Senado debe rechazar peligroso proyecto sobre la Caja Fiscal

El senador Martín Arévalo (ANR, cartista) es el autor del proyecto de ley que busca equiparar los haberes de los jubilados de la función pública con el salario de los funcionarios activos, que figura en el orden del día de la Cámara Alta para su tratamiento en el día de hoy.

En 2022, el Ministerio de Hacienda se verá forzado a destinar unos 224 millones de dólares a la cobertura del crónico déficit de la Caja Fiscal, que en los últimos seis años ya ha superado los 680 millones. Tal como están las cosas, el próximo lustro llegaría a nada menos que 3.000 millones, suma que triplica la recaudación anual del impuesto al valor agregado (IVA) y motivo más que suficiente para impulsar de una vez por todas una reforma integral del sistema de jubilaciones del sector público, en especial el de los militares, policías y docentes, para no seguir recurriendo a los ingresos tributarios y a los excedentes de las cajas superavitarias. Como está disminuyendo la relación de cuatro aportantes por cada jubilado, el problema financiero se irá agudizando a medida que se reduzca la base de la pirámide.

Según el Ministerio de Hacienda, en las condiciones actuales, los superávits acumulados se agotarán en 2026, obligando a cubrir el déficit solo con recursos del Tesoro Nacional: si se hicieran cambios, como el ahora propuesto, las reservas se agotarían con mayor rapidez. Pese a ello, y como si la situación ya no fuera lo bastante crítica como para buscar una pronta solución de fondo, hay legisladores que buscan agravarla a impulsos del consabido populismo, que no reparan en gastos para satisfacer intereses sectoriales a costa de todos.

La insensata iniciativa prevé que para concretarla, el Estado debe hacer un aporte que supondría unos 220 millones de dólares anuales; sumado al actual, implicaría un costo de alrededor de 422 millones de dólares, solo en el primer año de implementación y en el marco de un alarmante déficit fiscal del 9%, así como de un creciente endeudamiento. En vez de sanear la Caja Fiscal, cuyos ingresos del año pasado fueron inferiores a ese monto, se pretende cubrir el agujero ampliado por la equiparación en favor de unos 68.500 jubilados, mediante la irresponsabilidad de un mayor gasto público a expensas del interés general de atender la sanidad y la educación, entre otras cosas.

Como es obvio, se plantea la pregunta del financiamiento del desembolso adicional, imprevisto en la malhadada propuesta. El presidente de la Unión Nacional de Extrabajadores de Itaipú Binacional Margen Derecha, Milciades Areco, sostuvo hace poco que para concretar otra descabellada “compensación”, exigida para ellos, solo era “cuestión de poner unos puntitos más en el precio de la energía y listo”. Puede que en este caso el senador Arévalo o alguno de los futuros beneficiarios sugiera también, más temprano que tarde, “poner unos puntitos más” a alguna tasa impositiva o hasta emitir bonos, dado que es muy improbable que se eliminen en verdad los gastos superfluos o se reduzcan los “servicios personales” en la administración pública. Dado que sería inaceptable que los enfermos y los educandos sean peor atendidos con un aumento de la carga tributaria o que el endeudamiento crezca aún más, lo que corresponde es tomar medidas de fondo, como la de aumentar los años de aportes, para atacar la acuciante insostenibilidad de la Caja Fiscal. No se trata de poner parches ni, mucho menos, de abrir un agujero para tapar otro en parte, sin tan siquiera prever las fuentes de financiamiento.

Aparte de instar al rechazo de toda iniciativa que agrave la crítica situación del fisco, la Federación de la Producción, la Industria y el Comercio (Feprinco) hizo un llamado para “establecer condiciones de sostenibilidad del sistema, sin que esto perjudique a los millones de paraguayos que esperan habitar en un país más justo y sin privilegios para pocos, a costa de todos”. Por su lado, el ministro de Hacienda, Óscar Llamosas, adelantó que propondrá el veto del proyecto si también fuera aprobado por la Cámara de Diputados, siendo de esperar que, en este probable caso, el Poder Ejecutivo acoja la sugerencia: es lo que se impone para que el engañabobos del electoralismo, al que son tan proclives muchos legisladores, no vuelva a primar sobre el bien común.

La cordura exige frustrar el atraco en ciernes, que no contribuirá al saneamiento financiero de la Caja Fiscal, sino más bien a acentuar el saldo en rojo: los haberes jubilatorios ya están amenazados por el déficit y lo estarían aún más, a corto plazo, si este regalo envenenado fuera aceptado en tan mala hora. La desatinada iniciativa supondrá una carga adicional para los contribuyentes, incluidos los supuestos beneficiarios, que solo habrá de apresurar el colapso de la Caja Fiscal. Que los jubilados recurran al buen sentido para no dejarse embaucar por quienes invocan la “sensibilidad social” con el fin de ganarse sus simpatías, sin atender la sustentabilidad del sistema ni el estado de las finanzas públicas.

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