El 1 de agosto, una banda de la que formaría parte un agente policial ultimó en Escobar a un ciudadano suizo en el curso de un presunto atraco; tres días después, uno de sus integrantes, el oficial inspector de la Policía Nacional (PN) Carmelo Benítez resultó muerto al asaltar una vivienda en Mbuyapey. El 18 de agosto, la agente de Interpol Carla Velázquez, condenada por estafa, apropiación, lesión de confianza y producción de documentos no auténticos, se atrincheró en su casa asuncena para no ir a la cárcel. Ese mismo día, cinco miembros del Grupo Operativo 1 de Investigaciones de la capital, actuando en Luque como si pertenecieran a la Secretaría Nacional Antidrogas (Senad), privaron ilegalmente de su libertad a un comerciante, por motivos aún ignorados, aunque se habla de la desaparición de 30 kilos de cocaína; están detenidos e imputados por el Ministerio Público, en tanto que su jefe directo, el comisario Hugo Díaz, fue apartado del cargo; el caso está en manos del Departamento de Asuntos Internos de la PN.
Estas son solo algunas de las últimas noticias, compiladas solo en este mes, sobre las frecuentes y variadas actividades criminales de quienes, entre otras cosas, deben prevenir los delitos, ejecutar los mandatos de la autoridad competente e investigar los hechos punibles, bajo dirección judicial. Si de precaver los crímenes se trata, la PN debería empezar por impedir que sean cometidos por sus propios miembros, es decir, por depurarse a sí misma y acentuar el control interno. No lo han entendido así los comandantes que se han sucedido en las últimas décadas; por eso mismo, es plausible que el nuevo jefe, el comisario general Carlos Humberto Benítez, haya dicho que la corrupción reinante en la PN es una de las cuestiones en las que la pervertida institución debe “dar mejores respuestas”.
El flamante jerarca anunció que se dará “mayor énfasis” al funcionamiento de la Dirección de Asuntos Internos, elevándolo a la categoría de Dirección General; esta jerarquización administrativa permitiría que hasta los comisarios generales sean investigados, lo que significa que los más altos oficiales han estado exentos de la vigilancia de esa dependencia, quizá porque no pueden estar bajo la lupa de uno de rango inferior. En otros términos, los jerarcas pueden delinquir a sus anchas, sin que los subordinados los investiguen; las cosas cambiarían, pues, si al frente de Asuntos Internos estuviera un comisario general, pero el problema es que también este podría estar contaminado: nada puede estar seguro, mientras la pregunta de quién controla a los controladores no sea bien respondida.
El comandante Benítez insistió en que se quiere “operar de manera fuerte sobre la corrupción interna”, que perjudicaría no solo a la institución como tal, sino también –“enormemente”– el trabajo de prevención y seguridad. Desde luego, la imagen de la PN está muy deteriorada, hasta el punto de que la palabra “polibandi” es de uso general, como si la población ya estuviera habituada a las actuaciones de malhechores uniformados, que chantajean, secuestran a turistas, asesinan por encargo, “blanquean” vehículos, estafan o se llevan cocaína, entre otras fechorías. Se entiende que el orden público resulte muy afectado si quienes deben precautelarlo cooperan con delincuentes comunes o hasta con el crimen organizado, que tendría sus ojos y oídos en diversos niveles de la PN. En 2015, el exministro de la Senad Luis Rojas declaró que siete de cada diez de sus agentes “apestaban a corrupción”; es probable que también un alto porcentaje de los de la PN huela muy mal en estos tiempos en los que la mafia se ha introducido por doquier, de modo que la indispensable depuración interna debe ser permanente.
En lo que va del año, 25 agentes policiales fueron apartados por consumir drogas ilícitas; está bien que así sea, pues no deberían haberse hecho clientes de los narcotraficantes a ser combatidos, pero también es necesario que los no adictos sean detectados por Asuntos Internos y denunciados ante el Ministerio Público, cualquiera sea su categoría. Asociarse con “peajeros” o motoasaltantes es uno de los modos de complementar el salario policial; otro es el de hacer las veces de un guardia de seguridad privada, por orden del jefe de la comisaría; el comandante Benítez aseguró que se trata de uno de los puntos que irá estudiando “fuertemente” y dejando “sin efecto”: el fenómeno ya es de sobra conocido, así que no hace falta que lo estudie tanto, sino que desde ya, ponga manos a la obra.
En efecto, se espera que cumpla con la palabra empeñada ante la ciudadanía y que, por ende, se esfuerce en verdad por limpiar la tan desprestigiada institución a su cargo, con la inteligencia y el coraje que el desafío supone. Si así lo hace, habrá prestado un gran servicio a una sociedad que necesita, más que nunca, confiar en la PN que mantiene con sus impuestos para que la proteja y no para que amenace la vida, la libertad o los bienes de las personas.