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El árbol que da frutos... podridos

Este artículo tiene 4 años de antigüedad

Lo que parecía ser un juicio oral y público más que iría a determinar la comisión de hechos punibles de usura grave, denuncia falsa y lavado de dinero contra Ramón González Daher y su hijo Fernando González Karjallo, se transformó en la espeluznante confirmación de la utilización de la Fiscalía y el Poder Judicial como una mafia de aprietes ciudadanos: ellos eran los matones cobradores de los González Daher. Se ha terminado de derrumbar la represa del clan y todo el país ha quedado pasmado al conocer la real putrefacción de la Justicia paraguaya. “Que nunca más en este país ocurra un caso grave como esto...”, expresa parte de la sentencia.

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Lo que parecía ser un juicio oral y público más que iría a determinar la comisión de hechos punibles de usura grave, denuncia falsa y lavado de dinero contra Ramón González Daher y su hijo Fernando González Karjallo, se transformó en la espeluznante confirmación de la utilización de la Fiscalía y el Poder Judicial como una mafia de aprietes ciudadanos: ellos eran los matones cobradores de los González Daher. Se ha terminado de derrumbar la represa del clan y todo el país ha quedado pasmado al conocer la real putrefacción de la Justicia paraguaya.

Tras las escandalosas revelaciones, hay noticia criminis; podría asegurarse sin temor a equívocos que todos los órganos competentes de la República se han dado por enterados de la comisión de gravísimos hechos punibles contra el sistema judicial. La Corte Suprema de Justicia, el Ministerio Público a cargo de Sandra Quiñónez y el Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados (JEM) deben reaccionar con la urgencia que amerita: hay una auténtica organización criminal con tentáculos en la Justicia. Si así no lo hicieren, el pueblo tiene el derecho a considerarlos cómplices y encubridores.

“Los Tribunales no pueden cerrar los ojos ante la verdad real” dijo el viernes la presidenta del Tribunal, Claudia Criscioni, la jueza quien durante casi tres horas –y sin leer– construyó el relato donde colocó los ladrillos probatorios de un muro de hechos punibles denunciados. Acompañada de las magistradas Yolanda Portillo y Yolanda Morel, Criscioni dejó caer como una filosa daga los hechos que confirman la comisión de los delitos denunciados detallada y fundamentadamente por el fiscal Osmar Legal y su equipo.

El escándalo medular de este juicio oral y público no fue la sentencia condenatoria de 15 años de prisión por usura grave, lavado de dinero y declaración falsa recibida por Ramón González Daher, otrora poderoso hombre del fútbol paraguayo. Tampoco llamó demasiado la atención los cinco años de cárcel que recibirá su hijo Fernando González Karjallo, quien movía las finanzas y bienes provenientes de los ilícitos de su padre. Ni siquiera sorprendió demasiado la cifra descomunal que será comisada porque ya se manejaban los montos: ¡más de 11.700.000 dólares y otros 240.554.000.000 de guaraníes!

Lo que dejó estupefacto al país fue cuando el Tribunal confirmó que la gavilla usó denuncias falsas para llevar –ilícitamente– 156 casos ante la justicia penal con ayuda de fiscales del Ministerio Público. Según las juezas, muchos de los ciudadanos terminaron imputados, con órdenes de captura libradas por Fiscalía. Establecieron que en algunos casos se firmaban acuerdos de reparación de daños que presentaban los mismos acusados ante la Fiscalía y, cuando no había reparación, González Daher los llevaba a juicio oral y público. El modus operandi era desvergonzado: eran obligados a pagar la totalidad del dinero que respaldaban con cheques que a veces tenían fecha diferida y otras iban en blanco. El clan depositaba los cheques en sus cuentas, los bancos declaraban sin fondos, y la gavilla entonces exigía no solo el pago del dinero de la deuda –en parte o en totalidad– sino además exigía volver a cobrar el monto de los cheques rebotados.

Las juezas pudieron certificar que el dinero de las 156 causas que indebidamente llegaron hasta la justicia penal fue depositado en las cuentas de Ramón González Daher. Según el cruzamiento de datos, el dinero ingresó en los mismos períodos en los cuales hacían los aprietes judiciales con ayuda de fiscales.

Lo más insólito es que los González Daher declaraban que toda esa monumental fortuna que manejaban era en concepto de alquileres, o ¡pagos recibidos de la Asociación Paraguaya de Fútbol (APF)! Y según el Tribunal, los bancos del sistema financiero se lo creían y además toleraban el dinero sucio que engrosaba las cuentas tras disfrazar su procedencia.

Demoledor fue el momento en el cual el tribunal dictó la sentencia más temible: Usaron el sistema de justicia para cobrar un dinero que en realidad ni siquiera les correspondía. Certificaron que en los pocos casos en los que hubo absolución, se apeló. Y que cuando no había acuerdo, se urgía acusación y se pedía privar de la libertad a las víctimas. Actuaron como verdaderas aves de rapiña.

“Que nunca más en este país ocurra un caso grave como esto. Hubo 156 casos penales donde se usó la ley penal para privar de su libertad a la gente”, dijeron las juezas antes de anunciar que tomaron decisiones con relación a los funcionarios que intervinieron en estos procesos. “En nombre de este Tribunal pedimos disculpas por lo que la justicia les hizo, esperamos que esto les pueda servir por lo menos para limpiar el honor y la reputación”, dijo Criscioni antes de pedir al Ministerio Público que, en uso de sus atribuciones constitucionales, investigue cómo fue que ocurrieron los escandalosos e ilegales episodios. Veremos si el mensaje fue escuchado por Sandra Quiñónez.

Este festival monumental de lavado de dinero, usura grave y denuncia falsa por el que fueron condenados Ramón González Daher y su hijo Fernando González Karjallo se articuló con precisión de bisturí e ingenio delictivo lubricado con el tráfico de influencias; juntos, los tres ingredientes, parieron una de las más grandes organizaciones criminales dominada por un clan familiar todopoderoso que fue aupado –en casi todo su devenir– por algunos personeros de la ANR.

Ni el acero del más afilado bisturí podría haber bajado una guillotina más mortal sobre el sistema judicial que las enunciaciones del Tribunal. Por el momento, esta historia tiene aún capítulos sin develarse, con mafias que permanecen invisibles e impunes. La justicia debe investigar y poner nombres a todos los secuaces que tuvo esta gavilla en la Subsecretaría de Estado de Tributación (SET), en la Secretaría de Prevención de Lavado de Dinero (Seprelad), en el Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados (JEM), en la Corte Suprema de Justicia, en el Ministerio Público y, por supuesto, en el sistema financiero. Hubo una descomunal y estrepitosa falla (¿?) que nunca detectó al gigantesco lavarropas que lavaba el dinero malhabido del imperio de los árboles que daban frutos... bien podridos.

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