Poco antes de asumir, ya después de todo el proceso de verificación realizado durante el período de transición, en el que se supone hay tiempo suficiente y acceso a información de primera mano para llegar a las cifras correctas, el ministro de Economía, Carlos Fernández Valdovinos, declaró que la deuda vencida a contratistas de obras públicas, del área de salud y otras, como transporte, ascendía a 500 millones de dólares en total. Pero ahora solo los farmacéuticos dicen que se les deben 428 millones de dólares, aparte de los 291 millones que aseguran les debe el Instituto de Previsión Social; los constructores afirman que se les deben 400 millones de dólares, más 80 millones de intereses, y los transportistas se quejan de un atraso de más de 12 millones de dólares por el subsidio al pasaje, entre otros.
Con el invocado fin de ponerse al día y sincerar la contabilidad pública, que según Fernández fue maquillada para esconder bajo la alfombra estos pasivos y acomodarse artificialmente al límite del déficit fiscal, el Gobierno utilizó la “aplanadora” e hizo aprobar una polémica ley extraordinaria de muy dudosa constitucionalidad que le autoriza a emitir bonos por 600 millones de dólares, para lo cual la misma ley eleva dicho tope del déficit al 4,1% del PIB para el ejercicio, casi el doble del previsto.
Si hay que atenerse a los números que están saliendo a luz, la ley no servirá ni para una cosa ni para la otra. Ni alcanzará para cancelar los vencimientos, que se sumarán a las nuevas certificaciones y ejecuciones, con lo que continuarán el eterno “bicicleteo”, el desorden administrativo y el agujero negro del gasto público, ni se sanearán las finanzas estatales para tener un panorama claro de algo tan básico como el debe y el haber del Estado paraguayo. En estas condiciones, la ley ya sancionada y próxima a promulgarse no cumplirá los objetivos previstos, más que otorgarle al Poder Ejecutivo facultades extraordinarias no contempladas en la Constitución.
Por un lado, es inaceptable que el Gobierno no sepa exactamente –o, si lo sabe, que lo oculte o lo disimule– cuánto debe, a quién y en qué concepto, con las fiscalizaciones correspondientes caso por caso. Si las diferencias fueran relativamente pequeñas se podrían atribuir a discrepancias normales, pero si uno dice que debe 500 millones y los otros que les debe 1.000 millones, evidentemente algo muy grave está ocurriendo.
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Por el otro lado, si los montos mencionados son los reales, entonces el descalabro del sector público es mucho mayor del que se admite. Mínimamente, si el nuevo endeudamiento autorizado por la ley especial para pagar a proveedores hizo crecer el déficit en dos puntos del PIB, y si la deuda verdadera es el doble de la consignada, significa que el saldo rojo del fisco está en el mismo nivel que el del peor año de la pandemia.
Cómo se han acumulado estas deudas vencidas es también un punto de gran relevancia que se tiene que aclarar. En gran medida se explica por la altísima incidencia de gastos rígidos corrientes en los inflados presupuestos aprobados, lo que limita la ejecución de las inversiones de capital. Pero es norma elemental de administración que no se pueden comprometer gastos sin fuente asegurada de financiamiento. Esas obras y esas adquisiciones tuvieron que estar presupuestadas, pero si el plan financiero del Gobierno indicaba que no contarían con los recursos, entonces se tuvo que haber actuado en consecuencia. De lo contrario, es literalmente gastar lo que no se tiene, que es exactamente lo que ha ocurrido, con sus serias consecuencias a la vista.
En el campo de la salud, se sigue usando la pandemia como excusa para justificar buena parte de los atrasos por provisión de medicamentos, insumos, equipos médicos y servicios afines. Lo que se olvida mencionar es que en esa época se aprobaron dos leyes de emergencia fuertemente fondeadas, con amplias discrecionalidades, para hacer frente a la crisis sanitaria. Supuestamente la prioridad era justamente atender las necesidades de salud en primer lugar, ¿dónde se fue la plata?
En cuanto al IPS, en noviembre del año pasado se aprobó una cuestionada ley que le faculta a contraer préstamos para cubrir deudas vencidas con proveedores del Fondo de Salud. En aquel momento se indicó que los atrasos eran de 240 millones de dólares, pero resulta que ahora, según los gremios del sector, solamente por medicamentos e insumos médicos suman 291 millones de dólares. O sea que, en vez de disminuir, la deuda vencida creció, ¿cómo puede ser?
El Gobierno les está pasando una exorbitante cuenta a la ciudadanía y a los contribuyentes. No puede ser a ciegas. Primero tiene que informar con nombre y apellido a quién se le debe, cuánto, por qué, con el máximo detalle. Antes de abonar en un restaurante, las personas por lo general verifican si está todo en orden y si les están cobrando lo que corresponde. Si eso es así por algunos cientos de miles de guaraníes, con mucha mayor razón cuando son cientos de millones de dólares.