En 2013, el Congreso aprobó un empréstito del Banco Interamericano de Desarrollo (BID) para la construcción de un metrobús que, por decisión posterior, sería movido a combustible en un país con dos hidroeléctricas generadoras de energía. El desgraciado proyecto, que tuvo un sobrecosto del 34%, terminó siendo un rotundo fracaso y uno de los mayores casos de corrupción de las últimas décadas, sin que hasta hoy nadie haya sido declarado penal y civilmente responsable de los gravísimos daños causados al erario y a cientos de comerciantes fernandinos y sanlorenzanos de la ruta Mariscal Estigarribia. El Estado perdió los 30 millones de dólares abonados a la firma portuguesa Mota-Engil, suma a la que podrían agregarse los 35 millones de dólares reclamados por ella ante una instancia arbitral, luego de que el Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones (MOPC) rescindiera el lesivo contrato en 2020, habiendo sido ejecutado solo en un 30%. Los frentistas tuvieron que abandonar sus negocios, afectados por las obras civiles, sin que hasta la fecha hayan sido indemnizados, como corresponde en derecho.
Hace tres años, tanto una Comisión Bicameral de Investigación como la Contraloría General de la República (CGR) formularon serias objeciones al ruinoso proyecto: esta última señaló, entre otras cosas, que el MOPC pagó 29 millones de dólares por obras que violaban las especificaciones técnicas. Ya el 28 de mayo de 2018, el Ing. Hermann Pankow había denunciado por lesión de confianza, entre otros delitos, al ministro competente Ramón Jiménez Gaona, a la viceministra de Finanzas Marta Benítez, al gerente del proyecto Guillermo Alcaraz, al jefe de Gabinete ministerial Esteban Sarubbi y al representante del Banco Interamericano de Desarrollo, Eduardo Almeida. Hasta muy poco antes de que concluyera la vergonzosa gestión de la fiscala general del Estado Sandra Quiñónez, la denuncia pertinente fue ignorada hasta el punto de que la sanción penal podía haberse extinguido el próximo mes, si no fuera porque, en febrero, la agente fiscal María Estefanía González tomó declaraciones indagatorias de los denunciados, interrumpiéndose así el plazo de la prescripción.
Es un tibio consuelo para el sentido de justicia que finalmente hayan sido imputados al menos Ramón Jiménez Gaona, Marta Benítez y Guillermo Alcaraz, por el hecho punible de lesión de confianza y sin perjuicio de que se agreguen otras conductas penales. Entre las ilicitudes referidas, el exministro habría permitido el inicio de las obras en 2017, sin haberse liberado la franja de dominio ni existir un diseño final de ingeniería, “el único documento válido para construir”, llegándose a pagar a la contratista por obras inútiles que ignoraban las especificaciones contractuales; al exgerente del proyecto se le atribuyen hechos similares, en tanto que a la exviceministra de Finanzas se le imputa haber autorizado un considerable sobrecosto, no previsto en el contrato.
Se espera que el Ministerio Público sea mucho más diligente que otrora, entregando las pruebas incriminatorias en tiempo y forma; por de pronto, dispondría de no menos de doce “elementos de sospecha”, estando pendientes una pericia de obras y otra contable, así como testimonios de auditores de la CGR, entre otras diligencias que demandarían seis meses para el requerimiento conclusivo contra cada imputado. Pasaron casi cinco años desde la presentación de la denuncia, pero el Ministerio Público necesita aún más tiempo, lo que induce a preguntarse por qué nadie se había ocupado de ella: quizá el nuevo fiscal general del Estado, Emiliano Rolón, ya sepa lo que la opinión pública puede suponer, fundada en el historial y en las afinidades de su antecesora.
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La agente fiscal María Estefanía González se limitó a pedir al Juzgado Penal de Garantías –que ya admitió la imputación– que aplique medidas alternativas a la prisión e inhiba a los imputados vender y gravar bienes, para “resguardar la recuperación del menoscabo ocasionado al Estado a través de una comisión especial”. También deben ser resarcidos los comerciantes frentistas que se vieron forzados a cerrar sus puertas desde el inicio de los trabajos chapuceros hasta la reanudación del tráfico vehicular; si fueran condenados, la responsabilidad civil recaería sobre Ramón Jiménez Gaona, Marta Benítez y Guillermo Alcaraz, ya que los funcionarios son personalmente responsables por los delitos que cometan en el ejercicio del cargo, sin perjuicio de la responsabilidad subsidiaria del Estado; si fueran absueltos, este debería indemnizar a los damnificados, por mandato constitucional. En todo caso, esas víctimas directas de la colosal “estafa encubierta”, como la calificó este diario desde un principio, no deben ser olvidadas por el próximo Gobierno; en octubre de 2018, el procurador general de la República, Sergio Coscia, anunció que los frentistas afectados serían resarcidos “en la brevedad posible”, tras haberlo consentido el BID: en realidad, recibieron una suerte de pequeño subsidio que no alcanzó a todos los perjudicados.
Los culpables del fraude tienen que ser sancionados y reparar el daño que causaron al erario y a los comerciantes. Ya pasó un lustro sin que se haga justicia, siendo previsible que se tarde aún más para que ello ocurra, debido a las habituales “chicanas” de los procesados y a la consabida morosidad judicial. Con todo, se espera ahora que el “nuevo” Ministerio Público vaya dando señales claras de que allí han terminado la tolerancia y hasta la complicidad con la corrupción: este podría ser un primer mensaje en tal sentido, razón por la que el fiscal general del Estado, Emiliano Rolón, debería acompañarlo de cerca.