Nº 4 es una verdadera mina de oro para facinerosos de diverso pelaje, que, mientras se enriquecen, ponen en peligro la vida y los bienes de miles de personas al permitir, a cambio de un soborno, la instalación de casillas irregulares en la vía pública o en la vereda. Es vox populi que allí está permitido todo lo que está prohibido, siempre que se remunere la tolerancia: se roba y se deja robar, sin que los autores del delito continuo deban temer una sanción administrativa ni, mucho menos, penal. A todas luces, hay una caja paralela que poco o nada interesa al intendente y a los concejales, así como a la Contraloría General de la República y al Ministerio Público. Los datos que están saliendo a la luz, tras el último siniestro, revelan una corrupción rampante, que se practica a ojos vista, sin necesidad de ocultarla. Según el director del “mercado”, Christian Bareiro, existen 2.740 permisionarios, aunque otras fuentes de la Municipalidad hablan de unos 3.000; lo cierto es que, el año pasado, solo ingresaron poco más de 4.714 millones de guaraníes, y conste que esta suma incluye los pagos por los servicios de luz, agua y barrido, así como el canon por la ocupación temporal de bienes públicos. En cuanto a este último concepto, dada la experiencia ya recogida en el Mercado de Abasto, el número de ocupantes irregulares bien podría duplicar el de los registrados, lo que supondría una considerable pérdida para el erario municipal.
Con esta clase de escándalos solo se puede sospechar que muchos intendentes, concejales y otras autoridades de la comuna asuncena, de todos los partidos, participan del festín con el dinero del contribuyente. De lo contrario, no se explica que a nadie preocupe lo que se hace con la multimillonaria suma que no ingresa en las arcas comunales, de lo que se deduce que una gran cantidad de los mencionados “pican” de esta “economía no registrada”.
En lo que atañe al uso de bienes públicos, las ilicitudes llegan al colmo de que se venda ante un notario, por 150 millones de guaraníes, un espacio callejero de 1,40 por 2,40 metros, ocupado por dos casillas; una poseedora refirió a otra que, “según la administración, no se vende, pero eso es bola: los puestos se venden siempre, es un secreto a voces; es cuestión de hablar con los administradores, no más”. Por supuesto, el visto bueno de estos señores no es gratuito y se elude la prohibición de vender, dispuesta por la Ordenanza Nº 551/15, disfrazando las ventas como “transferencias”.
Resulta que en el “mercado” todo es negociable. La Ley Orgánica Municipal (LOM) dispone que los espacios destinados a calles no pueden ser objeto de concesión para uso de particulares, pero la Municipalidad permite hoy que se monte allí una casilla a cambio de 60 o 70 millones de guaraníes. El problema de contabilizar el ingreso ilegal se evitaría privatizándolo, como bien lo sabrán el citado director Christian Bareiro, su jefe político, el edil Augusto Wagner (PLRA), y el exconcejal, exintendente y ahora nuevamente electo Óscar “Nenecho” Rodríguez.
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Sin embargo, nada de todo esto es nuevo. Valga como ejemplo que, según publicaciones de la época, en 2017 se constató que el incendiado Mercado de Abasto, cuyos 1.650 permisionarios registrados abonaban 12.000 millones de guaraníes al año, tenía de hecho más de 3.500, lo que implicaba una evasión anual de unos 36.000 millones de guaraníes. Un interesante “toco” para que autoridades municipales, contralores y fiscales miren a otro lado mientras distraídamente les dejaban algo en los bolsillos. De lo contrario no se explica tanto latrocinio sin que nadie mueva un dedo. Según las publicaciones, los “pasilleros” pagaban 25.000 guaraníes diarios a los inspectores internos, en tanto que lograr un espacio costaba un soborno de más de cien millones de guaraníes. En la ocasión, el mercado fue intervenido y su director Víctor “Oti” Sánchez renunció, pero, como decimos, el Ministerio Público no creyó necesario investigar los hechos punibles denunciados, de modo que hubo una impunidad total. Nunca más se habló de la monstruosa cantidad a todas luces desviada, y, como no hubo sanciones, probablemente el gran negocio continúa sin tropiezo alguno. Solo se habrán cambiado algunas piezas para el reparto.
Por eso, es de temer que la triste historia se repita ahora con el Mercado 4, y que quienes allí “concesionaron” espacios públicos, enriqueciéndose ilícitamente y fomentando una aglomeración que en casos de incendio puede tener trágicas consecuencias, no asuman las responsabilidades penales y civiles correspondientes. Siendo gravísimo lo que está ocurriendo, no bastaría con que Christian Bareiro, que protege a “permisionarios” irregulares ignorando una orden del Juzgado Municipal de Faltas, vaya de una vez a su casa y su Dirección sea intervenida: es preciso que actúe la Fiscalía, sin perjuicio de que la Contraloría realice una auditoría especial. Las arcas municipales, así como la integridad física y el patrimonio de las personas, no deben seguir expuestos a la voracidad de unos sinvergüenzas de tomo y lomo. Allí se delinque sin tapujos, así que los agentes fiscales no tendrían que hurgar mucho para encontrar la mugre.
Si disponen de bienes públicos como si fueran suyos es porque se sienten protegidos en la Junta Municipal, donde se estila una singular división del trabajo, que consiste en repartirse dependencias. Es hora de limpiar esa inmundicia, tanto en lo que hace a la administración como al espacio físico, y que el dinero recaudado se utilice en beneficio de los asuncenos y no vaya a engrosar dudosas fortunas.