En el año 2013 fue aprobado por el Congreso el contrato de préstamo suscrito por el Gobierno de Fernando Lugo para desarrollar el “Programa de reconversión del centro, modernización del transporte público metropolitano y oficinas del Gobierno” por un total de US$ 144 millones. De ese total, correspondieron al Banco Interamericano de Desarrollo (BID) US$ 125 millones; US$ 19 millones a la Organización de Países Exportadores de Petróleo y US$ 16 millones en concepto de contrapartida local. Del total del empréstito, US$ 22,1 millones debían destinarse para la “reconversión urbana”, correspondiendo como asignación para la construcción de las oficinas del Gobierno la suma de US$ 13,6 millones. El resto, US$ 121,9 millones estaba destinado a la financiación del fallido Proyecto Metrobús.
En el inicio, nadie imaginó que esto que parecía ser un acertado proyecto del primer Gobierno de alternancia política en más de medio siglo de hegemonía colorada se convertiría en una histórica estafa intelectual al Pueblo paraguayo y en una colosal estafa económica al Estado, deviniendo una piñata de la que se aprovecharon concusionarios empotrados en los altos cargos de los gobiernos de turno y empresarios acostumbrados a medrar a costa de la “Patria Contratista” en que se ha convertido últimamente el Paraguay.
No dejó de ser una ominosa señal premonitoria que pese a que el Congreso aún no había aprobado el convenio de préstamo con el BID, el entonces ministro de Obras Públicas y Comunicaciones, Efraín Alegre, consiguió que el cuestionado representante del banco en nuestro país en la época, Eduardo Almeida, pusiera ilegalmente a su libre disposición unos US$ 7 millones, supuestamente para obras de emergencia previstas dentro del plan de “reconversión urbana” en un barrio adyacente al antiguo puerto de la Capital.
Al asumir el Gobierno el expresidente Horacio Cartes, su ministro de Obras Públicas y Comunicaciones, Ramón Jiménez Gaona, se apresuró a dar la orden de inicio de los trabajos del Proyecto Metrobús que, como tal, era un mero anteproyecto indicativo, sin siquiera saberse si iría a ser servido por unidades de transporte eléctrico o simples buses movidos a diésel, como en el final quedó establecido para desencanto de la ciudadanía. Lo grave del caso es que tanto la prensa como varios técnicos advirtieron sobre la inviabilidad del proyecto por varios motivos, pese a lo cual fue llevado adelante a tambor batiente, impulsado seguramente por la perspectiva del suculento banquete que se perfilaba con el millonario préstamo puesto a disposición del Gobierno y de las empresas contratistas.
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La obra fue adjudicada a la portuguesa Mota Engil en febrero del 2016 (G. 300.417 millones); costo prestamente incrementado en un 35% a través de una adenda, con lo que dicha suma se elevó a G. 403.900 millones (US$ 72,7 millones).
El desarrollo de la gran estafa es conocido. No solo por el perjuicio para el Estado que tiene que pagar el préstamo, sino más dramáticamente por las pérdidas económicas y las penurias que sufrieron los frentistas, así como los peatones y automovilistas que se vieron obligados a transitar por atajos mal acondicionados, arriesgando su integridad física y sobrellevando quebrantos inmerecidos debido a la desprolijidad de los trabajos de construcción ejecutados por la contratista, la que al final se alzó con US$ 30 millones, al tiempo de rescindírsele el contrato. Irónicamente, hoy no quedan rastros de tales trabajos (el ministro Arnoldo Wiens se encargó de hacerlos desaparecer por intermedio de la misma empresa que los mal ejecutó, pagándole por ello, obviamente). No contenta con la gran chambonada en perjuicio del Estado, Mota Engil todavía reclama US$ 25 millones en instancias de arbitraje internacional.
Pero no solo el exministro de Obras Públicas Efraín Alegre y Mota Engil aparecen como responsables de la gran piñata en que finalmente se ha convertido el proyecto multipropósito planificado por el gobierno de Fernando Lugo, implementado por el de Horacio Cartes y aupado por el actual de Mario Abdo Benítez, últimamente para sacar provecho como sea de la plata que aún resta del malhadado crédito.
La empresa aseguradora de riesgos Royal Seguros hasta ahora se niega a pagar los G. 40.390 millones al MOPC en concepto de póliza de fiel cumplimiento del contrato suscrito por Mota Engil, valiéndose de chicanas jurídicas. Por otra parte, la cartera de Estado no rescindió aún el contrato suscrito con el consorcio DC-Stiler, adjudicado en el 2018 para ejecutar el tramo 1 del fracasado Proyecto Metrobús. Obviamente, el MOPC no puede recuperar los US$ 3 millones otorgados al mismo en concepto de “anticipo” contractual. Son así varios los pescadores de río revuelto que se aprovechan de la piñata para sacar alguna tajada. En total, el metrobús como tal (sin considerar los demás componentes) significó más de US$ 50 millones en erogaciones alegres entre contratistas, “estudios” previos, consultorías y hasta “fiscalización”, sin que hoy exista un centímetro de la obra.
Para completar la descarada arrebatiña por los millones de dólares que restan del festín en el que Mota Engil –y en alguna medida su subcontratada de la hora prima, Ocho A, del ingeniero Luis Pettengill– se llevó la parte del león, resulta ahora que el ministro Arnoldo Wiens ha requerido la aprobación del Ministerio de Hacienda para utilizar unos US$ 34 millones remanentes del préstamo destinado al fallido proyecto. Será para completar las obras de las oficinas del Gobierno construidas en la zona del puerto de Asunción y para amoblarlas.
Con esta arremetida final de los depredadores del crédito destinado inicialmente al metrobús se completará la más grande estafa contra el fisco y la buena fe del sacrificado Juan Pueblo.
Ante el hartazgo de la ciudadanía de la corrupción y de su caldo de cultivo, la impunidad, el Paraguay necesita desesperadamente una sobria y desapasionada mirada a este calamitoso estado de cosas prevalecientes en nuestro país. Realmente, el Estado de Derecho ha colapsado. Por tanto, el único camino que le resta a la gente de bien es hacer sentir al Gobierno su indignación mediante firmes y sostenidas manifestaciones en las calles, en pacífica demostración de protesta ciudadana.